«Dime de qué te jactas y te diré de qué careces«. El conocido refrán, referido a los individuos que se atribuyen una virtud y presumen a cada instante de ella, pero -también con excesiva frecuencia – terminan contradiciéndose al hacer lo inverso de lo que pregonan, es -asimismo – un adagio que muestra lo que suelen ser los discursos anticorrupción y los pactos por la transparencia en todo el país: un mero saludo a la bandera.
Si acaso, sirven para copar las agendas oficiales los 18 de agosto y 9 de diciembre de cada año: las fechas en las cuales celebran los colombianos el Día de la Lucha contra la Corrupción.
Pero la Secretaría de la Transparencia de la Presidencia de la República está dispuesta a incidir en que los funcionarios de todos los niveles pasen de las palabras a la acción.
Al menos así se infiere al leer los 91 artículos que contiene el Proyecto de Ley ‘Por medio del cual se adoptan medidas en materia de transparencia, prevención y lucha contra la corrupción y otras disposiciones‘ que a partir de hoy -jueves 18 de marzo – comenzará su tránsito por el Congreso, el cual busca hacer transparente -en la práctica y no en abstracto – la contratación estatal; imponer responsabilidades fiscales y administrativas a las personas jurídicas cuando sus operadores hayan sido condenados por delitos de corrupción; y garantizar la protección de los denunciantes de hechos irregulares, entre otros propósitos.
En 12 capítulos y -como ya se dijo – 91 artículos, 25 entidades estatales reunidas en la Comisión Nacional de Moralización agruparon una serie de iniciativas que por distintas circunstancias fueron archivadas en anteriores periodos legislativos, la mayoría de las cuales surgieron de la Consulta Anticorrupción realizada en el año 2018, por la cual votaron favorablemente más de 18 millones y medio de colombianos.
De igual forma, contempla un sinnúmero de recomendaciones hechas por expertos, las cuales tienen como principal propósito que Colombia avance en la construcción de una sociedad más justa, equitativa y productiva.
Entre los distintos puntos de la iniciativa se destaca el desarrollo de un Observatorio Anticorrupción, adscrito a la Secretaría de Transparencia, con el cual se busca facilitar los sistemas de intercambio y acceso a la información.
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