Concejo para una calamidad

Por Felipe Merlano de la Ossa *

El gobierno de Cartagena de Indias convocó a sesiones extraordinarias al Concejo de la ciudad, para que estudie y se pronuncie sobre dos proyectos de Acuerdo. Uno, relacionado con amnistías y condonaciones tributarias sobre los impuestos locales; otro, para reducir las deudas con el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte -Datt. El Concejo inició el respectivo análisis y discusión, bajo un esquema virtual, apoyado en nuevas tecnologías, propicias para estos días de cuarentena y aislamiento social.

??????????El proyecto de Acuerdo “Por mediante el cual se establecen beneficios de pago de intereses moratorios aplicables a las deudas tributarias de las vigencias 20019 y anteriores, y se dictan otras disposiciones”, contempla -para el caso del Impuesto Predial – la liquidación de intereses moratorios equivalentes al 10% y 25% de la tasa de usura diaria, determinada por la Superintendencia Financiera, para las modalidades de crédito de consumo, reducido en dos puntos porcentuales, para quienes cancelen sus obligaciones en cualquiera de los siguientes períodos: i) desde la fecha de promulgación del Acuerdo hasta el 31 de mayo de 2020, y ii) del 1 de junio hasta el 30 de junio de 2020, respectivamente.

Los descuentos aplican tanto en caso que se realice el pago total de la deuda o sobre el pago de las vigencias seleccionadas por el contribuyente. Así mismo, aplican para cuando se suscriban acuerdos de pago, cancelando el 30% del total de la deuda y difiriendo el saldo restante.

De igual modo, se contemplan otros beneficios para los contribuyentes responsables, agentes de retención y autorretenedores del Impuesto de Industria y Comercio.

Esta iniciativa del Ejecutivo surge de la apremiante y urgente necesidad de recaudar un mayor volumen de ingresos corrientes de libre destinación, para atender, en primer término, la calamidad pública por la pandemia del Covid-19 y, en segundo lugar, el desbordado déficit fiscal heredado de la vigencia fiscal de 2019.

Al leer la noticia, algunos miembros de la Tertulia de Marbella volvieron a hacer la pregunta obligada: ¿puede el Concejo distrital aprobar condonaciones o amnistías tributarias sobre los impuestos territoriales o subnacionales?

En mi opinión, este tipo de descuentos de intereses moratorios no son constitucionales ni legales en tiempos de normalidad política, económica y social. De hecho, la Dirección de Apoyo Fiscal -DAF – del Ministerio de Hacienda, se ha pronunciado, desde hace rato, sobre este tema: “los tratamientos preferenciales que se traduzcan en amnistías, condonaciones y descuentos de intereses, cualquiera de ellos, en los que se ofrezca una rebaja del capital en mora y los intereses causados, están prohibidos y son inconstitucionales porque atentan contra los principios de igualdad y equidad tributaria” (DAF – Biblioteca Virtual – Boletín de Apoyo a la Gestión Tributaria de las Entidades Territoriales, No.1, septiembre de 2006, página 10).

Sin embargo, este mismo organismo técnico contempla que “solo en situaciones realmente excepcionales pueden llegarse a tomar estas medidas con la debida justificación que demuestre la necesidad, la razonabilidad y proporcionalidad de las mismas, de modo que permitan contrarrestar los efectos negativos que puedan gravar de una manera crítica al fisco o restablecer la capacidad contributiva de los deudores, sin perjuicio de la vigilancia que ejerzan los organismos de control por el manejo de los recursos públicos” (DAF – Biblioteca Virtual – Boletín de Apoyo a la Gestión Tributaria de las Entidades Territoriales, No.1, septiembre de 2006, página 10).

Sobre este tema existe abundante jurisprudencia tanto en los Tribunales como en el Consejo de Estado. De igual modo, pronunciamientos de las autoridades fiscales y doctrina de consagrados jurisconsultos especializados en esta materia.

Como fuente de información alternativa para el estudio del proyecto en cuestión se aporta la respuesta que la Subdirección de Fortalecimiento Institucional Territorial de la Dirección de Apoyo Fiscal (Ministerio de Hacienda y Crédito Público) ofreció a través del concepto 2688 del 30 de enero de 2019, a la pregunta: “¿si bajo la normatividad de la Ley 1943 de 2028 [Ley de Financiamiento] artículos 107 y 100, los entes territoriales pueden aplicar descuentos a los intereses de los impuestos de Industria y Comercio, Predial, entre otros, y si los entes territoriales con aprobación del Concejo o la Asamblea pueden aplicar descuentos sobre intereses y sanciones de los impuestos, tasas y contribuciones territoriales, que se encuentran en mora?”. El subdirector Luis Fernando Villota respondió que del análisis de la ley arriba mencionada, se evidencia que el beneficio aplica al resto de multas, sanciones y otros conceptos de naturaleza no tributaria”.

En la muy completa Exposición de Motivos de este Proyecto de Acuerdo, desarrollada en alrededor de 15 páginas, se trae una abundante justificación jurídica, financiera y técnica, en la cual sobresalen dos principales: 1) Que el país y el Distrito se encuentran en emergencia económica y social, y han declarado la calamidad pública en el territorio, y 2) La precariedad de las finanzas públicas de Cartagena de Indias, que presentan un multimillonario déficit de tesorería que fluctúa entre los $100 mil millones y los $500 mil millones, dependiendo si se incluyen o no las cuentas que están por auditarse en el Departamento Administrativo Distrital de Salud -Dadis.

Si bien son conocidas las tensiones que existen entre el alcalde Dau y un grupo mayoritario de concejales, y que -desafortunadamente – estas se han agudizado en los últimos días, el Concejo de Cartagena debe elevarse al nivel de Honorable y actuar con responsabilidad social en esta hecatombe que afecta a un millón de habitantes, de todos los estratos socioeconómicos y, de manera inclemente, a los grupos más vulnerables de nuestras comunidades.

No obstante, aún si el Concejo distrital llegase a aprobar el Proyecto de Acuerdo presentado por el alcalde y su equipo económico, quedan otros asuntos a considerar:

En plena crisis social y económica, sin saber cuánto más durará el aislamiento social ni cuándo retornarán los hogares y empresas a la normalidad, se recuperarán las dinámicas cotidianas de la ciudad y se iniciará la reactivación de la economía formal e informal, ¿hasta dónde estarán dispuestos los contribuyentes a utilizar sus menguados recursos para aprovechar los beneficios tributarios que ofrece el gobierno distrital?

Sin tener claridad sobre hasta cuándo llegará la cuarentena, ¿cómo se harían los pagos, en forma virtual o presencial?

¿La proyección de ingresos marginales esperados corresponde a la evidencia histórica de períodos anteriores? ¿Se castigaron las estimaciones con un factor que recoja los efectos de la actual recesión, el déficit fiscal local, la tasa de desempleo, el deterioro de los ingresos permanentes y ocasionales, entre otras externalidades coyunturales que inciden sobre las expectativas racionales de los agentes económicos?

¿Las condonaciones o amnistías tributarias son un instrumento principal o complementario de la estrategia financiera y fiscal para superar la crisis económica sobreviniente a la calamidad pública? ¿Cuál ha sido el comportamiento del recaudo de vigencias anteriores del predial en 2020 comparado con los cinco años anteriores? ¿La tendencia anticipada es es que continúe, aumente o disminuya? ¿Quién en el gobierno está pensando en el día después del coronavirus?

Por lo pronto, estaremos expectantes a conocer cuál será el Concejo para la calamidad pública.

* Economista con especialización en Finanzas y Legislación Financiera. Exsecretario General y exsecretario de Hacienda de Cartagena.

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