«Es hora de hablar de frente a la ciudad y a los ciudadanos y no de hacer negocios debajo de la mesa«.
Así les notificaron 18 de los 19 concejales de Cartagena a los integrantes del Consejo Gremial de Bolívar, luego de que este, en un comunicado a la opinión pública, calificaran la moción de censura decretada por la corporación edilicia contra el secretario de Planeación del Distrito, Guillermo Ávila Barragán como «un exceso en el ejercicio del poder, teniendo en cuenta que ha habido silencio por parte del Concejo distrital frente a actuaciones negligentes del pasado» (leer ‘Gremios y otros actores locales cierran filas en torno de funcionario censurado‘).
También en un remitido, los cabildantes que votaron positivamente la moción contra el funcionario distrital: David Caballero, Fernando Niño, Rodrigo Reyes y Óscar Marín (del Partido Conservador); Carlos Barrios, Wilson Toncel y Luis Cassiani (de Cambio Radical); Lúder Ariza y Sergio Mendoza (del Partido Alianza Verde); Carolina Lozano, Laureano Curi y Liliana Suárez (de la Alianza Social Independiente); César Pión y Lewis Montero (del Partido de La U); Kattya Mendoza, Gloria Estrada y Hernando Piña (del Partido Liberal); y Javier Julio Bejarano (de la Coalición Alternativa Cartagena), invitaron al empresariado local representado en el intergremial a «permitir que la ciudad se repiense y establezca las verdaderas potencialidades de su desarrollo, dentro de un contexto técnico y jurídico responsable«.
Según los 18 concejales, tras preguntarse las razones por las cuales los dirigentes gremiales estaban tan molestos con la separación del cargo del secretario de Planeación, como consecuencia de la moción de censura, llegaron a la conclusión de que «todo tiene un eje estructural de corte presidencial de junta que hemos denominado la estrategia ‘Del Castillo de Naipes‘, donde confluyen las tres asociaciones«, refiriéndose a la Asociación Nacional de Empresarios –ANDI, a la Cámara de Comercio de Cartagena y al propio Consejo Gremial de Bolívar.
De acuerdo con los corporados, entienden las razones por las cuales los colectivos que conforman el Consejo Gremial «no desean que se haga una discusión técnica y de verificación real de los contenidos» del llamado POT-Moderno, y por qué «instigaron a las administraciones anteriores a recibir esos productos mal elaborados«.
De manera directa, los concejales denuncian que «después de analizar los cuestionados estudios del programa POT-Moderno, nos encontramos con propuestas tales como destinar la expansión urbana de la ciudad en Serena del Mar y Bicentenario, donde se limita el desarrollo urbanístico de la ciudad en los próximos 15 años solo a la tierra de dos grupos familiares y económicos, como son los Santo Domingo y Novus Civitas, quedando la ciudad a merced de los ‘ires y venires’ de quienes serían los que ganarían toda la valorización de sus tierras«.
Por ello, recalcaron en su comunicado, «se entiende la furia de los gremios empresariales de la ciudad ante la decisión de este Concejo de apartar de su cargo al funcionario que estaría propiciando esta situación«.
«Cuando éstas prácticas monopolísticas se pretenden implementar en un documento que debe ser participativo, social e incluyente, es cuando se entra a entender el porqué de la reacción enérgica de los gremios contra la decisión de este Concejo, sabiendo que ellos se caracterizan por guardar absoluto silencio frente a otros temas de igual relevancia para la ciudad«, señalaron igualmente.
«La invitación no solo es a pensar en un POT para desarrollos inmobiliarios aislados«, dijeron además, si no también para pensar en «compensaciones y desarrollos por valorización y plusvalía para el crecimiento ordenado y armónico de toda la ciudad y no de unos cuantos» (leer ‘Comunicado de 18 Concejales‘)
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