
Por considerar que, a pesar de haberse devuelto oportunamente para que se corrigieran errores, se subsanaran falencias y se cumplieran algunos requisitos de Ley, aún unos y otros subsisten, los ponentes del Proyecto de Acuerdo No. 059 “por medio del cual se autoriza al alcalde (…) para comprometer vigencias futuras excepcionales, celebrar los contratos que garanticen el servicio de alumbrado público en el Distrito de Cartagena y se dictan otras disposiciones” le rindieron ponencia negativa.
La respectiva ponencia, que en cumplimiento del reglamento del Concejo fue enviada al alcalde William Dau Chamat y publicada en la cartelera de la corporación edilicia desde el pasado 18 de diciembre, concluye, entre otras cosas, que la Administración no pudo acreditar de forma eficiente «haber hecho los análisis requeridos de cara a la determinación de los costos y tarifas del servicio de alumbrado, puesto que existen grandes vacíos en el estudio técnico de referencia de determinación de costos estimados de prestación en cada actividad del servicio (…)».
De igual forma, se reitera que -definitivamente – el servicio de alumbrado público no está contemplado en ningún artículo, plan ni programa del Plan de Desarrollo vigente, lo cual es un requisito sine qua non para la aprobación de vigencias futuras.
En concepto de los ponentes, la Ley 1438 de 2011 es clara en determinar que “la corporación de elección popular se abstendrá de otorgar la autorización» para tramitar vigencias futuras si los proyectos objeto de estas «no están consignados en el Plan de Inversiones del Plan de Desarrollo respectivo”.
Sustentan los concejales ponentes su posición -además – en que el acta del Consejo de Política Fiscal de Cartagena –Confiscar – con que el Ejecutivo pretende sustentar el proyecto está viciada, ya que la secretaria general, Diana Martínez Berrocal, no la firmó como es su obligación, como responsable del servicio, «porque ese día la apartaron del cargo«, tal como ha advertido en diversas oportunidades el concejal Carlos Barrios (leer ‘Ponencia Negativa a Proyecto de Alumbrado Público‘).

La ponencia, que fue suscrita por el coordinador de ponentes, Carlos Barrios Gómez, así como por sus colegas César Pión González, Wilson Toncel Ochoa, Fernando Niño Mendoza, David Caballero Rodríguez y Lewis Montero Polo, será puesta a consideración de la Comisión Segunda o de Presupuesto y de Asuntos Fiscales del Concejo este miércoles 23 de diciembre.
De acuerdo con fuentes estrictamente confidenciales, los siete miembros de esta comisión: Fernando Niño Mendoza, su presidente; Lúder Ariza Sanmartín, su vicepresidente; Wilson Toncel Ochoa, su secretario; y David Caballero Rodríguez, Liliana Suárez Betancourt, Carolina Lozano Benito-Revollo y Carlos Barrios Gómez, votarán la ponencia tal cual fue presentada, es decir, votarán negativamente la iniciativa del Ejecutivo por considerarla ilegal.
Teniendo en cuenta los términos contemplados en la Ley y en el Reglamento del cabildo, por razones procedimentales la Administración no podría rectificar ya los errores cometidos, lo que lo obligaría a adoptar un Plan B que podría ser solicitar a los actuales concesionarios del alumbrado público que, mientras el contrato es liquidado, prosiga prestando el servicio mientras se consigue un nuevo operador.
Como se sabe, la actual concesión del alumbrado público de Cartagena vence el próximo 4 de enero, y por Ley el contrato, indefectiblemente, debe ser liquidado.
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