Instrumentalizar la pobreza

Por Danilo Contreras Guzmán *

En 2017, un estudio publicado por el Banco de la República y suscrito por los economistas Jhorland Ayala y Adolfo Meisel causó gran revuelo. El informe se denominó “Cartagena libre de pobreza extrema en el 2033”. Básicamente se denunciaba que las cifras de indigencia en la ciudad la ubicaban como “la tercera con más pobreza entre las trece principales ciudades, solo por encima de Cúcuta y Montería” según datos de 2016, y plantea una georreferenciación de la miseria en tres zonas de la ciudad: Ciénaga de la Virgen, Faldas de la Popa y Lomas de Albornoz.

El estudio propone la cifra de US$641 millones para lograr la superación de la pobreza extrema a 2033, año en que la ciudad cumple 500 años de fundada, y sugiere, de forma inusual, que esa suma pueda ser obtenida a través de un empréstito con el Banco Interamericano de Desarrollo -BID.

En 2018, Findeter en asocio con el BID dan a la luz un importante documento denominado ‘Cartagena Sostenible 2033: Resilente, incluyente y competitiva’ cuyo resultado fue la proposición de un plan de acción que encamine a Cartagena por una “senda de crecimiento económico más competitivo y productivo”. Este informe prevé una figura que llama mi atención: La creación de una ‘Unidad ejecutora’ del plan de acción referido.

Al explicar la novedosa figura, el documento señala que se trata de una gerencia de carácter mixto que tendría la función de ejecutar el plan, esto es, con participación de entidades oficiales y privadas que velarán por la gestión de los recursos que se estiman en unos US$200 millones para la puesta en marcha de los proyectos esbozados. Vale la pena resaltar que el estudio señala a la letra que se trata de una sugerencia formulada al Distrito de Cartagena a fin de que se conforme el referido aparato interinstitucional.

Seguidamente, en 2018, el senador Fernando Araújo propuso la creación del Fondo Pro Cartagena para la erradicación de la pobreza extrema a 2033, lo cual coincide de varias maneras con los documentos a los que nos hemos referido.

He cuestionado la constitución de una institucionalidad paralela a la consagrada en la Constitución y la Ley para regir los destinos del Distrito ya que considero que ello implica menoscabo del principio de descentralización administrativa.

Tengo la impresión, quizás equivocada, de que se instrumentalizan los fenómenos de pobreza que avergüenzan a la ciudad, para incidir en la ejecución de los grandes proyectos que se han propuesto desde hace décadas, tales como las obras planteadas expresamente en la Ley del sitio. La institucionalidad paralela que finalmente se concreta en el proyecto de ley referido prevé una exigua participación de las autoridades locales y una preeminencia de las autoridades del orden nacional, tal vez mediando el argumento de la inestabilidad que atestigua la Alcaldía durante los últimos difíciles años.

Una de las iniciativas que está en agenda es la reestructuración administrativa a fin de mejorar la capacidad para afrontar los retos del desarrollo de Cartagena y la ejecución de los proyectos. Si esto es así, no se ve la razón de ser de la creación de una entidad que nos maneje los recursos y los planes cuya construcción le corresponde a los cartageneros, sin injerencias hípercentralistas, atendiendo los principios de autonomía y participación de que tratan los literales a) y g) del artículo 3ro de la ley 152 de 1994.

* Abogado especialista en Derecho Administrativo y candidato a Maestría en Derecho con énfasis en Derecho Público.

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