Por Carlos Ardila González *
La noticia se resume -por sí sola – en las 13 palabras que conforman el titular de El Universal: ‘Diploma que presentó la Primera Dama Cynthia Pérez a la Alcaldía es falso» (hacer click).
Pero en esta oportunidad no se trata de una ‘polémica‘, como lo señala el diario local. Tampoco de un injustificado ataque por la condición social o racial de la protagonista del suceso, como argumentó en su defensa la excontratista ante un caso similar. Y menos del cuestionamiento perverso de un «malandrín» o un «viudo del poder«, como dijo de ese caso el alcalde William Dau Chamat (leer ‘“Certificado aportado por Cynthia Pérez es integralmente falso”: Rubby Torrejano‘).
En esta ocasión es un alto funcionario del Distrito: el jefe de la Oficina de Control Interno, Juan Carlos Frías Morales, quien reveló que “desde Talento Humano nos solicitaron que se adelantara una revisión a los documentos que la señora Cynthia (Pérez Amador) había aportado al contrato que tenía suscrito; ahí aparece una acta de grado de Iafic (Corporación Universitaria Regional del Caribe), donde ella dice que cursó una tecnología en administración de empresas», (pero) «hicimos varios requerimientos a la corporación y hoy nos expidió una certificación donde manifiestan que el documento que aportaron no es auténtico ni reposa en sus archivos”.
Por todo lo que ha ocurrido en torno de este caso: la presentación de unos documentos presumiblemente falsos a la Oficina de Talento Humano del Distrito, la designación de Pérez Amador como ‘Primera Dama de Cartagena‘ por parte del alcalde Dau debería ser objeto de una profunda reflexión.
Lo primero es recordar que, por hechos relacionados con el ‘contrato de alta confianza‘ que el burgomaestre ordenó que se le elaborara a Pérez, hoy están siendo investigadas la secretaria general Diana Martínez Berrocal y la exjefa de la Oficina de Talento Humano Marta Carvajal Herrera.
La primera, como se sabe, fue suspendida de su cargo por orden de la Contraloría distrital, que la investiga por haber elaborado los estudios previos del contrato otorgado a la ‘Primera Dama’ y el cual, según el ente de control fiscal, habría ocasionado un presunto detrimento patrimonial.
Y la segunda enfrentará un juicio disciplinario ante la Procuraduría Provincial, que le cuestiona haber evaluado las certificaciones presentadas por Pérez y considerarlas suficientes para suscribir el citado contrato.
Lo que -inicialmente – en estos casos llama la atención es que quienes atendieron la orden del alcalde de adelantar el respectivo proceso contractual hoy enfrenten procesos ante los entes de control, mientras que quien -por lo visto -presentó documentos falsos sigue representando al Ejecutivo en gestiones oficiales.
Pero otros hechos deberían -asimismo – motivarnos a proseguir cavilando.
El alcalde ha dicho que Pérez se merece el contrato otorgado porque es la única persona en la que confía plenamente, porque fue su gerente de campaña y porque fue la primera persona que creyó en sus propuestas de gobierno.
Para la reflexión, dos sencillas preguntas: ¿con qué adjetivo calificaría Dau a uno cualquiera de sus antecesores si se hubiera enterado que había contratado a alguien no por sus competencias profesionales sino porque -como Pérez – fue «su gerente de campaña» y «la primera persona que creyó» en él? ¿Acaso los recursos públicos son para recompensar favores y pagar fidelidades?
Pero -en este caso – hay más elementos que analizar. Seguramente el mandatario, con la designación de Cynthia Pérez como ‘Primera Dama’, quiso mandar -de buena fe – un mensaje de equidad e inclusión a una ciudad históricamente desigual y excluyente.
Pero Dau debió considerar que hay un mensaje clave que también debe ser enviado, y es que los ascensos, de todo tipo, deben ser por méritos; por competencias. Hay que promover la excelencia -laboral, profesional, académica – y el camino no es premiar únicamente adhesiones y lealtades.
Cuando, por ejemplo, Judith Pinedo Flórez nombró en su gabinete a Sindis Meza, Alcelis Coneo, Marina Mosquera y otras mujeres afro, provenientes todas ellas de sectores populares, lo hizo seguramente -sí – por lo que ellas representaban como tales, pero también porque se trataba de destacadas profesionales, con unas excelentes hojas de vida.
El ‘mensaje’ de Dau, entonces, fue claramente errado. Pero el que hoy se envía es peor. Luego de que la abogada Rubby Torrejano García negara con contundencia que sea la suya la firma que aparece en un certificado anexado por Pérez Amador; y de que -además – el jefe de Control Interno del Distrito, Juan Carlos Frías, advirtiera la existencia de otra espuria certificación, persistir en que la excontratista continúe siendo su vocera ante la ciudadanía es un desacierto de marca mayor.
Seguramente el alcalde -como se dijo: de buena fe – quiso poner como ejemplo (de honestidad, de equidad, de inclusión, de lealtad…) a una mujer afrodescendiente, nacida en uno de los barrios más marginados de la ciudad, pero, por lo visto, esta terminó siendo -sí – una pauta… pero de lo que no se debe ser.
* Director de Revista Metro
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