Reactivación económica, POT y plusvalía

Por Emilio Rafael Molina Barboza *

Ante el reto que tenemos en materia de reactivación de la economía local por la crisis generada por la pandemia del Covid-19 se hace necesario que, dentro de las soluciones y alternativas contempladas, tengamos en cuenta que los Planes de Ordenamiento Territorial son instrumentos de planificación que favorecen las intervenciones económicas sobre el territorio.  

De hecho, las decisiones (acciones urbanísticas) que sobre el territorio se adoptan en un Plan de Ordenamiento Territorial, tales como la definición y distribución estratégica de usos, localización de la infraestructura para el transporte, para equipamientos como hospitales, localización de terrenos para la construcción de vivienda de interés social y localización de centros de producción, entre otras, en esencia permiten complementar la planeación socioeconómica con la dimensión territorial.  

En tal sentido, sobre este aspecto solo me detendré para mencionar que el proceso de revisión y ajuste de Planes de Ordenamiento Territorial también puede iniciarse, no solo por el vencimiento de la vigencia de los distintos contenidos de corto, mediano y largo plazo del POT, sino también por razones de excepcional interés público, o de fuerza mayor o caso fortuito, para lo cual, por ejemplo, se requiere la Declaratoria de Calamidad Pública.

Sin embargo, adicional a lo anterior, creo que ante la situación tan compleja que vivimos bien vale la pena, por lo menos, hacer el ejercicio de repasar los instrumentos de financiación para el desarrollo urbano que se encuentran establecidos en la Ley, de tal manera que podamos aportar nuevos elementos al debate que actualmente se está gestando en la ciudad relacionado con las medidas que se deben impulsar para sobreponernos a los efectos del Covid-19.

Pues bien, cuando hablamos de instrumentos de financiación para el desarrollo urbano nos referimos a la implementación de herramientas y, en general, fuentes de recursos, que posibilitan la financiación de la infraestructura vial principal, las redes matrices de servicios públicos, equipamientos colectivos (colegios, hospitales, bibliotecas, mercados), espacios para parques y zonas verdes, entre otras cargas del desarrollo territorial, para volver operativo el POT y así lograr la implementación de los proyectos en él contemplados.

Así las cosas, dentro de los instrumentos de financiación establecidos en la Ley que queremos resaltar podemos mencionar, entre varios, la plusvalía, la valorización, los fondos de compensación, la transferencia de derechos de construcción y desarrollo, los derechos adicionales de construcción y desarrollo y los bonos y pagarés de reforma urbana.

Solo por hablar acerca de uno ellos, tal vez uno de los más interesantes, nos referiremos a la plusvalía, señalando que este instrumento permite al Gobierno local captar el aumento del mayor valor del suelo generado por una acción exclusiva del municipio, de tal suerte que, grosso modo, reglamentada la plusvalía, son hechos generadores de ella la incorporación de suelo rural a suelo de expansión urbana o de suelo rural a suelo suburbano, el cambio de uso a uno más rentable, o cuando se autorizase un mayor aprovechamiento del suelo en edificación. La tasa de participación del municipio sobre la plusvalía generada podrá oscilar entre el 30% y el 50% del mayor valor del suelo, según lo establezcan los Concejos municipales o distritales.      

Como podemos ver, desde la Ley contamos con una gran variedad de interesantes instrumentos de financiación. Y después de repasarlos, ineludiblemente, debemos preguntarnos cuántás y cuáles de estas fuentes de recursos debemos implementar en nuestro POT ante las actuales circunstancias, con el propósito de superar más ágilmente los efectos del Covid-19 y, en ese orden, lograr sacar adelante los proyectos de ciudad importantes y necesarios para el desarrollo de nuestros territorios.

* Abogado, especialista en Derecho Urbano, Docente Catedrático, asesor y consultor legal

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