El Convenio Interadministrativo 027 de 2020 (hacer click), por la suma de $944’164.735, suscrito por Distrito y la Universidad de Cartagena -UdeC, está en el ojo del huracán.
Y no porque el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, haya dispuesto que casi mil millones de pesos fueran entregados para su manejo al alma mater local, a pesar de haber dicho de sus directivas que eran ‘un nido de ratas‘. Tal como reveló Revista Metro en su oportunidad, a pesar de las duras palabras del burgomaestre, el Distrito ha suscrito varios contratos y convenios con la UdeC (leer ‘En materia de corrupción, el gobierno Dau «maneja dos discursos»: veedor ciudadano‘).
Los fines del convenio están bajo la lupa de la Procuraduría, y ha sido objeto de acalorados debates entre la dirigencia comunitaria local, desde cuando se supo que en el marco de su ejecución se han entregado 35 cheques de $5 millones a sendos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal -JAC – de la ciudad, al parecer en franca violación a las normas legales vigentes, tanto las referidas a la Administración Pública como a las que rigen el sector comunal.
A varios de los más reconocidos líderes comunitarios de Cartagena, lo primero que les llamó la atención fue que el proceso no se hubiera socializado debidamente, como corresponde a los programas, proyectos y planes que se ejecutan con recursos públicos. Algunos, como denunció el presidente de la JAC del Portal de La Cordialidad Aldo Lora Hernández, solo se enteraron del mismo cuando comenzaron a conocerse los nombres de los beneficiados.
Por su parte, a otros lo que les llamó la atención fue que los cheques se giraron a personas naturales sin mediar contratos con ellos. En concepto de entendidos en la materia, entre ellos varios presidentes de JAC, si la Administración quería que los comunales operaran algunas de las acciones propuestas debieron suscribirse los convenios con los presidentes de las JAC, cada uno en calidad de representante legal, y no con algunos de estos, pero a título personal.
En concepto del presidente de la Asociación de Juntas de Acción de la Localidad Industrial y de la Bahía, Géverson Ortiz Soto, el error fue «hablar de organizaciones comunales», pero, en cambio, girar los cheques «a nombre de un particular y no a nombre de la organización jurídica como tal«.
Intervención de la Procuraduría
Tras los ruidos ocasionados en torno del Convenio Interadministrativo 027 de 2020, la Procuraduría Provincial de Cartagena ordenó el inicio de una acción preventiva, en cuyo marco le envió un oficio al alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, a la secretaria general del Distrito, Myrna Martínez Mayorga, y la directora de la Escuela de Gobierno y Liderazgo, Cielo Blanco Flórez, solicitándole que antes del 24 de diciembre presenten un informe actualizado y detallado de la ejecución del citado convenio.
En el término establecido, los funcionarios deberán remitir al Ministerio Público, entre otros documentos, copias de las actas y los informes que a la fecha se han suscrito; soportes de las labores de difusión previas al inicio del desarrollo de las acciones de campo, establecidos para que la comunidad tenga conocimiento de la realización de las actividades en sus barrios; documentos soportes de las reuniones de trabajo llevadas a cabo; y nombres, apellidos y cargos de los dirigentes comunitarios que hayan asistido a las reuniones organizadas (leer ‘Oficio Acción Preventiva de la Procuraduría‘).
Los memes
El inopinado giro de 35 cheques de $5 millones cada uno a sendas personas naturales y no las entidades jurídicas que representan dio pie para que innumerables cibernautas pusieran a circular decenas de memes alusivos al particular hecho. De acuerdo con lo que se pudo establecer, el siguiente ha sido uno de los más difundidos y comentados:
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