Contralor de Bolívar le pone lupa a contratos relacionados con la Calamidad Pública

Los alcaldes de los distintos municipios de Bolívar tendrán que revisar muy bien qué documentos firman amparados en la Calamidad Pública decretada con ocasión de la pandemia del coronavirus.

La razón: el contralor departamental, Eduardo Sanjur Martínez, les envió a todos los burgomaestres de Bolívar una Circular, la número 008-2020, mediante la cual los instó -a ellos y a los restantes ejecutores del gasto – “a realizar un uso adecuado y proporcionado de las figuras de Calamidad Pública y/o Urgencia Manifiesta, de conformidad con los criterios y requisitos jurídicos establecidos (…), con el objeto de poder ejercer un control fiscal oportuno y eficiente“.

En otras palabras, se trata de un control de legalidad -en cumplimiento de lo dispuesto en las Leyes 80 de 1993 y 1523 del 2012 – a los contratos suscritos con base en la calamidad pública decretada por los alcaldes.

Y, por lo visto, no todos atendieron su recomendación. De acuerdo con lo informado por Sanjur Martínez a Revista Metro, la Contraloría Departamental procedió a realizar controles de legalidad en todos los municipios de Bolívar, encontrándose con que el alcalde del municipio de Hatillo de Loba, Oledis Arias Jiménez, suscribió dos contratos supuestamente para atender la necesidades originadas por la pandemia del Covid-19, pero un estudio llevado a cabo en la Oficina Jurídica de la entidad determinó que el uno era para una obra pública y el otro para la respectiva interventoría.

De acuerdo con el contralor, dichos contrato “no estaban intrínsicamente relacionados con lo que establecía el Plan de Acción específico que se debía tener en cuenta para desarrollar la Calamidad Pública”, y por ello “tomamos la decisión de pronunciarnos y determinamos que era improcedente e inviable esa contratación“.

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