Por Agustín Leal Jerez *
Habíamos dicho en una columna anterior que el alcalde William Dau iba a quemar, uno a uno, a los miembros de su gabinete distrital (leer ‘El cenicero del alcalde Dau‘); y en otra, que a los profesionales cartageneros los veía como mediocres o bandidos (leer ‘¿Mediocres o bandidos?‘).
Para desgracia de la ciudad y de quienes, con buen deseo de servirle a Cartagena, han aceptado cargos en esta administración, esta profecía se ha ido cumpliendo. En su mayoría, los funcionarios han sido despachados por la puerta trasera del Palacio de la Aduana; y los que quedan fungen de corifeos de una persona que cada día desafía más el Derecho, las instituciones colombianas y a la misma sociedad cartagenera.
Un audio publicado en varios medios y que circula en las redes sociales, en donde el alcalde amenaza con destitución del cargo al exgerente de Edurbe, señor Uriel de Arco Paternina, si no renunciaba, además de ser un acto indignante, un insulto a un profesional que ha dado muestras de capacidad y de conocer en detalle la problemática de la empresa que dirigía, podría bordear conductas penales y disciplinarias, no propias de un servidor público. Sin contar con el posible grave detrimento económico que significaría para el Distrito si el perjudicado decide demandar.
Es normal que en una administración se presione para la consecución de objetivos y metas y, más aún, que protocolariamente se soliciten renuncias cuando se considere que algún o algunos funcionarios no cumplen con sus deberes funcionales, o no compatibilicen con la visión o estilo del gobernante de turno; pero cosa distinta es que, de forma sutil o directa, se presione para que un funcionario haga algo contrario a sus deberes oficiales.
En nuestro artículo anterior analizamos el contrato de la Concesión Vial del Corredor de Acceso Rápido, VAL – 008688804-1998, y después de cotejar el Auto 0020 de enero 8 de 2021, proferido por la Contraloría General de la Republica -CGR, el informe de supervisión EDU-ESP-114-2021, suscrito por el infortunado renunciado exgerente de Edurbe, y los elementos esenciales de la propuesta del concesionario y el contrato mismo, llegamos a la conclusión de que las controversias suscitadas con relación al plazo de terminación del contrato y su valor económico parten de artificios y filigranas contractuales urdidas por el contratista y pactadas y toleradas por el Distrito desde el año de 1998, incluidos los 14 meses que lleva la actual Administración (leer ‘Concesión Vial del Corredor de Carga: un artificio contractual‘).
Edurbe, como un simple ente supervisor, para lo único que está facultado por la ley es para hacer un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, para el cabal cumplimiento del objeto del contrato. Por ello, su informe, no podría ir más allá de mirar los deberes, obligaciones y contraprestaciones del concesionario, a luz de lo pactado en su propuesta, pliego de condiciones y contrato. Todos los supuestos abusos y posibles indelicadezas financieras en que estaría incurriendo el contratista están amparados en su propuesta, el contrato y los 21 otrosíes suscritos.
Así, de esta forma, no es al supervisor o interventor de la concesión a quien le corresponde controvertir lo pactado, de buena o de mala fe en el contrato, sino a su juez natural. Hacer cosa distinta es ofender los deberes funcionales. Mas, sin embargo, en aras de preservar la moral administrativa, que es otro deber del supervisor, evidenció importantes hallazgos en su contratación y ejecución, que bien podrían prosperar en un Tribunal de Arbitramento, o perseguirse a través de otras jurisdicciones.
La administración distrital está en el deber y en mora de verificar lo desvelado en ese informe, como lo hemos expresado y como autoriza la ley, a través de la contratación de expertos que desnuden las posibles trampas del contrato.
Insistimos en las experticias técnicas antes de iniciar cualquier acción judicial, porque durante el gobierno de Judith Pinedo, según Érica Martínez, exjefa jurídica del Distrito, se adelantó una acción popular con estos mismos fines y la administración fue derrotada. Ir a ciegas a cualquier arbitramento o medio de control judicial podría acarrear graves sorpresas y consecuencias para el Distrito.
Entendemos lo que significa este informe de supervisión para la salud legal del alcalde después del caos y la alteración del orden público que produjo su conducta con respecto al cobro de peajes urbanos en el Distrito, pero el gerente de Edurbe, sea a quien sea el que se designe, no podrá ir más allá de lo que hemos expresado, so pena de comprometer su conducta como servidor público.
Pero extraña mucho más que el ‘Veedor de Veedores’ no haya sabido, desde antes de posesionarse o durante el proceso de empalme con la pasada administración, lo que era una comidilla en la ciudad: que algo andaba mal en el contrato de concesión de los peajes, y se haya cruzado de brazos hasta cuando la CGR dio la voz de alarma; para luego enrostrarle su propia negligencia a un profesional honesto y capaz, perjudicando, de contera, su reputación y hoja de vida.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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