El mundo cambió, el sistema debe cambiar

Por Danilo Contreras Guzmán *

En su ‘Capital e ideología’, Thomas Piketty define que “un régimen desigualitario se caracteriza por un conjunto de discursos y mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas de la sociedad”.

A esa conceptualización de la introducción del libro siguen más de un millar de páginas dedicadas a comprobar su tesis central: La desigualdad es una ideología.

En las postrimerías del apasionante volumen, Piketty alude al “hipercapitalismo” contemporáneo así: “la fortísima concentración de la propiedad privada, sumada a una gran opacidad financiera, es una de las principales características del régimen desigualitario a comienzos del siglo XXI”. Con datos el autor demuestra el inequitativo reparto de la riqueza. En Europa, en 2018, el 50% más pobre detentaba el 5% de la propiedad privada, mientras el 10% más rico concentraba el 55%. En Estados Unidos, en el mismo año, el 10% más rico concentraba el 74% de la propiedad, en tanto que el 50% más pobre el 2% del patrimonio total. Piketty anota que la distribución del capital será una cuestión crucial en el siglo XXI, susceptible de minar la confianza de las clases medias y populares depositada en el sistema económico, tanto en países ricos como pobres.

En este contexto estalla en el rostro de la humanidad entera la pandemia del Covid-19, como un desafío a todos los paradigmas que sostienen el statu quo y la falaz satisfacción que el consumismo ofrece, por igual, a potentados que disfrutan efectivamente de los privilegios, y a las clases medias y marginadas que creen en la quimera del ‘American Dream‘ que se fundamenta en una ideología que justifica la desigualdad.

Descendamos a la parroquia a fin de constatar que seguimos afrontando la nueva situación conforme los viejos criterios en los cuales se insiste, seguramente con buena voluntad (esto puede ser una ingenuidad mía), pero con efectos que no alcanzan a brindar las soluciones que la crisis amerita.

Aludiré a dos medidas adoptadas por el Distrito en la coyuntura.

Hace unos días observé en redes un aviso de la Alcaldía en el que se invitaba a hacer donaciones para “salvar vidas”, seguramente vidas de personas humildes. Seguidamente se aclaraba, como para motivar aún más los generosos corazones, que “la Alcaldía expedirá después un certificado de donación con el que podrás obtener beneficios tributarios”.

Efectivamente, días después hemos visto a muchos ciudadanos repartiendo dinero en las calles y empresarios acopiando ‘mercaditos’ para que, con posterioridad, laboriosos funcionarios entreguen las ayudas a comunidades vulnerables, lo cual está fuera de toda crítica. Lo cuestionable es que, hasta la fecha de redacción de esta nota, no se ha conocido de apropiación de recursos para que sea el Estado local el que financie, diseñe y ponga en operación una política para abastecer a los cartageneros más vulnerables ante los virus de Covid-19 y el hambre.

No puedo evitar a esta altura una nueva alusión a Piketty: “concluyamos precisando que la actual ideología meritocrática va de la mano de un discurso de exaltación de empresarios y multimillonarios… Da la impresión de que nunca serán lo suficientemente ricos y que la gente humilde del planeta nunca podrá agradecerles bastante lo que han hecho por los demás… El problema es que el discurso filantrópico a veces se utiliza al servicio de una ideología anti-Estado particularmente peligrosa. Es el caso de los países pobres, en los que la sustitución del Estado a cargo de la filantropía contribuye a su empobrecimiento…” Obra citada.

El otro caso con el que ejemplifico mis inquietudes es el siguiente: hoy, luego de un par de semanas largas desde que se conoció el primer caso de Covid-19 en la ciudad, el alcalde Dau anunció sus primeras medidas fiscales tendientes a recabar recursos para afrontar la pandemia. Se trata del ofrecimiento de descuentos de intereses a los morosos tributarios que se pongan al día, para lo cual citó a sesiones extraordinarias al Concejo distrital. Se dice que el presidente de la corporación anunció que la iniciativa se tramitará “sin sobresaltos”, según se lee en una nota periodística.

Inmediatamente, sostiene el artículo citado, un empresario de la ciudad sugirió dar mayor alcance a la medida en materia de recaudo, proponiendo que se ofrezca un descuento del 50% a los que paguen impuestos prediales futuros. Digamos que esta es la manera peculiar en que los empresarios de la ciudad conciben la solidaridad.

Como mero ciudadano entiendo que ambas medidas, las iniciales del alcalde y la posterior del empresario, corresponden a una idiosincrasia que privilegia el sentido capitalista de la oportunidad de la ganancia por encima del sentido solidario, humanístico y de justicia que debe ser fundamento de las decisiones que son menester ahora. La primera, referida a donaciones, cuya efectividad se quedará corta por la magnitud del problema, muestra patéticamente que el incentivo es el certificado que redundará en una posterior exención tributaria (como tantas otras), mientras que la disposición que busca aumentar recaudo de impuestos prescinde del sentido común que indica que los morosos tienen hoy asuntos de supervivencia que atender que les impedirán acogerse al ‘papayazo’ que es como se presenta la noticia de las medidas de la Administración. Ojalá esté radicalmente equivocado. En cuanto a lo aconsejado por el empresario, las elucubraciones sobran.

En contraste, un informe de la Cámara de Comercio de Cartagena acredita que en el periodo comprendido entre enero y noviembre de 2012 se encontraban registradas en la ciudad cerca de 19.971 empresas, de las cuales más del 90% estaban representadas por microempresas cuyos activos totales alcanzaban $257 mil millones, mientras que las 120 empresas más grandes de la zona poseían activos equivalentes a $20.4 billones. No dejamos de considerar que según cifras del Dane recogidas por Luis Jorge Garay en su última obra ‘Dinámica de las desigualdades en Colombia’, Cartagena es una de las cinco entidades territoriales municipales que más aportan al PIB nacional (2.4%).

En un escenario como el que padecemos, en el que no se ve cómo la Administración proveerá recursos suficientes para habilitar UCIS en la red pública hospitalaria, contratar personal médico y sanitario, dotarlo con elementos apropiados para la atención de los enfermos y emprender una política de seguridad alimentaria que vaya más allá del voluntarismo, una medida de justicia y solidaridad debería, cuando menos, evaluar la posibilidad de que las 120 empresas reseñadas y los patrimonios inmobiliarios más costosos de la ciudad puedan aportar vía Impuesto de Industria, Comercio y avisos, así como Predial Unificado, al fondeo de los recursos que este evento extraordinario amerita, para lo cual podría revisarse el ajuste de tarifas y exoneraciones que existen hoy en el Estatuto Tributario del Distrito como medida excepcional para enfrentar este reto descomunal.

Tal vez de esta forma, y de una vez por todas, nos vamos poniendo todos a paz y salvo con los más humildes de Cartagena.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y magister en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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