Ayer, tal como estaba previsto, el Concejo de Cartagena comenzó el estudio, con los secretarios de Despacho y demás titulares de las Unidades Ejecutoras del Gasto del Distrito, del Proyecto de Acuerdo mediante el cual se busca establecer el presupuesto de la vigencia fiscal del 2021.
Tras escuchar las inquietudes, sugerencias y propuestas de los voceros de la comunidad en una serie de audiencias públicas, la corporación edilicia abrió el espacio para conocer el detalle de las pretensiones en materia presupuestal de cada una de las dependencias del Ejecutivo distrital.
Y, al escuchar a los funcionarios que ayer participaron en la sesión del cabildo, el común denominador fue la sorpresa causada por la baja ejecución del actual presupuesto de inversiones por parte de varias de las Unidades Ejecutoras del Gasto.
Que pasados 10 de los 12 meses del año, en medio de la mayor crisis sanitaria que haya padecido la ciudad en toda su historia por la pandemia del Covid-19 y la consecuente crisis económica causada por el confinamiento que debió ser decretado, el Despacho del Alcalde solo haya ejecutado el 50% de su presupuesto de inversiones, y la Secretaría General, donde fue concentrada la mayor parte de la contratación, solo haya dispuesto del 47% de lo que se le presupuestara también en materia de inversión, fue algo que asombró no solo a los concejales sino además -por lo visto en las redes sociales – a numerosos analistas.
Aunque se conoció que, a fecha 31 de octubre, el Establecimiento Público Ambiental –EPA – no gastó un solo peso en materia de inversión, y que hubo Secretarías y entidades descentralizadas con una ejecución casi nula, como el Departamento Administrativo de Valorización Distrital, que ejecutó solo el 1%; o la Secretaría de Infraestructura, que únicamente ejecutó el 9%; o el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte –DATT, que apenas ejecutó el 13%, lo que más llamó la atención fueron los casos de la Secretaría del Interior, de Distriseguridad, de la Oficina de Gestión del Riesgo y del Plan de Emergencia Social –PES – Pedro Romero.
De acuerdo con las cifras que ayer se pudieron conocer, a pesar de la galopante inseguridad que golpea prácticamente a toda la ciudad, la Secretaría del Interior solo ejecutó -a 31 de octubre – el 36%; y Distriseguridad el 43%.
La Oficina de Gestión del Riesgo, entre cuyos fines misionales se encuentra la atención de emergencias, y a la cual se le delegaron -además – responsabilidades relativas a la distribución de ayudas humanitarias, ejecutó apenas el 56%.
Y el Plan de Emergencia Social –PES – Pedro Romero, cuya misión principal es atender a las personas en condición de pobreza extrema o en situación de desplazamiento, solo ejecutó el 20,26%.
Otra dependencia cuya baja ejecución: apenas el 30%, sorprende a tirios y troyanos, es la Secretaría de Participación Ciudadana, ya que esta dependencia tiene la misión de atender a las poblaciones vulnerables, entre ellos adultos mayores, mujeres cabeza de hogar, niños, niñas y adolescentes, habitantes de calle y personas en condición de discapacidad.
Como se sabe, los ejes centrales del Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ son la lucha contra la corrupción y la erradicación de la pobreza extrema.
Para el análisis
Para esta nota, Revista Metro consultó la opinión de varios entendidos en la materia, entre ellos el economista Felipe Merlano de la Ossa, especialista en Finanzas y Legislación Financiera y exsecretario de Hacienda de Cartagena y Bolívar.
«Para el análisis, lo primero que hay que recordar es que a 31 de octubre se han cumplido 10 meses de los 12 que trae el año, o sea: la alícuota corresponde a 10/12, que en términos porcentuales equivale al 83,3%«, manifestó Merlano de la Ossa.
«Mirando globalmente las cifras«, señaló el especialista, «tendríamos que la ejecución con registro presupuestal es, en promedio, del 72%«, lo que estaría 11 puntos porcentuales por debajo de lo mínimamente deseado. No obstante, según Merlano, debe tenerse en cuenta que en las áreas con mayor ejecución, como la Secretaría de Educación, «el mayor porcentaje se va a sueldos y prestaciones de los maestros y otros gastos administrativos«, y como el Departamento Administrativo de Salud del Distrito –Dadis, «donde los mayores recursos son sin situación de fondos, ejecutados directamente por el gobierno central«.
«Los casos de Infraestructura, el 9%; del DATT, el 13%; de Valorización, el 1%; del EPA, el 0%, en fin, son realmente dramáticos«, expresó el exfuncionario; «ello merece un análisis juicioso por parte del Concejo y otros actores, y un riguroso control social«.
«En plena pandemia, cuando los gobiernos emulan las estrategias del Plan Marshall y las recetas keynesianas, que privilegian la inversión pública en obras, la exigua ejecución en Infraestructura es ininteligible«, recalcó Merlano.
Los atenuantes
En concepto de un funcionario distrital que pidió reserva de su nombre, «es entendible que el primer año de un gobierno, cuando el Plan de Desarrollo es aprobado solo a mediados del primer semestre, y cuando muchos funcionarios comienzan apenas a conocer los intríngulis de las dependencias a sus cargos, la ejecución presupuestal no sea la más alta. Esos serían unos atenuantes. Pero es claro que lo que hoy vemos llame la atención. Yo creo que el problema es de desconfianza del señor alcalde, que le ha quitado la delegación del gasto a muchos de los funcionarios y las ha concentrado en la Secretaría general«.
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