La Colombia vulnerable

“Yo soy yo y mis circunstancias, si no las salvo a ellas tampoco me salvo yo”: Ortega y Gasset

Por Amylkar Acosta Medina *

EL COVID – 19 CONTAGIÓ LA ECONOMÍA

Colombia y el mundo están encarando la pandemia del Covid-19, el presidente de Francia Emmanuel Macron y el presidente de EEUU Donald Trump han coincidido en que contener y enfrentar su propagación es una verdadera guerra. Por su parte la canciller de Alemania Ángela Merkel la calificó como el mayor desafío al que se enfrenta desde la segunda guerra mundial. Con toda razón el girector general de la Organización Mundial de la Salud -OMS, el etíope Tedros Adhanom, no dudó en calificar al Covid–19 como “enemigo de la humanidad”. Efectivamente, estamos en guerra, pero esta vez contra un enemigo mortífero e invisible, pero no invencible.

Ante el avance y recrudecimiento de esta pandemia a nivel global, a los gobiernos de los distintos países no les ha quedado otro camino que tomar medidas tan extremas como el aislamiento, el bloqueo o la cuarentena para tratar de contenerla. Pero, como era de esperarse, ello trajo como efecto colateral el contagio de la economía, exacerbado en los países que, como Colombia, dependen de sus exportaciones de petróleo por la caída libre de los precios internacionales a los cuales se cotiza[1].

Desde luego que la primera prioridad que deben tener los gobiernos es salvar vidas antes que salvar la economía, solo que si esta se hunde será más difícil lograrlo. De manera que esta batalla se deberá librar en dos frentes, en el de la salud y en el de la economía, pues el riesgo es que aquella corra la misma suerte de esta. Y de la economía se ha dicho lo mismo que con respecto a la pandemia: lo peor está por venir. Y lo peor que le puede pasar a la economía es que nuevamente caiga en la recesión, en momentos en los que no termina de reponerse de la recesión de 2008, máxime cuando los expertos vaticinan una más grave y perdurable que la anterior.

Por esta razón los gobiernos, empezando por los de los países desarrollados, no están ahorrando esfuerzos para evitar lo peor. Alemania, por ejemplo, ha resuelto emitir circulante por un valor equivalente a 350.000 millones de euros, el 10% de su PIB, para comprar acciones de aquellas firmas que están al borde de colapsar e inyectarle liquidez a su Banco de Desarrollo, para que este a su vez preste a las empresas para sacarlas a flote y así salvar los empleos de las mismas. En Estados Unidos le tocó al presidente Trump, quien en un primer momento subestimó la gravedad de la amenaza, anunciar un paquete de medidas por un valor equivalente al 0.5% de su PIB, que buscan fundamentalmente darle capacidad adquisitiva a sus ciudadanos, especialmente a aquellos quienes si dejan de trabajar automáticamente dejan de devengar.

COLOMBIA EN LA ENCRUCIJADA

Así se hayan regodeado los voceros del Gobierno Nacional diciendo que el país estaba preparado para afrontar y enfrentar la pandemia del Covid-19, descartando, como lo hizo la vicepresidenta Martha Lucía Ramírez, implementar “medidas extremas que no son necesarias[2], aunque tardíamente, el presidente Iván Duque, a remolque, se vio precisado a tomarlas. Así el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla alardeara diciendo que “la economía mantiene un grado de solidez lo suficientemente importante como para soportar estos eventos[3], tuvo que salir en volandas a ver cómo solventaba los requerimientos que demanda la actual coyuntura.

La situación económica y social del país muestra serias vulnerabilidades en momentos en los que la pandemia que asuela y azota al país y la economía enfrenta los embates de un choque externo severo. Veamos: el crecimiento del PIB el año anterior fue del 3.3%, insuficiente para generar empleo en lugar de destruirlo, lo cual explica que la tasa de desempleo se haya trepado hasta el 13%, la más alta en seis años.

La pobreza monetaria que había disminuido desde el 37.2% en 2010 hasta tocar fondo en 2017 en el 26.9%, volvió a subir a partir de 2018 registrando el 27%. Según Fedesarrollo, por primera vez el porcentaje de personas que hacen parte de la clase media, el 30%, supera el de la pobreza, pero se ha incrementado hasta un 40% el porcentaje de la población con un pie en la clase media y el otro en la pobreza, en riesgo de retroceder [4]. Sumadas la población pobre a la vulnerable representan el 67% de la población (¡!).

En el sector externo es en donde la economía colombiana tiene su mayor vulnerabilidad, toda vez que, no obstante que por un largo período el sector exportador ha contado con una tasa de cambio favorable, no ha reaccionado, sobrepasando el monto de las importaciones al  de las exportaciones. De allí que el año anterior cerró con un déficit en la Cuenta corriente de la balanza de pagos del 4.3%, con tendencia a su incremento este año, habida cuenta que las exportaciones de petróleo representan más del 40% y se van a ver afectadas por partida doble, tanto por la caída de los precios como de los volúmenes de exportación [5]. A ello se viene sumar que la deuda pública denominada en dólares llegó a su pico histórico del 43% del PIB, la cual se ha incrementado hasta el momento en un 25% por cuenta de la devaluación galopante del peso frente al dólar.

Pero, indudablemente, en donde la vulnerabilidad y las afugias son mayores es en el frente fiscal, dado que el manejo de la política fiscal por parte del ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla lo ha dejado sin margen de maniobra. Mucho antes de verse abocado a la actual contingencia que va a demandar ingentes recursos ya lo había dicho: “este año tenemos la obligación de no gastar con respecto a lo aprobado por el Congreso; entonces, tenemos una congelación importante a consecuencia de no contar con los suficientes ingresos[6]. Esta es una de las consecuencias que se derivan de sus malabarismos, haciendo pasar por financiamiento gasto corriente, recurriendo sin miramientos a las emisiones de Títulos de Deuda Pública (TES) a tutiplén [7], amén del enorme costo fiscal, que sobrepasa los $10 billones, de la reciente reforma tributaria [8].

LA DECLARATORIA DE LA EMERGENCIA ECONÓMICA Y SOCIAL

La exdecana de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, Ana María Ibáñez, refiriéndose al impacto de la actual crisis, considera que “las consecuencias económicas y sociales de esto pueden ser devastadoras sino se hace pronto una intervención… Los ingresos de las personas más vulnerables caerán significativamente y con esto su alimentación, capacidad de pago de servicios públicos y otros rubros[9]. Para salirle al paso a esta situación, a juicio del excodirector del Banco de la República José Antonio Ocampo, “hay que salirse de la caja”, la reducción del déficit fiscal para cumplir con la Regla fiscal debe esperar y esta debe flexibilizarse para poder sortear esta calamidad pública. Para ello se requerirá incrementar el gasto público por lo menos en dos puntos porcentuales del PIB ($20 billones, aproximadamente).

La economista María Angélica Arbeláez ha planteado que “el Gobierno debe ser más agresivo con programas de gasto y hay que pensar en un financiamiento heterodoxo que podría venir del Banco de la República[10], al fin y al cabo este cuenta con reservas que superan los US$53.000 millones, a las que se puede apelar en las actuales circunstancias.

Se advierte entre las motivaciones del Decreto 417, expedido el 17 de marzo declarando la Emergencia económica, social y ambiental, que “la capacidad de implementar medidas de política fiscal contracíclicas por parte del Gobierno Nacional se ve limitada por lo que actualmente no resulta financieramente viable ni fiscalmente responsable acudir a mercados de deuda”. Y continúa diciendo que “en efecto, se estima que el nuevo escenario macroeconómico podría inducir un deterioro en el balance del Gobierno Nacional Central de más de $3 billones en 2020 (equivalentes a 0,3% del PIB), cifra que aumentaría a cerca de $6 billones en 2021 (0,5% del PIB). En un escenario aún más negativo, en el que los precios del petróleo no se recuperen en el segundo semestre, estos efectos sobre el balance fiscal podrían ascender a 0,4% en 2020 y a 0,6% del PIB en 2021. Lo anterior significa un cambio abrupto en el panorama fiscal, que en ausencia de medidas contundentes pueden repercutir en la estabilidad macroeconómica del país”.

EL ZARPAZO A LAS REGIONES

Ante las limitaciones que enfrenta el Gobierno Nacional, debido a la política fiscal que lo dejó sin margen de maniobra, ha decidido echar mano de los recursos del Sistema General de Regalías -SGR – que son de las regiones, no hacen parte del Presupuesto General de la Nación -PGN, tienen su propio presupuesto, así lo dispone el Acto legislativo 05 de 2019 que reformó el Acto legislativo 05 de 2011. El ministro Carrasquilla anunció, prácticamente como la única fuente de financiamiento del paquete de medidas que se deriven de la declaratoria de Emergencia, tomar en préstamo $12.1 billones provenientes del Fondo de Ahorro y Estabilización FAE – y $2.7 billones del Fondo de Pensiones Territoriales -(Fonpet – del SGR, sin contar para ello con el consentimiento de los gobernadores y alcaldes del país. Y así quedó dispuesto en el Decreto que Emergencia.

Estos recursos alimentarán el Fondo de Mitigación de Emergencias -Fome, creado mediante el Decreto 444 de 2020, el cual los destinará, entre otros fines a la “operación de apoyo de liquidez transitoria al sector financiero” (¡!), no obstante que la Junta directiva del Banco de la República ha liberado con tal fin $23.5 billones. Además, el Banco Emisor les ofrece mecanismos de cobertura para protegerse contra la volatilidad de la tasa de cambio. Y, como si lo anterior fuera poco, el Fome también podrá “proveer directamente financiamiento a empresas privadas” (¡!). Pese a ello, se afirma por parte del director del Departamento Nacional de Planeación -DNP, Luis Alberto Rodríguez, que “el Fome lo que busca es garantizar los recursos para la salud y para darle efectivo a los colombianos más vulnerables[11].

Las protestas de los gobernadores y alcaldes del país no se han hecho esperar, pues tal decisión transgrede la autonomía territorial consagrada en el artículo 1º y en el artículo 287 de la Constitución Política. Y no es para menos, pues no hay derecho a que, en momentos en los que los municipios y departamentos están urgidos de recursos para poder enfrentar la emergencia, se disponga de los recursos del FAE y del Fonpet, que son propios de ellos, para solventar al sector financiero y a la empresa privada, con la promesa de que les serán reintegrados “a partir de la vigencia de 2023” los del FAE y los del Fonpet “en las próximas 10 vigencias”.

En medio de las aulagas del Gobierno Nacional se ha venido ventilando también la propuesta de disponer de un punto de los cuatro puntos porcentuales de la nómina que le aportan las empresas a las cajas de compensación familiar. Ello sería tanto como abrir un hueco para tapar otro, dado que tales recursos se los estarían quitando a quienes cobijan las cajas con el aseguramiento en salud del régimen contributivo, así como el dinero contante y sonante que reciben los trabajadores que perciben menos de dos salarios mínimos por cada hijo a cargo. Se estaría desfinanciando, además un fondo de hondo sentido social que manejan las cajas como son el Fondo de Solidaridad de Fomento al Empleo y Protección al Cesante -Fosfec.

Por qué no pensar, más bien, en desmontar, así sea parcialmente, alguna de las gabelas impositivas que le fueron prodigadas a las grandes empresas en la reciente reforma tributaria [12]. A guisa de ejemplo, por qué no se deroga la norma mediante la cual se dispuso que el Impuesto de Industria y Comercio -ICA – que pagan las empresas pasara de ser deducible, como lo preveía el artículo 115 de la Ley 1943 de 2018, a ser descontable del impuesto de renta, el 50% en 2020 y el 100% a partir de 2021. Este beneficio tributario le costará al fisco $1.6 billones, $500 mil millones más que lo que le pretenden quitar a las cajas de compensación. Y ello es posible, toda vez que, según el artículo 215 de la Constitución Política, el mismo que invocó el presidente Duque para decretar la Emergencia, le da la facultad para “establecer nuevos tributos o modificar los existentes” mediante Decreto-ley. ¡Todo para “conjurar la crisis e impedir la extensión de sus efectos” a futuro!

[1] Amylkar D. Acosta M. La amenaza del petrovirus. Marzo 14 de 2020

[2] Semana. Marzo, 17 de 2020

[3] El Tiempo. Marzo, 11 de 2020

[4] El Colombiano. Febrero, 6 de 2020

[5] Amylkar D. Acosta M. La amenaza del petrovirus. Marzo 14 de 2020

[6] Semana. Febrero, 23 de 2020

[7] Amylkar D. Acosta. La jugadita de Carrasquilla. Septiembre, 14 de 2019/ Cómo se juega con las cifras. Diciembre, 5 de 2019

[8] Ley 2010 de 2019

[9] Idem

[10] El Tiempo. Marzo, 22 de 2020

[11] Noticias Canal Caracol TV. Marzo, 23 de 2020

[12] Ley 2010 de 2019

* Miembro número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas -ACCE; exministro de Minas y Energía y exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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