La muerte de 12 caballos en diciembre del año pasado, intoxicados por causas aún por esclarecer, prendió las alarmas de los animalistas de la ciudad.
Para ellos es evidente que en la Ciudad Heroica el maltrato animal es una práctica generalizada, que ocurre con demasiada frecuencia incluso ante la mirada cómplice de las autoridades, particularmente en el caso de los caballos cocheros, pero la intoxicación masiva de equinos, hace escasamente un mes, fue la gota que rebosó la copa de su tolerancia.
Por ello recurrieron a la Unidad de Investigación contra Delitos Ambientales de la Policía Nacional, la cual, en el marco de las respectivas investigaciones, realizó dos allanamientos a las pesebreras donde murieron los 12 caballos en diciembre, localizada en el barrio de Marbella.
En los operativos los agentes especializados encontraron que varios de los equinos tenían padecían de «laceraciones, desnutrición, anorexia e infecciones oculares y auditivas, así como herrajes en mal estado, heridas y malas condiciones de bienestar animal«, de acuerdo con lo revelado por fuentes oficiales.
Se encontraron también las autoridades de Policía con que el lugar donde los animales reposan no tiene las condiciones sanitarias requeridas, y -además – se hallaban sin agua y el alimento que se les suministraba se encontraba fermentado.
El hallazgo, por lo visto, radicalizó la posición no solo de los animalistas sino igualmente de algunos funcionarios de la Rama Judicial y del Ministerio Público, ya que si los caballos utilizados para fines turísticos son maltratados como constató la Policía, debe inferirse que los animales callejeros padecen mucho más.
Por ello, el pasado 26 de enero, tras una reunión virtual del Comité de Seguimiento a la sentencia proferida el 28 de junio de 2019 por el Tribunal Administrativo de Bolívar, el Juzgado Sexto Administrativo del Circuito de Cartagena conminó a la Alcaldía de Cartagena a que «de cumplimiento inmediato a las órdenes impartidas» en el auto correspondiente.
Tal como se conoció en su momento, el Tribunal de lo Contencioso confirmó, en segunda instancia, la sentencia proferida por dicho Juzgado en primera instancia, consistente en la «realización de un censo de animales en condición de calle y la construcción del albergue o centro de bienestar animal del Distrito«.
«No somos los competentes»: Umata
Durante la audiencia del Comité de Seguimiento a la sentencia proferida, la delegada de la Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria -Umata, Luisa Horta Orozco, sorprendió a los participantes señalando que, sin bien a la entidad se le ha delegado la competencia para la protección de los animales, no es esta la encargada de dicha misión, por lo cual la Administración deberá buscar una entidad para el cumplimiento de la misma.
«El incumplimiento es notorio»: actores
En sus respectivas intervenciones, tanto el actor popular, el ambientalista Juan Carlos Cárcamo, como la jueza Laura Arnedo Jiménez y el representante del Ministerio Público, Simón Herrera Dávila, coincidieron en que el Distrito ha incumplido totalmente la orden judicial (leer ‘Acta de Sesión del Comité de Verificación‘).
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