Por Rubiela Valderrama Hoyos *
En la ciudad de Cartagena han hecho carrera, de manera perversa, las propuestas políticas que animan, motivan y logran captar la atención y el apoyo de amplios sectores sociales y populares bajo el sofisma de que este sí va a cambiar las cosas, el statu quo, la pobreza, la corrupción etc., etc. Pero, a pesar de los grandes fiascos que hemos vivido y los constantes engaños, no aprendemos y continuamos como corderos mansos caminando al matadero.
Ya habíamos tenido la experiencia de Campo Elías Terán (QEPD) quien, de tocarle la campana y soltarle los “perrules” en su espacio radial a los funcionarios que no atendían de manera oportuna a las comunidades, saltó al Palacio de la Aduna sin ninguna preparación ni experiencia en temas de Administración Pública, pero sobre todo sin una visión real de transformación de la ciudad, es decir: un programa y propuesta (modelo) de desarrollo que se compadeciera con los excluidos del desarrollo. Esa falta de criterio propio y de formación permitió que se dejara meter las manos e influenciar por otros avivatos, y politiqueros. Finalmente, terminó suspendido por la Contraloría por presuntas irregularidades en la contratación y desafortunadamente falleció.
El pueblo cartagenero, ávido de un verdadero cambio, pero sin mucho análisis y sí mucha hambre, vuelve a elegir a una persona -Manuel Vicente Duque – que con su discurso populista despertó de nuevo las esperanzas y, peor que el anterior, defraudó totalmente a sus electores. Terminó preso junto con sus cómplices.
Con la esperanza de nuevo en alto, muchas personas eligieron al actual alcalde, William Dau Chamat, creyendo en su discurso anticorrupción, porque acabar la corrupción, según sus palabras, es acabar la pobreza y la miseria galopante de esta ciudad. Pues bien, ha pasado el primer año del señor alcalde Dau y lo que vemos con mayor claridad de su gobierno para acabar la pobreza es su respaldo a la Ley 2038/2020 o ‘Ley Araujo’ para erradicar la pobreza extrema, una ley demandada, como hemos dicho varias veces, por visos de inconstitucionalidad, y más aún, como lo explica el abogado Danilo Contreras, “La Ley, cuyo nombre llama a engaño a demasiados incautos, mueve el poder de decisión sobre las políticas públicas para combatir la pobreza, desde las instituciones que la Constitución y la Ley determinan como instancias democráticas para diseñar tales proyectos, hacia una junta directiva creada por la ley, que ‘corporativiza’ la toma de esas decisiones, esto es, las privatiza en el sentido de evadir la posibilidad de que sean las autoridades elegidas por voto popular quienes las discutan y definan, al tiempo que determina que las contrataciones que se deduzcan de tales decisiones se adelante a través de un régimen de derecho privado, que es más o menos ofrecer a esa junta la posibilidad de contratar a dedo” (leer ‘Democracia y lucha contra la pobreza‘).
Y aunque el alcalde, ahora, por la presión social y por la admisión de la demanda, sale a decir que la Ley actual no fue lo que el apoyó con su carta, y prácticamente culpa a otras personas de un supuesto engaño, es difícil de creerle.
Mi gran preocupación es que no solo estamos frente al más próximo y monumental engaño a la ciudad y su ciudadanía ávida de cambios, sino que este engaño puede contribuir enormemente a menguar las esperanzas y debilitar las luchas de un pueblo hastiado y mil veces engañado por sus propios dirigentes.
Algunos piensan que la ‘Ley Araujo’ es un tigre de papel, pero otros la vemos como el verdadero monstruo que no solo se apoderará de los recursos públicos de la ciudad y la Nación para manejarlos a su antojo, que debilitará la institucionalidad local y se aprovechará de los grandes negocios perfilados en su plan -mega obras, que causarán nuevos desplazamientos internos, reubicaciones y usurpación del territorio, en vez de propiciar bienestar real para los habitantes empobrecidos de la ciudad.
A otros, todo lo dicho acá les parecerá lugar común, y es cierto, lo hemos dicho muchas veces, pero lo repetimos con la intencionalidad de despertar un verdadero debate, una gran conversación de ciudad. Ojalá desde todas las organizaciones y sectores sociales, intelectuales, opinadores, columnistas, influencers (aquí invito a Mildre Cartagena) a pronunciarse ante este inminente robo, saqueo y despojo que vivirá la ciudad de implementarse la dichosa ley.
Un tweteratón, un firmatón, un plantón, un hashtag en cada perfil, una pancarta de rechazo, en fin, todas las expresiones de protesta pacíficas deben coordinarse para derrotar esta Ley antes de que la reglamenten, ya que al Concejo distrital no le ha interesado hacerlo. Ojo, esto debe hacernos pensar muy bien por quién votar en las próximas elecciones. Estamos frente a un grupo mayoritario de concejales que no les interesa siquiera debatir temas de fondo y cruciales para la ciudad.
Hago un llamado a la resistencia pacífica. Somos la Ciudad Heroica; demostrémoslo una vez más.
* Trabajadora Social, magister en Estudios de Género, feminista y activista por los Derechos Humanos de las mujeres.
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