15 concejales se quejan de que el Ejecutivo no actúe con celeridad en lucha contra el Covid-19

Para 15 de los 19 concejales de Cartagena, el Distrito viene desconociendo sistemáticamente, “de manera arbitraria” y “poniendo en riesgo la salud pública“, las medidas de urgencia tomadas por el Gobierno Nacional con el fin de dotar a las entidades estatales de las herramientas jurídicas requeridas para enfrentar de forma oportuna y eficiente la pandemia del coronavirus.

De acuerdo con lo que se pudo establecer, a varios cabildantes les inquieta que -según ellos – las acciones que adopta el ejecutivo para evitar la propagación del Covid-19 son demasiado lentas, lo cual es fácil evidenciar -aseguraron – si les compara con las que se toman en otras ciudades para el mismo fin.

De igual forma, les preocupa que, a pesar de haber decretado la calamidad pública el 17 de marzo y la emergencia manifiesta cinco días después, el Ejecutivo invierte más tiempo en solicitar el apoyo económico del sector privado, invocando la solidaridad de sectores que padecen sus propios dramas, que en ejecutar un auténtico “plan de mitigación de la pandemia (…) conforme a los lineamientos de las autoridades nacionales“, contando con los recursos para ello.

Por ello, en carta enviada al procurador general, Fernando Carrillo Flórez, 15 concejales solicitaron la “intervención urgente e inmediata” del Ministerio Público por las “graves omisiones” del Ejecutivo distrital en la adopción de las medidas requeridas para mitigar los efectos del coronavirus.

Tras manifestar que “lo que está en juego no es solo el posible colapso del sistema de salud colombiano (…) sino la vida misma“, los cabildantes advirtieron que la Alcaldía “a pesar de la necesidad manifiesta, no ha realizado ninguna inversión significativa, y además, dilata y demora la entrega de alimentos como ayuda humanitaria o la contratación de albergues temporales para personas en condición de calle, pues retrasa la entrega de las ayudas hasta que alguna persona preste camiones para transportarlos o la contratación de los albergues sin ninguna justificación de fondo“.

Según los quejosos, en Cartagena “no se ha realizado ninguna inversión para el fortalecimiento de la red pública hospitalaria (…), sin contar las demás decisiones y acciones que debe tomar la administración distrital“.

En su oficio, los concejales señalaron que “se evidencia que el señor alcalde (…) omite y retarda injustificadamente funciones propias de su cargo, permitiendo que se origine un riesgo grave y un posible deterioro de la salud de los habitantes del Distrito, lo que a la luz del numeral 38 del Artículo 48 de la Ley 734 es considerado como una falta disciplinaria gravísima“.

Con fundamento en lo anterior y en vista de que con el actuar reiterado del alcalde (…) se está poniendo en riesgo la salud pública y con ello la vida y dignidad de la ciudadanía, muy respetuosamente solicitamos de manera urgente su intervención inmediata y preventiva para efectos de conminar a la alcalde mayor a la toma de decisiones apropiadas y dentro del marco jurídico que le permite una mayor eficiencia, celeridad e inmediatez en la satisfacción de las necesidades ciudadanas actuales“.

La carta al procurador fue firmada por los concejales David Caballero Rodríguez, Óscar Marín Villalba, Fernando Niño Mendoza y Rodrigo Reyes Pereira, del Partido Conservador; Carlos Barrios GómezLuis Cassiani Valiente y Wilson Toncel Ochoa, de Cambio Radical; Gloria Estrada Benavides, Kathya Mendoza Saleme y Hernando Piña Elles, del Partido Liberal; César Pión González y Lewis Montero Polo, del Partido de La U; y Liliana Suárez Betancourt, Carolina Lozano Benito-Revollo y Laureano Curi Zapata, de la Alianza Social Independiente.

Leer Carta al procurador Fernando Carrillo Flórez

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