La quiebra de Dau y la confianza inversionista

Por Agustín Leal Jerez *

Tiene razón el alcalde Dau cuando manifiesta que la situación fiscal del Distrito es grave. Ya lo habíamos advertido con algunos colegas en varias columnas de opinión de Revista Metro.  Pero sus palabras inoportunas e inapropiadas para el momento histórico en que vivimos pueden resultar nocivas para la confianza inversionista en la ciudad.

Para todos es conocido que Cartagena es la vitrina inversionista de Colombia para el mundo. Por ello, anunciar que la capital alterna de Colombia está en bancarrota es el peor mensaje que se pueda dar en medio de la crisis del Covid-19, porque el país y la ciudad van a depender mucho de la inversión extranjera y de los recursos del crédito interno y externo para poder superar la ruina económica y social que nos amenaza.

Los asesores del señor alcalde, especialmente la gerente de Ciudad, deben ayudarlo a morigerar sus discursos y sacarlo de ese estilo confrontacional que tantos dividendos le dio en su campaña electoral, pero que ahora en el gobierno lo pueden conducir a una debacle político-administrativa sin precedentes y a la soledad en el poder. Se le ciernen vientos otoñales que soplan desde los organismos de control, el poder judicial, los gremios, el Concejo Distrital, la Asamblea Departamental, el Gobernador del Departamento y la sociedad civil.

No le apostamos al fracaso de Dau, como lo hemos expresado en varias columnas anteriores. Si el alcalde fracasa, fracasamos todos. Pero a todos aquellos que despertamos el 28 de octubre de 2019 con la ilusión de ver el nacer de una nueva Cartagena nos asiste el derecho de reclamarle al alcalde cuando las cosas no van por buen camino; y actualmente no lo van.

Sobre la crisis financiera del Distrito ya hemos escrito de sobra. Creemos que todas las opciones están sobre la mesa, pero de la amplia gama de soluciones posibles preferimos la única que tiene fuerza vinculante: un acuerdo de restructuración de pasivos en los términos de la Ley 550/99. Para que las otras vías sean posibles, llámense Plan de Ajuste Fiscal y Financiero (Ley 617-2000), conciliaciones judiciales y extrajudiciales (Ley 1551-2012), o acuerdos de voluntades entre deudor y acreedores, se requiere que todos los extremos de la negociación estén de acuerdo.

Uno de los grandes problemas del Distrito radica en los embargos decretados entre 2019 y lo que corre de este año. Y el único mecanismo de los enunciados que contempla el levantamiento de las medidas cautelares y la suspensión de los procesos de ejecución es el acuerdo de restructuración de pasivos, además de que los acreedores del Distrito tendrían obligatoriamente que concurrir a él.

La preocupación nuestra con un Plan de Ajuste Fiscal y Financiero radica en el desbordamiento que puede haber en las acciones de embargo en contra del Distrito, no solo en lo que se refiere a las sentencias y conciliaciones exigibles sino a las demás obligaciones contractuales pendientes de pago cuando superen los seis meses sin ser canceladas.

De la única forma que un plan de ajuste fiscal y financiero pueda ser exitoso sería depurando la cartera moroso y vendiéndosela a la Central de Inversiones SA, Cisa. Empero, ello requiere la confianza y buena voluntad de los acreedores judiciales y extrajudiciales para lograr unos compromisos de pago. Sin perder de vista que colocarles ‘chepitos’ a los golpeados deudores del Distrito, que en su mayoría son micro, pequeños y medianos empresarios, así como deudores del predial de los estratos bajos, podría constituirse  en un grave sesgo tributario en tiempos de pandemia y pospandemia, que terminaría entorpeciendo el proceso de recuperación económica de estos sectores.

Los acuerdos de restructuración de pasivos han sido la salvación para las finanzas de muchas entidades territoriales, y lejos de constituirse en un estigma, como se nos ha pretendido vender la figura en Cartagena, ha sido el milagro económico de muchas ciudades como Barranquilla, que desde diciembre del año 2002, hasta agosto de 2018, estuvo acogida a este mecanismo de recuperación fiscal, y hoy es una ciudad ejemplo de desarrollo económico y social en el país.

Después de que el Distrito de Cartagena saliera del Plan de Ajuste Fiscal y Financiero 2001-2005, el presupuesto de la ciudad superaba con creces al de Barranquilla. Ahora, después de la finalización del acuerdo de restructuración, el presupuesto de Barranquilla para la actual vigencia casi duplica al de Cartagena.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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