El Control Político de los Concejos, ¿joder por joder?

Por Milton J. Pereira Blanco *

A propósito de lo manifestado recientemente por el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, en sus ya conocidas “notas informativas” por las redes sociales, sobre un supuesto exceso de control político por parte del Concejo a los miembros de su gabinete, conviene analizar si este tipo de citaciones múltiples -a varios funcionarios el mismo día – son realmente legales.

Comencemos por establecer que el control político que ejercen los Concejos tiene una filosofía similar al que ejerce el Congreso de la Republica a los funcionarios nacionales, ya que es una facultad inherente al sistema democrático y connatural a la idea de Estado Constitucional. Sobre la facultad de control político en el ámbito local debe precisarse que, si bien los Concejos son corporaciones administrativas, no por ello se debe concluir que es extraño a estas corporaciones el ejercicio de funciones de control sobre la gestión gubernamental municipal, que es un control con sentido político, ya que es una expresión del derecho de los ciudadanos de ejercer, ya sea de manera directa o por medio de sus representantes, un control sobre el ejercicio del poder político.

La finalidad del control político, en palabras de la Corte Constitucional, está dirigida a la opinión pública, y pretende enterar a los ciudadanos sobre asuntos de interés general y promover un debate al respecto. Puede o no buscar establecer algún tipo de responsabilidad por parte de algunos funcionarios, o puede pretender solamente escrutar y emitir juicios dirigidos a la opinión pública o a las distintas instituciones sobre el asunto objeto de control. En este orden de ideas, su resultado podría ser una sanción o una exoneración; aunque, de igual manera, el hecho mismo de su realización, junto con el impacto de lo debatido en la opinión pública, pueden obrar como resultados válidos y eficaces del control político.

Revisando la Ley de Municipios (Ley 1551/12) nos encontramos con que esta norma, expresamente, señala en su artículo 18 como atribución de los Concejos la de exigir informes escritos o citar a los secretarios de la Alcaldía, directores de departamentos administrativos o entidades descentralizadas del orden municipal, al contralor y al personero, así como a cualquier otro funcionario distrital o municipal, excepto al alcalde, para que haga declaraciones orales sobre asuntos relacionados con el ejercicio de sus funciones.

Y la Ley de Distritos (1617/13) sobre el tema del control politico de los Concejos distritales señala claramente que es una atribución en cumplimiento de las funciones de vigilancia y control sobre el cumplimiento de las funciones de los secretarios de la administración distrital, los alcaldes locales, los directores de departamentos administrativos distritales y los gerentes y jefes de entidades descentralizadas distritales.

Lo anterior nos conduce a señalar que el ejercicio de exigir informes a través de proposiciones y citar a los funcionarios distritales ante el Concejo distrital es una facultad legitima, que no ha sido implementada con tanta ‘insistencia’ únicamente por el Concejo de Cartagena elegido para el periodo 2020-2023. La citación a funcionarios, por lo que se sabe, ha sido factor común de los Concejos distritales anteriores.  

No obstante lo anterior, valdría la pena preguntarnos, para precisar el tema: ¿se trata de una facultad ilimitada?, ¿se puede citar varias veces para la misma semana a un mismo funcionario?, ¿pueden realizarse citaciones para cualquier tema que a bien considere el Concejo?

Frente a la facultad de control político de los Concejos, las Asambleas y los órganos legislativos debe decirse, sin embargo, que no es ilimitada, ya que debe ejercerse de acuerdo a los principios constitucionales del Estado.

Pero eso, que lo ha dicho reiteradas veces la Corte Constitucional, tiene tanto de ancho como de largo. Y es aquí -entonces – donde merece la pena reflexionar sobre los alcances de la afirmación del alcalde Dau al señalar que “el Concejo de Cartagena anda jodiendo a la administración”. Antes, sin embargo, debemos ubicar el contexto de la frase, y este no es otro que la citación a todos los secretarios de despacho, gerentes y directores del gabinete distrital a una sesión oral de control político, y en la que se pide por medio físico copia de todos los contratos financiados por inversión suscritos por la Administración distrital en lo que va del presente año.   

Como hemos dicho, el ejercicio del control político es un derecho y una facultad constitucional, pero citar a casi todo el gabinete para tratar temas disfuncionales y que pueden tratarse con citaciones individuales para cada dependencia puede ser visto como un despropósito, como en efecto ha ocurrido, e incluso podría mirarse como un abuso del derecho, como viene ocurriendo en distintos escenarios.

Pero, además, exigir copia física de un volumen exagerado de información que puede conseguirse en el Servicio Electrónico de Contratación Pública -Secop – puede ser visto por la ciudadanía, como en efecto se ha visto, como un gasto innecesario.

El Concejo de Cartagena, bajo el amparo del artículo 36 de su Reglamento Interno, puede citar a una pluralidad de funcionarios, pero ello es cuando, por conexidad o articulación de las competencias entre varias dependencias o entidades, se requiera la presencia de los titulares de algunas de ellas. Las citaciones de control no son para suplantar los Consejos de Gobierno sino para vigilar la función de la Administración. Es por ello que este tipo de citaciones pueden ser interpretadas, como en efecto ocurre, como una estrategia para paralizar la Administración o al menos meterle palos a sus ruedas.

Además, debería saberse que, en lo correspondiente a las copias físicas de las respuestas, la Ley 1617/13 expresamente señala que “el funcionario citado deberá radicar en la secretaría general de la corporación la respuesta al cuestionario en medio escrito o magnético (…)“.

Ya lo vienen manifestando, cada vez con voz más alta, líderes de opinión y dirigentes de diferentes sectores: sería bueno que tanto el alcalde como los concejales dejen de medir fuerzas y, por el contrario, aúnen esfuerzos para sacar a Cartagena de la crisis en que aún se halla inmersa.

 * Director  de Asuntos Jurídicos Caribe Legal, profesor de Pregrado y Postgrado de la Universidad de Cartagena y exjefe de la Oficina Asesora Jurídica de la Alcaldía de Cartagena

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