Un enfoque socio económico de la pandemia en Colombia

Por Eduardo Arellano González *

En mayo del año 2001, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO – daba a conocer, a través de su página de internet http://www.fao.org/FOCUS/s/rightfood/right1.htm, los alimentos: derecho humano fundamental.

Pero ya la Declaración Universal de los Derechos Humanos había establecido desde 1948: “Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud y el bienestar, y en especial la alimentación (…) Pese a que todos los países del mundo reconocen directa o indirectamente el derecho a los alimentos, el hambre, producida por la guerra, la sequía, las catástrofes naturales, (Pandemias) o la pobreza, sigue causando mucho sufrimiento. Y la pobreza, una de las causas del hambre, también es su consecuencia

La salud y la vida de nuestra querida nación colombiana es un derecho universal incuestionable, los ciudadanos, todos, tenemos el deber de ser obedientes de las normas y leyes que el Gobierno de Colombia ha dispuesto o disponga para atender el actual  evento de la pandemia; también, todo ciudadano colombiano debe ampararse en sus derechos, en el marco de la actual crisis pandémica, y reclamar que también todos necesitamos comer, comer equitativamente y eficientemente, alimentarnos para mantener nuestra vida, la productividad, disminuir la pobreza y fomentar la prosperidad de la sociedad.

Hoy Colombia está sumida en la atención de la pandemia Covid-19 y el tema central que la Nación conlleva es la comida que se debe tener en cada hogar colombiano, sí: “la comida mía y la de mi familia”.

Es una realidad, en este sistema único en el mundo, que estratifica social y económicamente a los ciudadanos según sus ingresos y lugar en donde habitan y, que representan más del 84% de la población (estratos 1, 2 y 3) según el censo del Dane de 2005.

Los ciudadanos no están dispuestos a continuar cumpliendo el estribillo “no salgas de tu casa” sin haber resuelto su necesidad fundamental básica para la vida: comer. Tenemos muy pocos días de estar en cumplimiento del Decreto 457 de 2020, expedido el 23 de marzo 2020, que fijó los parámetros de la presente cuarentena, y entretanto nos percatamos de los efectos negativos que resultan por la suspensión de nuestras actividades productivas.

El resultado de los esfuerzos humanos para satisfacer las necesidades y deseos de las personas son los bienes y los servicios, en consecuencia, si al esfuerzo humano de nuestra nación se le conmina a ser lento o inmóvil por el cumplimiento de las leyes, se obtendrán menores o nulas producción de bienes o servicios. También es fácil comprender que la economía del país se vuelve lenta, sin dinamismo y los flujos de producción resultan raquíticos ante las necesidades y deseos de la población; al tiempo que se arriesga la sostenibilidad y la eficiencia alimentaria, en especial en la franja social comprendida por las personas que constituyen las actividades de la economía informal, aproximadamente el 65% de la población activa, población que mantiene su ciclo económico unitario diario (si trabajo sí compro comida. Si no trabajo, no compro comida), y es vulnerable ante cualquier crisis que impacte su ‘pancoger’ cotidiano. Este simple ciclo de la informalidad se ha roto en cumplimiento del Decreto 457 de 2020, expedido el 23 de marzo 2020 y, pone en peligro la seguridad alimentaria de millones de colombianos.

Bajo las medidas ‘apagafuegos’ del gobierno actual, jamás se va a equilibrar el balance (roto) del ciclo diario del ‘rebusque’. Se necesita pensar en grande (política de estado) y crear un estado autor y coherente con políticas para la salud y la economía integral de la Nación. No es difícil, decenas de estados ya las tienen en funcionamiento y por lo tanto están en capacidad de enfrentar cualquier crisis creada por el hombre y/o la naturaleza, sin hacer maniobras o crear actos mediáticos desintonizados con las necesidades de la salud y de la economía de Colombia.

Sostenibilidad Alimentaria – Colombia entera tiene abiertos los ojos y reclama verdaderas políticas de estado para alcanzar y mantener en el tiempo (sin saltos en cada cuatrienio político electoral), sistemas alimentarios sostenibles y sensibles a la nutrición, ejecutables siempre dentro de la eficiencia e inclusividad. El crecimiento es inclusivo cuando se les permite a todos los miembros de la sociedad contribuir y participar en el proceso de crecimiento en igualdad de condiciones, independientemente de sus circunstancias individuales. (Ali y Zhuang, 2007).

Hoy, las directrices y decretos expuestos por el gobierno solo comprometen y favorecen a un reducido sector de la economía colombiana, exponiendo gravemente al país a que se desborde aún más la desigualdad, la segregación y la inequidad social-económica.

La relación cíclica, Pobreza, Hambre, Pobreza es, según la FAO, la causa del atraso en los países habitados por personas conectadas habitual y culturalmente con la comida. Esta nos vincula a todos, todos la necesitamos, dependemos de ella, sobrevivimos gracias a ella y nos aporta felicidad. La comida es parte de lo que somos. Es parte de nuestros hábitos y culturas.

Comer es, en sí, un acto político, económico y social, pues es la mano de hombres y mujeres la que fija el camino, desde la producción hasta el consumo, de los alimentos que llevamos cada día a nuestras mesas”: FAO.

Con ocasión de la actual pandemia es importante considerar los efectos económicos, sociales y políticos de las medidas decretadas de obligatorio cumplimiento en la población, en particular la orden de quedarse en el interior de nuestras casas o apartamentos, mientras se da cumplimiento (temporal) a las medidas de gobierno en esta pandemia.

Entendemos y aceptamos las medidas tomadas por el gobierno para atender la salud de los colombianos ante la pandemia actual, pero también es necesario identificar y atender las necesidades poblacionales y que exigen mantener las actividades operativas de producción que aseguran el vigor de la economía y el desarrollo social.

Económicos: En muy corto tiempo se ha desacelerado dramáticamente la producción de bienes y servicios; retraso circulatorio de los medios de pago por ausencia de los flujos de caja (dinero fresco) ralentizados por la falta de producción dinámica de bienes y servicios.

Sociales: Riesgo de aumentar el porcentaje de personas que padecen de hambre, aumento de la pobreza, es importante recordar que el estado colombiano tiene el deber u obligación de asegurar, en cualquiera circunstancia, que las personas no mueran de hambre, y está intrínsecamente asociado al derecho a la vida.

Políticos: Actos administrativos ‘apagafuegos’ producto de la poca o nula visión universal para la creación de normas o leyes institucionales que garanticen la sostenibilidad social, económica y alimentaria de toda la población, ante eventuales calamidades o eventos propios de la relación de la población con la naturaleza.

Bien se ha dicho que es un asunto de derecho internacional no padecer hambre, derecho especificado en diversos instrumentos de los derechos humanos, con los que se han comprometido los países de todo el mundo. ¡Y Colombia está en este mundo!

* Ingeniero electromecánico, especialista en eficiencia energética y dirigente cívico

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