
Antes de ayer, jueves 25 de febrero, la mayoría de los medios de comunicación locales informaron profusamente que el alcalde William Dau Chamat y los representantes de la Concesión Vial de Cartagena y del gremio de los camioneros, durante una extensa reunión convocada por la Defensoría del Pueblo, habían acordado que los camiones de carga, así como los vehículos de las demás categorías, no pagaran durante 60 días en los peajes de Manga y Ceballos mientras se seguía buscando una solución de fondo al problema (leer ‘«Se llegó a un acuerdo», pero este «no tiene nada que ver con la parte jurídica»: Dau‘).
Lo que no se informó, porque ningún funcionario lo dijo a pesar de su importancia y pertinencia, es que la noche inmediatamente anterior: exactamente a las 8:22 p.m. (según se constata en el Sistema de Información y Gestión para la Gobernabilidad –Sigob), a los correos institucionales de la Alcaldía, entre ellos el de la Oficina Asesora Jurídica y el del Despacho del Alcalde, había llegado un oficio remitido por la Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar –Edurbe.
En el remitido de 40 folios, al cual tuvo acceso Revista Metro, la entidad que supervisa jurídica, técnica y financieramente el contrato de concesión del llamado Corredor de Acceso Rápido a Mamonal advierte que, teniendo en cuenta lo establecido en el contrato original, en los otrosíes suscritos y en los informes presentados tanto por el funcionario de Edurbe competente como por Fiduagraria, a corte 20 de octubre de 2020 la TIR era aún del 16.86% (leer ‘De acuerdo con cálculos de Edurbe, la TIR de la Concesión Vial aún no se ha cumplido‘).
De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, a los funcionarios del Distrito que conocieron el documento no les sorprendió que ni el alcalde ni la jefa de la Oficina Asesora Jurídica, que también lo conocían, hubieran hablado de él durante la mesa de concertación llevada a cabo a instancias de la Defensoría del Pueblo.
De hecho -se dijo – antes de llegar el oficio ya tanto el mandatario como su asesora jurídica sabían que, según las cifras de Edurbe, la TIR no alcanza aún el 17,22%.
Y -además – sabían que la Contraloría, a pesar de haber recibido los informes respectivos, tanto por parte de Edurbe como de la Concesión Vial, no la había incluida en el análisis del cual se habla en el Auto 0020 del 8 de Enero de 2021, «lo cual deja abierta la posibilidad de verificaciones posteriores según la incidencia de las citadas comunicaciones sobre los cálculos presentados«, como se indica explícitamente en el citado auto.
A quienes sí les ha sorprendido que sobre el reciente informe de Edurbe se pretenda guardar un absoluto silencio es a los miembros de la corporación ‘El Ojo que Grita’, quienes reclamaron a este portal «por no haberlo publicado totalmente, como suele hacer Revista Metro con documentos tan importantes como este«, y, además, pidió que se enviara a los entes de control «para lo de sus competencias«.
«Nos preocupa sobre todo el silencio de la Administración«, expresaron los dirigentes cívicos, «porque, por lo que hemos podido saber, lo que quiere el doctor Dau es que se modifique el informe, es decir que se diga lo que él desea, de manera arbitraria, y para ello podría ocurrir lo que les pasó a la exjefa de Talento Humano, Martha Carvajal, y al exdirector del Dadis, Álvaro Fortich, que fueron declarados insubsistentes por negarse a hacer lo que el alcalde les pedía, y terminen pagando justos por pecadores«.
Atendiendo la solicitud del colectivo, publicamos el Oficio remitido por el gerente de Edurbe, Uriel de Arco, al alcalde de Cartagena, William Dau (hacer click).
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