¡Si es Arias, entonces no!

Por Anthony Sampayo Molina *

La igualdad ante la ley es un principio que propugna por el rechazo de cualquier acto discriminatorio al momento de aplicar la norma al individuo, lo cual significa que la relativización de los derechos, determinada por antipatías o coincidencias ideológicas resulta incompatible con las nociones esenciales sobre las cuales se edifican los estados modernos.

El artículo 93 de nuestra Constitución
Política, contentivo del denominado bloque de constitucionalidad, establece que prevalecen sobre el ordenamiento interno los convenios y tratados internacionales ratificados por Colombia que reconocen los derechos humanos y prohíben su limitación aun en estados de excepción; y por vía jurisprudencial determinó que de este mismo bloque hacen parte el debido proceso en sus distintas manifestaciones, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad penal y de irretroactividad de la ley penal, conceptos que se encuentran consagrados en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre de 1948, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 y en la Declaración Americana sobre Derechos Humanos de 1969.

Para el año 2014, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en aplicación de la convención a un caso sometido a su estudio, determinó que toda persona debe tener la posibilidad de impugnar, en materia penal, la sentencia condenatoria que le fuera impuesta, indistintamente de si se tratara o no de una persona que ostentara un fuero o que estuviera sometido a un procedimiento especial. Desde ese preciso momento, tanto el Congreso como las altas cortes debieron adaptar el procedimiento interno contenido en la Ley 600 de 2000 para el caso de aforados, quienes eran juzgados en una única instancia ante la Corte Suprema, al estándar internacional fijado con dicha decisión, interpretación y reglas que, como ya se explicó arriba, prevalecen sobre el ordenamiento interno.

Desde aquellos tiempos, aunque de forma anónima y mucho menos mediática, desde la academia y estrados judiciales, abogados y facultades de derecho abogaban por reconocer ese derecho a todas las personas que eran sometidas a ese procedimiento especial, donde un único juez decidía de forma definitiva, en única instancia, todo lo relacionado con el caso.

Solo fue hasta el año 2018 cuando, a través del Acto Legislativo 01 de ese mismo año, se reglamentó en Colombia el procedimiento que garantizaba una segunda instancia a las personas aforadas. Se crearon dos salas: una especial de instrucción y una de juzgamiento, las cuales conocerían en primera instancia esta clase de procesos, estableciéndose así un procedimiento más garantista y acorde con los tratados y convenios internacionales ratificados por Colombia.

Luego, bajo este escenario, resultaría totalmente contrario a esos mismos derechos fundamentales reconocer dichas garantías solo a las personas que a partir de la expedición de la norma interna se vieran incursas en un proceso penal y, por el contrario, mantener en el mismo estatus de condenados a quienes fueron juzgados con base en procedimientos atentatorios contra los derechos humanos, y todo solo porque el Estado se demoró en cumplir con su deber.

La decisión de la Corte Constitucional relacionada con Andrés Felipe Arias, encaminada a otorgarle la posibilidad de apelar su sentencia, es eminentemente jurídica, no tiene nada que ver con lo que algunos extremistas o fanáticos políticos aseguran sin ruborizarse: que se trata de un claro acto de corrupción o un favor personal para el exministro de agricultura. Teoría conspirativa que emerge aún más absurda si tomamos en cuenta que hablamos de una Corte que en el pasado no solo impidió la segunda reelección del expresidente Uribe sino que, en la actualidad, ha frustrado la mayoría de pretensiones políticas del uribismo, verbigracia: todo lo relacionado con el proceso de paz, ley de financiamiento, dosis personal etc., sin mencionar, incluso, que la magistrada ponente del fallo fue atacada directamente por el partido Centro Democrático, cuyos miembros pretendieron la anulación de su nombramiento a través de una demanda ante el Consejo de Estado.

Podemos llenarnos de razones jurídicas para compartir o no las consideraciones que llevaron a la Corte Constitucional a tomar la decisión, pero no podemos caer en el facilismo de decir que había que esperar otro momento, o no aplicar esos criterios jurídicos y de humanidad a favor de Andrés Felipe Arias, solo porque se trata de él y de la corriente política que representa. ¿Es que acaso había que esperar o hacer un espulgue a ver quién merecía que se le reconocieran sus derechos humanos y quién no, o seguir inertes ante la situación irregular a la espera de que “sea el momento oportuno”?

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

.

 

Comments are closed.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial