Finalmente, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, aceptó los argumentos del Concejo con relación a su pretensión de retirar un Proyecto de Acuerdo que buscaba unas incorporaciones presupuestales con el fin de terminar los puestos de salud y/o hospitales de El Pozón, Canapote, Bayunca, Barú y Daniel Lemaitre.
El pasado 5 de noviembre, sancionó -es decir, firmó para efectos de que de publicara y comenzara a tener plena vigencia – el Acuerdo No. 032, «por medio del cual se realiza una incorporación en el presupuesto (…)»; la suma a incorporar asciende a $21.958 millones.
En su artículo primero, el Acuerdo 032 establece que «los recursos incorporados se entienden que tienen una destinación específica, cual es el fortalecimiento (de la) Red Hospitalaria (…), y es responsabilidad del alcalde (…) determinar la forma cómo los mismos será serán ejecutados«.
En la norma que el mandatario había pedido retirar pero finalmente suscribió se autoriza asimismo al Ejecutivo a «efectuar las correcciones numéricas, aritméticas, de leyenda y codificación que se requieran para la adecuada implementación del presente acuerdo«.
Como se recordará, a pesar de que Dau había asegurado que las obras de las cinco instituciones sanitarias las iban a retomar unos contratistas distintos a los iniciales (pero que, en todo caso, estas «estarían listos antes del 31 de diciembre«), inopinadamente cambió de opinión días después y, el 16 de junio, en reunión con delegados de la Contraloría, funcionarios de la Secretaría de Infraestructura y del Dadis y veedores ciudadanos, se comprometió a promover la culminación de las obras sin convocar a una nueva licitación, es decir, que serían ejecutadas en el marco del mismo contrato que se firmara en el 2014 durante la administración de Dionisio Vélez Trujillo.
En dicha mesa de trabajo, que fue realizada en el marco de ‘Compromiso Colombia‘, una iniciativa de la Contraloría diseñada como estrategia para terminar los elefantes blancos en todo el país, se supo de la existencia de una Resolución: la número 2904 de junio 10 de 2020, mediante la cual el secretario de Infraestructura de la época, Gonzalo Jácome Peñaranda, autorizaba al contratista Gary Espitia Camargo para que cediera el contrato a un tercero y que, en consecuencia, fuera este el que terminara las obras.
Sin embargo, pasó el tiempo y el 2 de septiembre el alcalde anunció -para sorpresa de todos – que su administración abriría una licitación pública para terminar los puestos de salud, con todas las demoras que ello implicaba.
De acuerdo con lo que pudo establecerse, la sorpresa fue mayúscula para los delegados de la Contraloría y demás participantes en la mesa de trabajo convocada por ‘Compromiso Colombia’. Además, para otros actores como los concejales y en general la comunidad cartagenera, que clamaban y aún claman por la terminación de las necesarias obras.
Lo demás es historia más reciente y, por ello, más conocida. A pesar de haber presentado el citado Proyecto de Acuerdo que buscaba incorporar casi $22 millones para terminar los puestos de salud, el alcalde pidió su retiro; el Concejo, por considerar que era ilegal hacerlo, no lo retiró y, por el contrario, lo aprobó; y finalmente el mandatario debió sancionarlo.
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