El pasado 21 de diciembre, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, dispuso mediante Decreto 1608 de la fecha una medida de pico y cédula para «el acceso y la circulación de personas en centros comerciales, entidades financieras, Mercado de Bazurto, almacenes de grandes superficies y supermercados en general» (leer ‘Decreto 1608 del 21 de Diciembre del 2020‘).
Ese mismo día, el Consejo Gremial de Bolívar, tras expresar que comprende «la importancia que cobran ciertas restricciones para la mitigación de la situación» generada por la pandemia, advirtió que, en su concepto, «las medidas deben contemplar las diferencias existentes entre los distintos sectores económicos y áreas geográficas«, ya que «se requiere llegar a soluciones específicas a partir de diagnósticos confiables, en lugar de tomar decisiones tipo ‘talla única’«.
Mediante un comunicado de prensa suscrito por el vocero del intergremial, Juan Camilo Oliveros Calderón, se cuestionó la inclusión entre los sectores con restricciones de los centros comerciales, mientras que «en otras áreas comerciales informales no se ha logrado ejercer un control efectivo que disminuya la propagación del coronavirus» (leer ‘Comunicado de Prensa del Consejo Gremial‘).
Y ese mismo día, el diario El Universal publicó unas declaraciones del presidente de la Federación Nacional de Comerciantes -Fenalco, Jaime Alberto Cabal, en las que cuestionó las medidas adoptadas por alcaldes y gobernadores de todo el país con el fin de intentar la propagación del coronavirus en sus territorios.
“Los toques de queda, las medidas restrictivas de ley seca, los confinamientos y el pico y cédula, finalmente, afectan nuevamente la economía y el empleo”, declaró el dirigente gremial (leer ‘Fenalco dice que los toques de queda y demás medidas afectan la economía‘).
Tres días después de haber dispuesto el establecimiento de la medida de pico y cédula para acceder a centros comerciales, entidades financieras y otros lugares, el burgomaestre ordenó, mediante un nuevo acto administrativo, exceptuar a los centros comerciales de los lugares con restricción.
El nuevo decreto -suscrito por el alcalde Dau – cuenta con el visto bueno del secretario del Interior y Convivencia Ciudadana, David Múnera Cavadía, la directora del Departamento Administrativo de Salud del Distrito, Johana Bueno Álvarez, y de la jefa de la Oficina Asesora Jurídica, Myrna Martínez Mayorga (leer ‘Decreto 1622 del 24 de Diciembre del 2020‘).
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