“El servicio de alumbrado público deben seguir pagándolo los usuarios”: Distrito

Con base en el Artículo 5° del Decreto Legislativo 513 del 2 de Abril de 2020, suscrito por el presidente de la República, Iván Duque Márquez y todos sus ministros, las entidades territoriales pueden asumir el costo del servicio público del alumbrado público, para lo cual los distintos mandatarios deben dejar de facturarlo y disponer que el pago a sus prestadores se asuma de los recursos del Sistema General de Regalías.

De acuerdo con lo que se informó en su momento, el propósito del Gobierno Nacional es aliviar las cargas de los ciudadanos que, por causa del confinamiento a que se han visto obligados por la expansión del coronavirus, han disminuido dramáticamente sus ingresos.

Por ello, dispuso que a partir del mes de abril se les deje de cobrar el impuesto de alumbrado público a los usuarios, para lo cual los correspondientes distritos y municipios deben solicitar a las empresas que realicen el recaudo que excluyan el valor de dicho servicio de las respectivas facturas.

Asimismo, con el fin de no desfinanciar la prestación del servicio, tal como lo contemplan el Estudio Técnico de la Ley 1819 del 2016 y el Decreto 943 del 2018, se estableció que el costo mensual aproximado que se recauda por el mismo se asuma -como ya se dijo – con recursos del Sistema General de Regalías.

No obstante, en concepto de la secretaria general del Distrito, Diana Martínez Berrocal, “el servicio de alumbrado público debe continuar prestándose y facturándose en la forma que se viene realizando“, como le expresó la funcionaria al representante legal del concesionario del servicio en Cartagena, Raymundo Pereira Lentino

En criterio de la secretaria general, delegada para asuntos de servicios públicos, “la medida relacionada en el Decreto tiene carácter facultativo y discrecional del ente territorial quien podrá analizar la viabilidad de esta clase de proyectos previa verificaron legal y de la capacidad financiera que lo hagan procedente“.

“Los cobros a los usuarios deben suspenderse”: concesionario

Contrario a lo que piensan los funcionarios distritales, los concesarios del alumbrado público en Cartagena están convencidos de que “el Decreto suspendió el cobro de la carga impositiva y la entidad que lo recauda -en este caso Electricaribe – no puede facturarlo, porque podríamos estar, presuntamente, frente a una conducta punitiva“, tal como lo asevera, en carta a la secretaria general de la Alcaldía, el representante legal del concesionario, Raymundo Pereira Lentino

En concepto de Pereira, “el Decreto creó una fuente de pago para ese gasto a cargo de los entes territoriales“, y “esa fuente“, dijo, “es el Fondo Nacional de Regalías, porque en los presupuestos municipales ese rubro es cero o una cifra simbólica“.

Estamos frente a una crisis económica mundial originada por el coronavirus que ha obligado al Gobierno Nacional intervenir todas las actividades de la economía, buscando aliviar las cargas de los ciudadanos. Podríamos decir que solo los empleados públicos tienen sosiego“, manifestó el concesionario en su oficio a Martínez.

Y como por causa de esa crisis “los empresarios y comerciantes ya no tienen reservas para atender las obligaciones laborales del mes de mayo de 2020“, explicó Pereira, “entre las obligaciones que el Gobierno Nacional decidió suspender, temporalmente, para aliviar a los ciudadanos, aunque individualmente sea mínima la ayuda, está el impuesto de alumbrado público“.

En su carta al Distrito, el representante del concesionario del alumbrado público recalcó que “la suspensión temporal de ese gravamen, hecha por decreto legislativo, es una decisión presidencial de obligatorio cumplimiento, (que) no admite discusión ni interpretación, y es un alivio para el contribuyente de todos los estratos“.

Otros temas por atender

Pero el debate sobre si lo dispuesto en el Decreto Legislativo 513 del 2 de Abril de 2020 en materia de facturación del alumbrado público es o no de obligatorio cumplimiento no es el único asunto que deberán dilucidar el Distrito y los concesionarios del servicio.

De acuerdo con lo que se ha podido establecer, desde principios de este año se ha intentado en reiteradas ocasiones instalar una mesa de trabajo para redefinir los costos de operación y mantenimiento del servicio, el cual se estableció en el año 2019 en $430 millones mensuales, un monto que -a juicio de los concesionarios – resulta insuficiente para cubrir sus obligaciones.

De igual forma, se debe responder -en el sentido que fuere – un reclamo radicado en mayo de 2018 sobre un desequilibrio contractual, así como definir quién y cómo continuará operando el sistema semafórico de la ciudad, el cual tiene un costo mensual de $300 millones, entre otros temas.

En concepto del ingeniero William Murra Babún, representante legal de la Interventoría del servicio: la fima QBM2, la situación es cada día más crítica y está a punto de salirse de control, por lo que es necesario que, en el término de la distancia, se busquen fórmulas legales y financieras para evitar que en cualquier momento el servicio deje de prestarse por la imposibilidad económica de administrar, operar, mantener y expandir tanto el alumbrado público como la semaforización.

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