Por Carlos Ardila González *
El pasado 9 de diciembre, en el marco de la conmemoración del ‘Día Internacional contra la Corrupción‘, en Cartagena -como se recordará – se realizaron varios conversatorios sobre el terrible flagelo, con el auspicio del Gobierno distrital.
Durante el evento, el exveedor distrital de Bogotá, Jaime Torres Melo, manifestó que para combatir la corrupción se requiere no solo de unos ciudadanos activos y genuinamente interesados en la defensa de lo público, sino -además – «que puedan acceder a la información«, y por ello sugirió a los funcionarios distritales comenzar a hacer públicos los procesos de contratación “porque no basta con que estén colgados en el Secop«.
Sobre el particular, la editora de La Silla Vacía, Laura Ardila Arrieta, señaló que “en materia de transparencia es clave el acceso a la información, tanto para el ciudadano como para el periodista y, en general, para quienes la soliciten”.
Y sobre ese acceso expedito y oportuno a la información oficial, el director de la Fundación Gabo, Jaime Abello Banfi, advirtió que -justamente – tres de los fenómenos que entorpecen la lucha contra la corrupción son: la desinformación organizada, la política populista y de polarización y la desconfianza generalizada (leer ‘Una ciudadanía activa y educada en la lucha contra la corrupción, el llamado de los expertos a los cartageneros‘).
No obstante, por lo que han evidenciado las notas ‘La probidad y la transparencia en la Administración Dau – Parte I‘ y ‘La probidad y la transparencia en la Administración Dau – Parte II‘ (hacer click), el Distrito no ha atendido las sugerencias que en materia de transparencia les hicieron sus invitados a la conmemoración del ‘Día Internacional contra la Corrupción‘.
Además de los casos expuestos, cabe mostrar, también como ejemplo de falta de transparencia, un hecho que viene siendo objeto de análisis y debate en diversos escenarios, particularmente en las redes sociales. Este:
En 1993, el Distrito de Cartagena suscribió un contrato de fiducia mercantil con la Fiduciaria GNB Sudameris, atendiendo los principios de la «sana administración fiduciaria, como lealtad, diligencia, transparencia, autonomía, independencia de intereses y protección
de los derechos del beneficiario y del fiduciante«, entre otros.
La vigencia del contrato, que fue renovado en cuatro oportunidades, sobre todo, por los beneficios representados en materia de transparencia, estricto cumplimiento en el orden de los pagos, y disminución de los niveles de corrupción (el manejo de los recursos a través de bancos está en manos de funcionarios y depende, en gran medida, del interés que estos puedan tener), expiró el pasado 31 de diciembre y, a partir de ese día, el Distrito dispuso que sus recursos sean manejados por diversos bancos, la mayoría, de acuerdo con varias fuentes, pertenecientes al Grupo Aval.
En concepto de tres expertos en Administración Pública consultados para esta nota, el alcalde William Dau pudo haber tenido razones objetivas para que los recursos del Distrito no sigan en manos de una fiducia, pero «lo cierto es que tal decisión contradice su discurso, no solo durante su campaña a la Alcaldía sino además en lo que va de su gobierno, ya que prometió manejar los dineros públicos con transparencia e hizo lo contrario, al permitir que se pasara de la fiducia, donde el manejo es transparente, riguroso, controlado, al obsoleto manejo a través de unos bancos, donde quien realmente quien tiene la sartén por el mango no son los empleados de estos sino los funcionarios de la Secretaría de Hacienda y, concretamente, la Tesorería del Distrito«, como aseveró una de las fuentes.
El hecho es que, desde el pasado 30 de enero, la exalcaldesa encargada Yolanda Wong Baldiris le viene preguntado públicamente a la Secretaría de Hacienda del Distrito cuáles son «las razones técnicas por las cuales sacaron los recursos la Fiduciaria GNB Sudameris y volvieron al viejo y arcaico esquema de bancos«, y aún ningún funcionario ha respondido su inquietud.
Pero la falta de respuesta a la solicitud de información sobre el motivo de esta sustancial iniciativa no es la única que puede mostrarse como un ejemplo de falta de transparencia en la actual administración del Distrito.
Desde hace varios meses, veedores, periodistas y ciudadanos del común vienen solicitando información sobre la real situación de Transcaribe y, en general la movilidad en Cartagena; la operación del alumbrado público y de la semaforización; y las razones del porqué la mayoría de los últimos nombramientos y contrataciones de servicios han recaído en profesionales foráneos, entre otros temas, y el común denominador ha sido la falta de respuesta oficial.
* Director de Revista Metro
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