Por Rubiela Valderrama Hoyos *
Ciertamente, el 2020 fue un año muy especial, como ya se ha dicho hasta la saciedad, por ello en el balance que hacemos, más que seguir lamentándonos por lo que no fue, destacamos que lo que se requiere es una toma de conciencia que logre movilizarnos como sociedad, en colectivo, para enfrentar esos dramas que supuestamente la pandemia y su consecuente crisis económica desnudó.
Y digo supuestamente porque todos y todas sabíamos que existían, que eran una bomba de tiempo que tarde o temprano empezaría a reventar, pero muchos (empresarios y gobiernos) se hicieron los de la vista gorda, y la ciudadanía tampoco tomó acción para cambiar el statu quo. Y por ello nos mostramos de acuerdo con William Ospina cuando manifiesta que “no creo que Colombia esté mal porque tenga guerrilleros, paramilitares o políticos corruptos, Colombia está mal porque no tiene una ciudadanía capaz de ponerle freno a todo eso, una ciudadanía capaz de creer que la democracia significa el poder de l@s ciudadan@s, y la voluntad de l@s ciudadan@s y la capacidad de decidir de l@s ciudadan@s”…
En Cartagena lo que ha venido ocurriendo en este sentido es que la ciudadanía, además, se deja engañar fácilmente por discursos populistas que prometen este mundo y el otro, pero que finalmente terminan siendo más de lo mismo o, peor aún: ni hacen ni dejan hacer, como ha sucedido en este triste 2020.
En mi balance personal, el 2020 nos mostró con mayor claridad quiénes desde sus lugares de privilegio pretenden mantenerse en él y continuar condenando al resto de la ciudanía a los márgenes, a la periferia; y no considero los márgenes y la periferia malas per se, sino en tanto que este sistema los ha condenado a la miseria, alejándolos cada vez más de las posibilidades y los lugares de desarrollo y vida digna.
La lista de los privilegiados en Cartagena no es larga, son las mismas familias que históricamente han ostentado el poder político y económico, los mismos que fungen al frente de las juntas directivas y vocerías de las entidades gremiales, los mismos que ponen el grito en el cielo cuando, a través de un legítimo y legal control político, le sacan a una de sus fichas del gobierno, los mismos que como buenos y repentinos samaritanos pretenden acabar, como por arte de magia, la pobreza extrema en la ciudad a través de la imposición de la Ley 2038/2020. Son los mismos, con las mismas mañas, que se han acomodado a cada administración corrupta o menos corrupta mientras no les toquen sus intereses particulares y sí más bien los complazcan legislando a su favor, como en los casos del POT, el PEMP o los impuestos.
En enero de este 2020 manifesté a través de este mismo portal que, si bien no creía en el alcalde Dau, me complacía el buen gabinete que había elegido. Un año después tengo como balance más pesar que alegría, pues queda claro con todo lo que ha ocurrido que si el timonel del barco “no sabe para donde va, ya llegó”, o realmente ha usado a esos profesionales reconocidos en la ciudad como escudo para sus verdaderas pretensiones.
Así mismo, hice una lista de los y las funcionarias que desde mi punto de vista podrían contribuir, por los altos cargos donde estaban asignados y su sensibilidad con el tema, a la equidad de género y la garantía plena de los derechos de las mujeres (leer ‘Una gran oportunidad‘).
Un año después el balance es bastante pobre. Diré que la pandemia es la principal responsable del casi nulo avance; daré un tiempo más para esta evaluación, pero invito a mis colegas feministas del movimiento de mujeres a que opinen al respecto.
No creo sinceramente que con este capitán el barco de Cartagena llegue a un puerto seguro para toda su población, especialmente la mayoría de su gente pobre, pues, el programa que debió tener todo el apoyo y el presupuesto disponible para ejecutar sus acciones, hablo del Plan de Emergencia Social Pedro Romero, fue al que más le tomaron el pelo en materia de aprobación de presupuesto y legalización de sus proyectos, registros presupuestales y Certificados de Disponibilidad y de Registro Presupuestal. Nos queda entonces el siguiente interrogante: ¿a quién le está guardando esa platica señor alcalde?, ¿a la Ley 2038/2020?
Los desafíos de Cartagena son enormes, comenzando por cambiar el modelo económico que sigue privilegiando a los ya históricamente privilegiados y empobreciendo aún más a los pobres históricos y los nuevos pobres que deja la pandemia.
Si como ciudadanía no nos mosqueamos, justo ahora que se elaboran el POT y el PEMP, que está demandada por vicios de inconstitucionalidad la nefasta Ley 2038/2020, que hay en marcha un movimiento ciudadano para exigir su derogación y justo ahora que se visionan ya los retos de las próximas elecciones, seguiremos siendo, tal como lo dijo William Ospina, los responsables de nuestros propios padecimientos.
* Trabajadora Social, magister en Estudios de Género, feminista, activista por los derechos humanos de las mujeres.
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