Concejo acusa a ‘zarina anticorrupción’ de haberse posesionado irregularmente

Hace cerca de un mes, el alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, a través de las redes sociales, tras pedir dar por supuesto que “que algún concejal invirtió más de $1.000 millones en su campaña, pero sus honorarios será de $200 millones anuales“, preguntó finalmente: “cómo crees tú que ese concejal va a recuperar su inversión‘?“.

Más recientemente, también vía internet, el mandatario de los cartageneros volvió a arremeter contra su cuerpo edilicio asegurando que estaban jodiendo a la Administración Dau porque Dau no les ha dado ninguna OPS“. 

Según lo publicado por Dau, los cabildantes “se hacen los pendejos (…)”, pero “es fácil entender el porqué del desprestigio de muchos concejales ante la ciudadanía“. “Algunos cínicos concejales que ya han estado en la cárcel ahora se las tiran de santurrones“, remató el burgomaestre.

Y ayer el Concejo ripostó, pero no lo hizo virtualmente sino en vivo y en directo, durante una sesión ordinaria, y a través de una de sus funcionarias estrellas: la asesora de despacho Lidy Ramírez Palencia

Durante un debate de control político realizado a la funcionaria, varios concejales acusaron a la ‘zarina anticorrupción‘ del Distrito de haberse posesionado a pesar de no cumplir con los requisitos que el Manual de Funciones del Distrito exige para el cargo de Asesora de Código 105 Grado 47.

Los cabildantes Óscar Marín Villalba y Fernando Niño Mendoza, del Partido Conservador, y Carlos Barrios Gómez, de Cambio Radical, entre otros, señalaron que en la ‘Matriz de Requisitos‘ contemplado en el Decreto 1701 del 23 de Diciembre de 2015, “por el cual se ajusta el Manual Específico de Funciones y Competencias laborales de la Alcaldía de Cartagena”, se establece de manera expresa e inequívoca que para el cargo que ocupa Ramírez Palencia debe poseerse “título profesional universitario de cualquier disciplina académica, título de postgrado en la modalidad de especialización y 48 meses de experiencia profesional” (hacer click).

Y esos requisitos, aseguran los concejales, no los cumple la ‘zarina anticorrupción’, ya que -de acuerdo con su hoja de vida – se graduó como sicóloga en octubre el 2018, y obtuvo su tarjeta profesional en abril de 2019, lo que indica que, como máximo, tiene 16 meses de experiencia.

A pesar de que Ramírez se defendió, asegurando que existe un concepto que permite homologar la experiencia en el caso de los sicólogos, los concejales le pidieron a la directora de la Oficina de Talento Humano, Marta Carvajal Herrera, certificar si -en efecto – la funcionaria cumple o no los requisitos exigidos. 

De acuerdo con lo que Revista Metro pudo establecer, en el Despacho del alcalde Dau reposa desde ayer mismo el concepto de Carvajal Herrera para que sea el mandatario -como corresponde – quien decida lo pertinente.

Como se recordará, aunque Lidy Ramírez se dio a conocer -inicialmente – durante a su campaña al Concejo por la Coalición Alternativa Cartagena, cuando recorrió la ciudad mostrando una cartulina con fotografías de los jefes políticos locales, varios de ellos condenados por parapolítica o actos de corrupción, fue el pasado mes de diciembre cuando su nombre se consolidó como una activista aguerrida al convocar a un plantón frente al Centro Administrativo Departamental, sede de la Gobernación de Bolívar, para protestar por las acciones jurídicas emprendidas por el entonces gobernador, Dumek Turbay Paz, contra el entonces alcalde electo, William Dau Chamat

En esa oportunidad, Ramírez, a la sazón coordinadora del área de la Salud de la Comisión de Empalme del Distrito, exhortó a la ciudadanía a realizar un plantón pero “tiene que ser ya; o sea mañana. Temprano, frente a la Gobernación, y paramos el tráfico Cartagena – Turbaco” (leer ‘Excandidata al Concejo de Cartagena convoca a plantón contra el gobernador Turbay‘).

Otras inquietudes     

Para los concejales, otro hecho que deberá aclararse es porqué la asesora Ramírez, a pesar de asegurar que tiene entre sus funciones promover acciones contra la impunidad; realizar gestiones para promover la transparencia en el Distrito; e impulsar planes, proyectos y programas para “cambiar la cultura de la corrupción que existe en Cartagena por una cultura de integridad“, estas no fueron asignadas -como debió hacerse – mediante un acto administrativo. 

En respuesta a dicha inquietud, la asesora informó a los cabildantes que la semana anterior el alcalde Dau, mediante oficio publicado debidamente en el Servicio Electrónico de Contratación Pública –Secop – le detalló cuáles eran sus funciones.  

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