Por Danilo Contreras Guzmán *
La historia de Cartagena es también, y quizás esencialmente, una historia de segregación y estigmatización de su población vulnerable que se ha expresado de manera violenta pero también de formas sofisticadas y soterradas. En esto radica gran parte del fracaso de los modelos de desarrollo social y económico que hemos ensayado desde la colonia hasta en capitalismo desigual que concentra escandalosamente la riqueza en la Cartagena moderna.
La pandemia nos ha permitido observar, por lo menos esa es mi impresión particular, un autoritarismo estigmatizador de nuevo cuño, esta vez ejercido por un alcalde que goza de gran popularidad en amplios sectores de opinión por su incuestionable lucha contra las castas polítiqueras que han saqueado los recursos de la ciudad, pero que no para de excusar responsabilidades propias del gobierno en el manejo de la crisis, señalando a la ciudadanía de “andar pendejeando”, generalizaciones referidas a la “indisciplina social” de los cartageneros del común, así como en el tratamiento desigual en situaciones similares relacionadas con la tasa de contagios del Covid-19 dependiendo del estrato del sector o barrio en donde se han presentado cifras alarmantes como ha sucedido en localidades como Bocagrande y El Pozón. En este último se ordenó un cierre radical, mientras que en el primero solo se dispuso un puesto de control a la entrada del vecindario.
Esta estigmatización que segrega y maltrata la dignidad de los ciudadanos se erige en una fórmula de pensamiento que impide a las autoridades comprender a fondo la complejidad de los problemas sociales y, en consecuencia, activar soluciones eficaces que garanticen, en todos los casos, derechos fundamentales.
A este respecto, he citado en oportunidades anteriores al jurista brasilero Oscar Vilhena que define en su ensayo ‘Desigualdad estructural y Estado de Derecho’ lo que denomina “demonización”, señalando que “es el proceso por el cual una sociedad desdibuja la imagen humana de sus enemigos, quienes en adelante no merecerán estar incluidos dentro del reino de la ley”. Esta tesis me hacen reflexionar que en Cartagena la constante estigmatización de sectores vulnerables de la población fundamenta la omisión del Estado local respecto de su deber constitucional de proveer a los estigmatizados derechos fundamentales. Los estigmatizados son, en consecuencia, merecedores de su suerte por razón de su comportamiento de “pendejos” o de “indisciplinados sociales”.
Detengámonos en el caso del Mercado de Bazurto y del cierre ordenado hace unos días por el gobierno distrital. Durante una década de vida profesional me dedique al trabajo de reivindicación de derechos de comerciantes estacionarios que han proliferado en toda la geografía urbana pero que se ha concentrado muy especialmente en Bazurto. Haberme sumergido en ese mundo que es una verdadera economía que sustenta y alimenta a media ciudad, me ha llevado a comprobar patéticamente la forma en que diversas administraciones han omitido proveer soluciones constitucionales a los problemas de marginalidad que allí se expresan para recurrir al expediente fácil de la simple y burda represión.
La intervención de Bazurto venía siendo reclamada por importantes profesionales de la ciudad ante lo cual la administración se limitó a tímidas jornadas de aseo. Sin embargo, cuando se decide el cierre del mercado a una gran masa de sus usuarios, se aduce que dicho centro de abastos es un gran punto de contagios, lo cual es indiscutible y se procede a imponer restricciones.
Sin embargo, llama la atención que no medió una sola prueba aplicada a usuarios de la plaza a fin de constatar científicamente la presunción de que este centro de comercio, en efecto, era un espacio de propagación del virus. A la fecha, luego de varios días de cierre, no hemos conocido de una jornada sanitaria que aplique pruebas a los usuarios y comerciantes que aún ejercen sus labores en el mercado con fundamento en las excepciones previstas en las normas que ordenaron la clausura. No dudo en señalar que finalmente fue la superstición, antes que la ciencia, la que llevó a la adopción del cierre parcial del mercado.
Más estigmatizador aún me ha parecido que, mientras que ha sido la Armada Nacional con personal dotado de fusiles y vehículos de guerra, que han incluido carros artillados, los que han garantizado el cierre, la administración del mercado no cuenta a la fecha con personal contratado para realizar siquiera las labores ordinarias, que son menester para el funcionamiento de esa plaza de comercio, situación que persiste a fecha de hoy, de modo que el personal de la Alcaldía no ha podido ayudar a absolver y atender las inquietudes de los comerciantes de Bazurto y sus usuarios.
Entre tanto ,el gobierno aduce como uno de sus logros un drástico recorte de OPS, lo cual puede ser indicativo de que se recortan tanto las innecesarias, como debe ser, como las indispensables, a fin de complacer un mero anuncio de campaña. Grave omisión.
No se ha sabido tampoco de la construcción de una mesa de interlocución con colmeneros, carretilleros, camioneros, mayoristas y demás actores de la plaza. No está previsto. No se habla con los demonizados; estos solo deben obedecer. Tampoco de una campaña de entrega de tapabocas, de ayudas humanitarias o de una jornada pedagógica que intente educar a los “indisciplinados” o a los “pendejos”. Mientras tanto el movimiento en el mercado y sus alrededores sigue siendo intenso.
El pensador surcoreano Byung Chul Han, en su libro ‘Sobre el poder’, expone que la coerción demuestra una escasa capacidad de intermediación entre el gobernante y el gobernado. A mayor intermediación mayor es la expresión del poder pues se trabaja desde el otro y no contra el otro, y agrega que la imposición de la sanción y de la fuerza acredita el fracaso del poder.
El pueblo cartagenero, tal como lo he reclamado en otras notas, merecen un trato digno y ser edificado en una pedagogía de la autorregulación, mucho más en tiempos aciagos como el presente.
* Abogado especialista en Derecho Administrativo y magister en Derecho con énfasis en Derecho Público.
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