Por Felipe Merlano de la Ossa *
En el Decreto 1564 del 27 de diciembre de 2019, mediante el cual se “Liquida el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital y Recursos de Fondos Especiales; las Apropiaciones de Funcionamiento y de Servicio de la Deuda, así como Plan de Inversiones para la Vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2020 en el Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias”, se incluyó el Capítulo X: “Plan de Saneamiento Fiscal y Financiero”.
Es la primera vez después del año 2001, cuando se presentó la más profunda crisis fiscal de la Ciudad Heroica, que se llega a una situación de esta naturaleza. Ni siquiera en el año 2012, cuando la Administración distrital entrante descubrió un inesperado déficit de tesorería, de decenas de miles de millones de pesos, en la fuente de ingresos corrientes de libre destinación, hubo de incluirse un capítulo de este tenor en el Presupuesto distrital. En esa ocasión, el gobierno saliente no advirtió al gobierno entrante del descalabro financiero.
En el artículo 107 del capítulo X del Decreto arriba citado, se encuentra que el Concejo autorizó al alcalde distrital para iniciar un Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero (PSFF), de acuerdo con lo estipulado en la Ley 617 de 2000, el Decreto 192 de 2001 y en otras disposiciones legales concordantes y complementarias.
De igual forma, se le permitió al alcalde reorientar recursos para obtener los ingresos suficientes para cumplir con el Programa de Saneamiento Fiscal. Como fuentes de financiación, se definieron los ingresos corrientes de libre destinación, sobretasa a la gasolina, el 20% de las Estampillas distritales, Estampilla Procultura y Estampilla Años Dorados.
El monto máximo de aportes para el PSFF fue estimado -para el cuatrienio 2020, 2021, 2022 y 2023 – en $396 mil millones, distribuidos equitativamente en las cuatro vigencias fiscales, con aportes máximos por año de $99 mil millones.
Esa cifra abismal resulta de lejos alarmante. En efecto, la anualidad equivale a la mitad de la inversión que el Distrito puede financiar con recursos propios durante una vigencia. Sus efectos en el gasto social son dramáticos. Y todo esto sin incluir los costos de la externalidad del Covid-19. Si juntamos ambos fenómenos, la hacienda distrital tendrá que realizar su mejor y más grande esfuerzo para llenar el hueco fiscal y lograr la reactivación del aparato productivo, el mayor generador de empleos, ingresos, impuestos y divisas en Cartagena de Indias.
El PSFF arranca con unos aportes iniciales de $54 mil millones, provenientes de los ingresos corrientes de libre destinación (ICLD), previamente asignados a las siguientes Unidades Ejecutoras: Despacho del Alcalde ($6 mil millones), Secretaría de Hacienda ($21 mil millones), Localidad Histórica y del Caribe ($4 mil millones), Localidad de la Virgen y Turística ($4 mil millones), Localidad Industrial y de la Bahía ($4 mil millones), y Sentencias y Conciliaciones ($15 mil millones).
En el artículo 109 del Decreto 1564 de 2019 se contempló un sistema de control al PSFF, que le impone al alcalde de Cartagena presentar al Concejo distrital, en cada vigencia fiscal, “un Proyecto de Acuerdo con el desagregado de los pasivos a cancelar, donde se detalle como mínimo los siguientes aspectos: Tipo de pasivo, concepto de pago, beneficiario con su identificación, acto administrativo o sentencia judicial que lo ordena o soporta, concepto del área jurídica de jurídica de la Alcaldía y acto Administrativo de reconocimiento administrativo por parte de la administración Distrital”.
Así mismo, se contempló la presentación, por parte de la Administración distrital al Concejo, de un informe detallado de la ejecución del PSFF.
Dentro del campo de acción del Plan se contempló -entre otras cosas – cubrir el déficit a 31 de diciembre de 2019 del Instituto de Recreación y Deporte de Cartagena -IDER – y el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT.
Estos estamentos, de acuerdo con información de la Comisión de Presupuesto del Concejo distrital, reportan un déficit a 31 de diciembre de 2019, de $10.040.946.000 y $4.2496.066.677, respectivamente.
Lo anterior quiere decir que los entes encargados de la movilidad y el deporte se encuentran dentro del Plan de Saneamiento y, por lo tanto, para la cancelación de sus cuentas por pagar, reservas presupuestales y vigencias expiradas, deberán seguir las reglas de la Ley 617 de 2000, el Decreto 192 de 2001, el Decreto 1564 de 2019 y demás disposiciones pertinentes.
Por lo que se desprende de las normas citadas, es dable entender que las transferencias de recursos económicos que el alcalde anunció el pasado martes 14 de abril de 2020, para pagar deudas contractuales del IDER, que hacen parte del déficit de los $11 mil millones, y el traslado presupuestal realizado mediante el Decreto 0550 del 23 de abril de 2020, que acredita el rubro de Déficit Fiscal – Impuesto de vehículo automotor, con $370.044.300, estarán supeditados a los procedimientos legales respectivos y los controles correspondientes al PSFF.
Con relación a los casos del DATT e IDER, instituciones de gran trascendencia para el desarrollo social y humano, hay una conversación pública que no se ha abordado y resulta vital para la sostenibilidad fiscal y financiera de Cartagena de Indias: ¿es organizacional, administrativa y financieramente racional, asumir las funciones misionales de un ente territorial, como la salud, el transporte, la vivienda, el deporte y el turismo, a través de entidades descentralizadas, frente a la opción de hacerlo mediante Secretarías de despacho, que garanticen los recursos para el cumplimiento de esas actividades fundamentales?
El multimillonario déficit fiscal y el coronavirus han puesto sobre la palestra esta discusión. Es hora de dar el debate público y tomar decisiones para el fortalecimiento de la Alcaldía de Cartagena, una institución republicana del siglo XIX, con una estructura organizacional del siglo XX, que debe dar respuesta a los desafíos del siglo XXI, en una metrópolis que es patrimonio histórico y cultural de la humanidad.
Barranquilla, nuestra ciudad hermana y vecina, que en forma recurrente nos recuerdan como ejemplo de desarrollo urbano, social, ambiental y económico, cuando inició su proceso de recuperación y transformación, luego de tocar fondo con la politiquería y la corrupción, implementó nuevos estatutos tributario, presupuestal, valorización y plusvalía; así como una nueva estructura organizacional que garantizaba mayor eficiencia, menores costos de funcionamiento y control efectivo y eficaz.
Cuando se observa la espectacular evolución de La Arenosa, es obligado analizar si en algo influyeron esas medidas de fácil e indispensable aplicación.
* Economista con especialización en Finanzas y Legislación Financiera. Exsecretario General y exsecretario de Hacienda de Cartagena.