En homenaje a los maestros Héctor Abad Gómez y Carlos Gaviria Díaz

Por Orlando Díaz Atehortúa *

Ya hace más de un lustro, desde ese final de marzo del año 2015, que  falleció, en forma natural, Carlos Gaviria Díaz; el gran amigo, defensor de los Derechos Humanos, maestro, en un sentido mayúsculo de la palabra; en suma, un amante del conocimiento y de la ética, a toda prueba, que nos deleitaba, por su vasta cultura en sus clases de introducción al estudio del Derecho, en su cátedra de filosofía jurídica, en el alma máter, la Universidad de Antioquia, donde hacía gala de sus dotes académicas, con su entrañable compañero de faenas intelectuales Benigno Mantilla, ambos adalides de la revista de la Facultad de Derecho.

Se debe recordar que en 1987, hace 33 años, se presentaba una situación caótica (no muy diferente a la que ocurre en la actualidad) en nuestro país: hombres armados se pavonean a lo largo y ancho de nuestra patria, generando una arremetida villana y sanguinaria  contra los defensores y trabajadores de derechos humanos; quienes, en su mayoría, lo único que buscan es una sociedad  más justa, más equitativa para todos. Se cuentan por centenas las víctimas, líderes comunitarios y demás personas asesinadas en esa época; hasta el momento no se han silenciado los fusiles y, la verdad sea dicha, la voz del Estado siempre ha sido lánguida, ineficiente y está muy por debajo de las expectativas que tiene el mundo humanista para evitar y controlar esta grave problemática, esta barbarie, este genocidio, que en vez de disminuir, se acrecienta a pasos agigantados.

Lamentablemente, nos asiste, desde esos tiempos de los años 80, un duelo triste y permanente. En esa época fueron vilmente asesinados más de diez profesores insignes de la Universidad de Antioquia; entre ellos: Luís Fernando Vélez, Leonardo Betancurt, Pedro Luís Valencia, y el que era en ese entonces, integrante  del Comité por la defensa de los derechos humanos en Antioquia, el inmolado Héctor Abad Gómez, médico,  salubrista, profesor del alma máter. Este último escribió un bello opúsculo llamado Manual de Tolerancia; precisamente esos intolerantes, despiadados, le segaron su vida, con la excusa tonta, que pertenecía a un grupo subversivo. Excusa que también se emplea en estos momentos aciagos de nuestro país. Es imperativo que se comprenda que, en realidad, no a todo el mundo se le debe dar la connotación de guerrillero solo por tener una ideología diferente.

Probablemente fue asesinado por expresar en su obra Características del desarrollo científico en Colombia y su relación con la salud pública que, en nuestra patria, nos hemos: “…olvidado de la observación en conjunto de la vida humana, de las comunidades humanas, de sus otros problemas, tales como la pobreza, la desocupación, la injusticia, la violencia, la inseguridad, la deficiente organización social”. Cruelmente, las balas segaron la vida de este prohombre humanista. Esas muertes y las amenazas le dejaron un claro mensaje a esa sociedad inerme: ninguna persona está exenta de perder la vida si levanta su voz de protesta sobre un estado de cosas infames e inequitativas que en ese momento estaba sucediendo, y que ahora retornan, como reviviendo un pasado. Acallar el pensamiento crítico y las voces de las organizaciones políticas y populares es la mira esencial de estas aberraciones.

Desde hace más de 30 años, estos delitos de lesa humanidad continúan impunes; no ha pasado mayor cosa en cuanto a la persecución y penalización de estos crímenes. En un artículo de la Revista Semana, alias Don Berna afirmó que quien mató al médico había sido el propio Carlos Castaño por ser integrante este profesor, según su decir, de una célula del ELN; además porque, en su labor de defensa de los Derechos Humanos, “hacia algún tipo de denuncia, en la cual sectores de las fuerzas armadas se consideraban afectados” (leer ‘Detrás del crimen de Héctor Abad Gómez’). El profesor Abad será siempre recordado como un ejemplo de virtudes humanísticas. En ese tramo de su vida, con sus 66 años, fuera de estas inquietudes, en realidad, lo que también deseaba con toda su alma era estar en compañía de sus hijos, jugar con sus nietos, cultivar sus rosales, leer poesía y estar con sus entrañables amigos, entre ellos, el gran maestro Gaviria Díaz.

Presentía el gran maestro Gaviria Díaz que sus días estaban contados, pues también era considerado objetivo militar y estaba en la misma lista negra que el profesor Héctor Abad. Se pretendía, a sangre y fuego, “anularle el cerebro” (Abad Faciolince – 2006) a quienes denunciaran las desigualdades y violencia que se vivía en la región, en esos tiempos, nada de diferentes a los actuales. Luego de abrazar el cadáver de su amigo y compañero, tuvo que hacer sus maletas, en forma rápida, dirigiéndose al país argentino, buscando exilio, donde le colaboró el profesor Santiago Niño.

Luego de su exilio regresó al país para ocupar el cargo de vicerrector de la Universidad de Antioquia. Nunca se olvidó de sus grandes quilates de humanista, teniendo entre sus fortalezas la filosofía, la ética y un pensamiento liberal que aprendió desde su juventud; cambió las matemáticas, que también se contaban entre sus habilidades, por la abogacía (Abogar por el otro); de pronto, influenciado por su abuelo Fernando Díaz, letrado empírico, amante de la literatura, (Restrepo. Abril-junio de 2014. Pág. 75), así, junto con su familia materna, se recreaba nuestro personaje, entre libros, poesía, música clásica, en esa Medellín de principios del siglo XX, luego del suicidio de su padre, un periodista amateur.

Se debe recordar que Gaviria Díaz fue llamado a la Corte Constitucional, donde fungió como presidente. Con argumentos jurídicos sólidos defendió tesis liberales y de avanzada, de las cuales todavía algunas causan fuertes polémicas, como las del aborto, las de la eutanasia, el porte de la dosis personal de marihuana, la defensa de población LGTBI e impulsó un ordenamiento legal sobre equidad de género. Como candidato presidencial logró la más alta votación de la izquierda colombiana, para ese entonces, con 2’613.157 votos; sin embargo, siempre será recordado por su altura de gran maestro y de demócrata.

En su última conferencia, el 15 de marzo de 2005 en el Gimnasio Moderno de Bogotá, señaló “cuando uno habla de liberal en este momento, lo miran mal. El liberalismo tiene un sentido muy noble y es la libertad de pensamiento, el respeto por la opinión ajena… Otra cosa es el medio donde puede florecer, una sociedad de esa naturaleza no puede ser la de mercado, que es la que estamos viviendo”. En la revista de Ciencias Humanas – Volumen 8 – Enero de 2012 de la Universidad de San Buenaventura – Cali, escribió un artículo , sobre Fundamentos Éticos para la Democracia expresando que “el reto es construir una sociedad democrática y ello implica construir una sociedad de ciudadanos conscientes, que estén en condiciones de decidir y una sociedad que cumpla con una promesa tan bella, como que yo pueda invitar a otro que sea auténtico, a que se revele como es, a que no se disfrace y que sea veraz, con la certeza de que yo también lo sería y que nada malo nos va a suceder, por observar un mandato ético tan valioso como es la veracidad. Esa situación, hay que reconocerlo, está aún distante de la que hoy vivimos

En Colombia, siguiendo el hilo conductor del maestro, se dice que no debe haber discriminación por razones políticas, de género, religiosas o de orientación sexual. No obstante, la realidad es muy diferente; la nuestra es una sociedad bastante anti-democrática y peligrosa, donde en muchas ocasiones, se paga hasta con la vida una voz disidente. Con las estrategias del engaño y las mentiras, se nos presenta nuestra sociedad y los gobiernos de turno, como  los defensores de los  derechos fundamentales, de las garantías ciudadanas, de  las mujeres, las orientaciones sexuales diversas,  las negritudes, los indígenas y en general los medios de comunicación nos cacarean que por el hecho de votar cada cuatro años somos democráticos.  No obstante, se demuestra todo lo contrario, por el tipo de votaciones sesgadas, poco incluyentes, por la falta de conciencia social; por ignorancia y porque la mayoría de los ciudadanos de nuestro país tienen que satisfacer sus necesidades básicas y no pocas veces terminan vendiendo su voto por un plato de lentejas; lo anterior es de todos conocido.

Estimamos que el Estado de Derecho debe ser coordinado y permear el ámbito de la democracia real de un país, con sus vertientes claras de:

1) El imperio de la ley como una máxima expresión de la voluntad del pueblo. Según el artículo sexto de la declaración francesa de 1789, no cualquier acto administrativo del ejecutivo puede ser considerado como Ley, sino aquel que provenga de la libre participación popular, con la Constitución como referente principal. En caso de que el poder ejecutivo expida esos actos o leyes deberán atender los intereses del pueblo, como constituyente primario. Si se presentare un desvío de estas finalidades superiores, por ejemplo, al crear impuestos sin facultades, podrán ser investigadas y/o analizadas estas normas por otro organismo estatal, el cual estará en capacidad de sacarlas del orden jurídico.

2) División de poderes. Es lógico que las ramas del poder público se colaboren armónicamente, que la Administración de Justicia es autónoma e independiente y que el poder legislativo que representa la soberanía popular, es la que coadyuva a que los actos normativos que realice el Gobierno estén de acuerdo a los intereses superiores del pueblo, no siendo aceptable que esas facultades le sean abrogadas o despachadas por otro órgano de poder, en nuestro país el Ejecutivo.

3)  Un control de fiscalización por otras ramas para evitar la arbitrariedad y que exista un respeto estricto con la Constitución y la Ley. La rama legislativa debe ejercer un control político, además, nuestro país, cuando se trata de decretos de emergencia (por ejemplo, las 72 leyes, expedidas por el Ejecutivo, al amparo de la primera emergencia económica) tiene un control automático, que lo ejerce la Corte Constitucional, máxima garante y defensora de la Constitución Política, la cual puede declarar ilegal cualquier decreto por vicios de forma o de materia.

4) La protección de los derechos y libertades fundamentales de las personas, que constituyen en últimas ‘La razón de ser’ del Estado de Derecho, constituyendo el basamento para una real apuesta por la dignidad y una igualdad material para todos los seres humanos.

Debemos permitir entonces que el Congreso realice sus labores, que el máximo organismo rector constitucional ejerza sus funciones, en forma independiente, en derecho, para que sin ningún temor alumbre los caminos jurídicos legales, que bien o mal emprendió el Ejecutivo. Es esta Corte la que tiene que enderezar, aclarar, aceptar o rechazar sus decretos en esta pandemia.

Necesita el poder soberano del pueblo que la actual Corte Constitucional nos recuerde la entereza, verticalidad e independencia que tuvo ese  organismo rector constitucional entre los años 1993 al 2001, de la cual el maestro Carlos Gaviria Díaz fue su presidente en el año 1996, expidiendo,  en contra de una normatividad anclada en la Constitución de 1886, sentencias que, como se dijo, todavía causan polémica por lo avanzadas y liberales de las mismas, referentes a la protección de los derechos fundamentales y de las garantías ciudadanas. Solo así, pienso, encontraremos un poco de luz en esta oscura noche.

* Abogado especializado en Derecho Penal y es magister en Derecho Procesal. Magistrado de la Sala Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Cartagena.

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