Por Agustín Leal Jerez *
Es la más grande de las tiranías homogeneizar la canasta familiar, so pretexto de brindar una ayuda humanitaria. Para poder comprender la economía de la pobreza hay que vivirla muy de cerca. Mucho se ha comentado en estos días acerca de los mercados que se están repartiendo en la ciudad por parte de todas las autoridades y de particulares altruistas. La verdad es que, lejos de pensar en hechos de corrupción, que no nos consta que los haya habido, criticamos este proceso porque creemos que es el peor sistema para resolver la crisis entre todos los existentes.
Primeramente, la pandemia tiene unas características de propagación que hace que este método, lejos de brindar una ayuda, termine convirtiéndose en un vector más de propagación del virus.
Para la Administración Pública contratar no es fácil, porque aunque por razones de la calamidad pública lo puede hacer directamente, esto no la exonera de cumplir con los principios de la Contratación Estatal. El solo hecho de ofertar a la Administración Pública demanda unos costos de oportunidad y una carga tributaria que encarece la contratación per se; aunado a los costos de logística y de administración. En otras palabras, podemos estar hablando de sobrecostos que superan el 20% del valor del precio unitario del producto, sin contar con las horas-hombre del personal de la administración que se emplea en el proceso y los riesgos de contagio que estos asumen. Es decir, que si se contratan $1.000 millones en mercados, se enmarañan $200 millones en las cargas expuestas, sin contar con los otros factores enunciados.
La economía de la pobreza en Cartagena pivotea en tres ejes fundamentales: el trabajo informal (rebusque), el ingenio de las mujeres para rendir los recursos y las tiendas de barrio. Últimamente se ha sumado a este ecosistema económico peculiar los beneficios periódicos, como es el caso de Familias en Acción. A nuestra mente burguesa capturada por el consumismo le es imposible creer que más del 40% de la población de cartageneros y cartageneras subsisten con un ingreso igual o inferior al medio salario mínimo mensual. Este milagro de Dios ocurre todos los días en la ciudad, desde antes del coronavirus.
Con el advenimiento de la pandemia, nos hemos dado a la tarea de alterar este ecosistema económico con el más noble de los propósitos: brindar una ayuda humanitaria al sector de la población más golpeado por el confinamiento obligatorio.
Los más rancios economistas ortodoxos del todo el mundo coinciden en que el gasto público es el arma letal con la que se puede resolver la crisis generada por la pandemia; hasta el punto que muchos de ellos hablan del famoso dinero helicóptero, que no es más que irrigar grandes cantidades de dinero en el mercado.
El alcalde William Dau, en uno de sus tres puntos de su programa de gobierno, interpretó bien este fenómeno al exponer: “irrigar cantidades masivas de dinero en los sectores vulnerables de Cartagena…” Esto como «acciones a corto plazo, mientras se trabaja en el implementación de soluciones definitivas a los problemas de Cartagena”.
Entendió en ese momento el alcalde que mientras se resolvieran los problemas estructurales de la pobreza en Cartagena debía implementarse ese sistema para paliar las necesidades más inmediatas de los cartageneros y cartageneras. Pero llegó la urgencia de la pandemia y la Administración distrital ha optado por el sistema más ineficiente para solventar el problema: repartir mercados.
La solución es esa, alcalde Dau, repartir el dinero mediante cualquier sistema que el usuario lo pueda hacer efectivo. Lo otro perturba seriamente la economía barrial, además de homogeneizar la canasta familiar y ser un foco de posible brote de corrupción política y administrativa. El sistema de reparto de mercados ha fracasado en todas las partes del mundo, desde la misión Care de los gringos, las cuotas de racionamiento en Cuba y las cajas Clap del régimen chavista.
En nuestro medio ya está generando una falsa demanda que amenaza con el desabastecimiento y el aumento de precios de algunos productos. La canasta familiar de los sectores a los cuales va dirigida la ayuda humanitaria es más diversa, económica y eficiente. Por decreto, casi que estamos obligando a la gente a comer, frijoles, lentejas, atún y pastas de las peorcitas.
Las comunidades marginadas ya no aguantan más. Esto va a explotar si no somos capaces de manejar correctamente la coyuntura actual.
No matemos al tigre y después le huyamos al cuero.
* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.
