Coronavirus en Cartagena: ¿medidas de choque o continuidad del gobierno?

Por Agustín Leal Jerez *

La pandemia del Covid-19, nos ha sorprendido con las finanzas del Distrito atravesando una de sus peores crisis fiscales desde hace unos veinte años. Lo hemos advertido en varias de nuestras columnas anteriores, pero no hemos encontrado eco en la Administración distrital.

Habíamos pensado que de pronto la Administración Dau contaba con medidas más audaces para solventarla, pero a juzgar por los proyectos de acuerdo presentados ante el Concejo, de verdad creemos que no existen.

El Gobierno distrital debe tomar medidas de choque para enfrentar el grave problema de salud pública que atravesamos y el tremendo problema social y de orden público que se nos avecina si no somos capaces de actuar a tiempo. Sin perder de vista, desde luego, la continuidad del gobierno.

No comprendemos cómo la Administración distrital se ha tardado tanto en tomar medidas de choque en materia de rehabilitación de los centros de salud para atender a pacientes con el virus y de adecuar los existentes para los pacientes críticos. Pero lo que es incomprensible es que no se haya estructurado un programa social para darle paso a uno de los tres puntos esenciales de su Programa de Gobierno.

Debemos recordar que la clase media y pudiente de la ciudad, así como los jóvenes, votaron por Dau para combatir la corrupción; pero las comunidades marginales lo hicieron por su promesa para el corto plazo de “irrigar cantidades masivas de dinero en los sectores vulnerables de Cartagena…” Esto como “acciones a corto plazo, mientras se trabaja en el implementación de soluciones definitivas a los problemas de Cartagena” (leer ‘Lo que contienen las tres páginas del plan de gobierno que presentó William Dau‘).

Comprendemos que el panorama financiero del Distrito no es propicio para afrontar la situación, pero existen medidas fiscales más radicales y efectivas para lograr el flujo de caja que se requiere para conjurar la crisis en sus diversos frentes. Por ejemplo, una de ellas sería congelar de forma inmediata los abonos a capital de los créditos internos del Distrito, que ascienden a la suma de $34.800 millones, y solicitar conjuntamente al Concejo autorización para reestructurar toda la deuda pública. Esto permitiría contar con esta suma de forma inmediata para solventar parte del problema. Valdría la pena también mirar los compromisos asumidos con el crédito interno vigencia 2014, recién incorporado al presupuesto en la adición presupuestal de 2019 por $21 mil millones para pago de vigencias expiradas, que aún permanecen en una cuenta del Distrito según el correo de las brujas; y si no son exigibles en el corto plazo, como lo suponemos, podrían ser utilizados en estos momentos de crisis.

Es un crimen de lesa humanidad tener esos recursos en cuentas de ahorro recibiendo intereses de captación y pagando intereses de colocación a la banca, mientras las gentes encerradas en sus casas se mueren de hambre y desesperanza.

Otra medida, que sería la salvadora, pero que no depende de la autonomía territorial, es solicitar al Gobierno Nacional, en el marco de la declaratoria de la calamidad pública, que dicte medidas para que los jueces de la República levanten las medidas cautelares de embargo que pesan sobre los recursos de las entidades territoriales, relacionadas con el sistema general de participaciones y los de libre destinación, cuando las condiciones fiscales de las entidades lo ameriten, como es caso de Cartagena, en donde en estos momentos las sumas retenidas por ese concepto están el  orden de los $80 mil millones.

Debemos tener en cuenta que esta medida ya fue estudiada y declarada exequible por la Corte Constitucional en el marco de una situación fiscal especial como es el caso de las entidades en procesos de reestructuración.

Entendemos la preocupación de la Administración Dau para buscar flujo de caja a través del aumento de los ingresos como sería el ideal, pero no creemos que las medidas a adoptar presentadas ante el Concejo distrital sean la solución, por las siguientes razones:

1.- Los problemas fiscales y de caja que afrontan las finanzas distritales son muy agudos. Los Ingresos Corrientes de Libre Destinación -Icld, que son los que permiten mayor flexibilidad fiscal porque no están atados en su mayoría a un servicio público esencial, ascienden para esta vigencia a la suma de los $564 mil millones, distribuidos de la siguiente manera: Predial unificado $185 mil millones; vigencias anteriores $30 mil millones. Industria y Comercio $197 mil millones, vigencias anteriores $102 mil millones y delineación urbana $3.000 millones.

La crisis económica generada por el coronavirus podría impactar en un promedio ponderado los recaudos de impuestos de predial e industria y comercio entre un -30% o -33%, con tendencia al alza si se prorroga la cuarentena; es decir, que el impacto fiscal de estos dos rubros podría estar en el orden de los $170 mil millones, con los cuales, aunados a los $54 mil millones que dispuso el Concejo de estos recursos para cubrir el déficit fiscal 2019 y aproximadamente $32 mil millones retenidos por embargos, tendríamos una desfinanciación prima facie de $256 mil millones, casi el 50% de estos recursos.

Si las cosas continúan así, para el mes de julio la Administración distrital y la ciudad quedarían completamente paralizadas. Quiere ello decir que para atender la crisis del Covid-19 y garantizar la continuidad del gobierno se necesitaría que las medidas adoptadas a través de los proyectos de acuerdos radicados en el Concejo logren recaudar más de $300 mil millones. Palabras más o palabras menos, otra vigencia de recaudo por este concepto.

2.- En la Exposición de Motivos del Proyecto de Acuerdo sobre amnistía tributaria para las vigencias vencidas de los impuestos de predial unificado e industria y comercio se afirma que las vigencias anteriores de estos impuestos ascienden a la suma de $2 billones, pero bien sabe el alcalde, porque el mismo lo ha denunciado, que la mayoría de estos impuestos se encuentran prescritos irremediablemente, pero que no obstante -así – han mantenido esos procesos coactivos plagados de vicios procesales desde su notificación misma, para constituir un “cartel de las prescripciones”.

Este es el mayor sesgo que tienen las finanzas distritales para ampliar su base tributaria. La mejor solución para este problema ya lo planteó un colega columnista nuestro en Revista Metro, y es que se castigue esta cartera en su totalidad.

3.- Las obligaciones tributarias no prescritas están el orden de los $700 mil millones, sobre esta base realista debemos trabajar. El promedio histórico de recuperación de cartera en estos dos rubros ha rondado por vigencia, en los últimos años, los $120 mil millones en condiciones económicas normales; y aun en buenos tiempos. Pensar que vamos a recaudar más allá del promedio histórico en dos meses de recaudo bajo la peor crisis económica y emocional del mundo me parece demasiado utópico; sobre todo cuando los periodos de recaudos establecidos en los proyectos de acuerdos coinciden con los picos programados por expertos para  la crisis del Covid-19 en el hemisferio occidental.

Si la Administración Dau no logra liberar los recursos retenidos, frenar los embargos, reestructurar la deuda pública, ampliar la base tributaria prescribiendo la cartera irrecuperable y negociando con los acreedores del Distrito formas flexibles de pago, vamos a estar en graves problemas.

Como medida de choque se requieren con urgencia $20 mil millones para cubrir las necesidades básicas de 100 mil personas para puedan cumplir la cuarentena en sus casas. Si las condenamos a que mueran de necesidad encerradas, las vamos a ver en las calles en pocos días y ni la brigada móvil del ejército podrá contenerlos.

Creemos, y lo reiteramos, que la solución más adecuada para enfrentar esta crisis fiscal y pandémica es a través de un proceso de reestructuración de pasivos, pero mientras decidimos tenemos que adoptar las medidas de choque necesarias para conjurar las necesidades inmediatas de la población en salud, servicios públicos y subsistencia alimentaria.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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