El alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, en uno de sus acostumbrados mensajes vía internet, acusó al gobernador de Bolívar, Vicente Blel Scaff, de seguir pretendiendo «meterse en mi rancho«, por haber convocado a los secretarios del Interior del Distrito y del Departamento, a la Armada Nacional, al Ejército, a la Policía, a la Fiscalía y a otras autoridades a un Consejo Extraordinario de Seguridad con el fin de tomar acciones contra la delincuencia que azota a la Ciudad Heroica.
Como se recordará, ante el alarmante incremento de atracos y sicariatos en Cartagena, donde durante la semana que termina hubo por lo menos seis asesinatos, el mandatario de los bolivarenses manifestó que “es imperativo movilizar a la fuerza pública para contrarrestar lo que está sucediendo en Cartagena en medio de esta emergencia. La delincuencia acecha a nuestros ciudadanos y los casos de atracos y sicariato registrados en lo corrido de la semana no dan espera para que actuemos como gobernantes y cumplamos el compromiso de proteger a los nuestros”; y anunció la realización de “un Consejo de Seguridad Ampliado este lunes 15 de junio, a partir de las 9 nueve de la mañana, en la sede de la Armada Nacional“.
Ante el anuncio, el burgomaestre señaló que el gobernador «no tiene ni un pito que venir a tocar aquí; el alcalde es quien convoca al Consejo de Seguridad de la ciudad de Cartagena«.
¿Quién tiene la razón?
Aunque Dau dice que a Blel no le es dable convocar un Consejo de Seguridad para estudiar y tomar acciones sobre Cartagena, y en las redes sociales varios cibernautas le dan la razón al alcalde, diversos abogados han conceptuado que este -por lo visto – desconoce que el Decreto 418 del 18 de marzo de 2020, «Por el cual se dictan medidas transitorias para expedir normas en materia de orden público«, establece en su Artículo 2°, ‘Aplicación de instrucciones en materia orden público del Presidente de la República‘, que «las instrucciones, actos y órdenes del Presidente de la República en materia de orden público, en el marco emergencia sanitaria por causa del coronavirus Covid-19, se aplicarán de manera inmediata y preferente sobre las disposiciones de gobernadores y alcaldes. Las instrucciones, los actos y órdenes de los gobernadores se aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes» (hacer click).
«Esta norma es concordante con la Constitución Política de Colombia, que en su Artículo 296 dice exactamente lo mismo«, manifestó el abogado Javier Doria Arrieta, magister en Derecho Público y exsecretario del Interior del Distrito.
«Lo que podrán argumentar algunos es que los alcaldes de Cartagena, por ser esta un Distrito, no están subordinados a los respectivos gobernadores de Bolívar, y eso es cierto, pero solo en materia administrativa según lo dispone la Ley 1617 de 2013; esta Ley contiene las disposiciones que conforman el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los distritos. En otros aspectos, entre estos los de Orden Público, es claro que la Constitución y la Ley sí establecen una jerarquía«, expresó el conocido abogado.
«Otra cosa es que digan que aún no está turbado el Orden Público, pero hay soporte normativo y abundante jurisprudencia que permite a los mandatarios locales adoptar de manera urgente alertas tempranas con la intención de prevenir, atender y conjurar situaciones de riesgo que perturben el orden público y posibles violaciones a los derechos humanos, que sería el caso de Cartagena, según la Ley 1106 de 2016. Es cierto que lo ideal es que el alcalde hubiera sido el de la iniciativa pero, si no la tuvo, nada le impide al gobernador hacer lo que le corresponde; en materia de Orden Público estas acciones deben estar armonizadas con la respectiva Ley«, recalcó.
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