Por Agustín Leal Jerez *
Ya habíamos expresado en una columna anterior, que la corrupción no se podía admitir en la administración Dau… ¡Ni en chanzas!, pero parece que la sombra de la indelicadeza en el manejo de los bienes y servicios que presta el Distrito ronda el Palacio de la Aduana.
Hasta la fecha no tenemos un hecho concreto de corrupción administrativa imputable a esta administración, pero si una cadena de graves indicios, muchos de ellos, admitidos por el propio Alcalde, que dejan muy mal parado a este Gobierno distrital en materia de transparencia administrativa y política. Pero que al Alcalde escogido por los cartageneros y cartageneras con el único propósito de acabar la corrupción hoy lo salve el beneficio de la duda es demasiado vergonzoso.
Pero, haciendo justicia en el análisis, tenemos que examinar someramente una de las principales causas estructurales de la corrupción administrativa, para lo cual formulamos la pregunta: ¿quiénes son los corruptos, las personas o las instituciones? La respuesta suena fácil, porque el recurso humano es el ente de la ecuación sujeto de moral, pero las instituciones tienen mucho que ver, porque son, en últimas, estas, las que concretan el objeto de la moral pública. Lo primero que hay que examinar, cuando verdaderamente se piensa combatir la corrupción administrativa, es el diseño institucional de la empresa o la entidad pública que se va a administrar.
Sin decirnos mentiras, el Distrito no ha sido gobernado por arcángeles, así que muchas de sus instituciones y su diseño han estado engranadas al servicio de los intereses torcidos del gobernante de turno: las tinieblas en el manejo de la información de proyectos de interés a la ciudad, procesos contractuales amañados y con los términos estrictos de ley, el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -Datt, el de salud- Dadis – y la ESE distrital con los peores índices de trasparencia; y una Empresa de Desarrollo Urbano de Bolívar -Edurbe SA – cuyo único objetivo misional ha sido burlar el Estatuto Contractual del Estado.
Todo ello ameritaba que una vez posesionado el Alcalde se diera a la tarea de hacer un revolcón en estas instituciones, pero nada de esto ha ocurrido. Por el contrario; la administración Dau ha seguido con los mismos métodos y procedimientos de las administraciones malandrinas que tanto reprueba a diario: oscuridad en la información de interés público, nadie sabe cuánto se recauda, ni cómo van las finanzas distritales; no existen ejecuciones presupuestales en línea que le permitan al ciudadano conocer en tiempo real en qué y cómo se gastan sus impuestos. Son muchos los programas y proyectos trascendentales para la ciudad, como la Avenida Bicentenario, la Quinta Avenida de Manga, el Malecón de la Ciénaga de la Virgen, el Alumbrado Público, el POT y el PEMP, por dar ejemplos, en donde nadie conoce la posición pública de la administración Dau, aunque su posición privada ronroneé en círculos privilegiados de la ciudad. Pero lo más extraño ha sido el hecho de que la Administración distrital no haya mostrado el más mínimo interés en innovar en el sistema de escogencia de sus proveedores y contratistas, y su Plan de Desarrollo ‘Salvemos Juntos a Cartagena’ no recoja un solo ápice de su discurso visceral en contra de la corrupción.
El alcalde Dau nos quiere vender la idea de que solo su presencia en la administración distrital es garantía de transparencia, aunque escoja sus proveedores y contratistas a dedo; por lo tanto, las instituciones del Estado, constituidas para garantizar la transparencia administrativa, sobran. Y si estas le inician investigaciones por presuntas irregularidades en sus funciones, son corruptas e ineficientes.
No puede existir un hecho más grave en contra de la lucha anticorrupción que desprestigiar a las instituciones que el propio Estado ha establecido para tal fin. Por ello, existe esa atmósfera rara en el ambiente cartagenero y un tufillo en mucha gente que no cree en la transparencia de esta administración, y que cuando le hacen la pregunta: «¿es el Alcalde Dau honesto?«, responden: «¡mamolas!..»
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
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