De malandrines y boca sucias

Por Agustín Leal Jerez *

— ¡Boquisucias! Les gritaba el cura Bernardo Hoyos a los concejales de Barraquilla cada vez que los veía.  — ¡Malandrines!, les dice el alcalde William Dau a los de Cartagena.

El resultado de lo sucedido en Barranquilla en las dos administraciones del cura Hoyos es ampliamente conocido en el país. Una ciudad dividida entre el norte y el sur. Un extrañamiento que se convirtió en un odio de clases que dejó como resultado un periodista asesinado de manos de fundamentalistas seguidores del alcalde; y al mismo cura Hoyos condenado e inhabilitado para ocupar cargos públicos. Epílogo: perdió la ciudad.

Afortunadamente para Barranquilla llegaron al poder los ‘pragmáticos’ Char y sin desconocer la importancia de la revitalización del Sur y el desarrollo del Norte volvieron a unir la ciudad.

Somos conscientes del ideario del alcalde Dau y de los cambios que propuso en la política desde su estilo de campaña y su innegociable lucha anticorrupción. Ver a nuestros hijos universitarios, que suelen dormir los domingos hasta tarde del medio día despertarse muy temprano para ir a votar por Dau a la Alcaldía, y de paso llevarse a la mamá, nos llena de esperanza a quienes queremos volver a hacer política de forma diferente y con reglas justas de participación. Pero en la administración pública, sobre todo aquellas donde debe coadministrarse, como es el caso del Distrito de Cartagena, en donde el poder está repartido entre el alcalde y el Concejo distrital, se requiere de mucha realpolitik para que los programas de gobierno no sucumban en la maraña política. Si los Concejos municipales o distritales se pudieran disolver y convocar a nuevas elecciones, a eso estuviera dirigida nuestra columna; pero la triste realidad nos muestra que es que con el Concejo actual con el que tenemos que gobernar.

Los problemas de la ciudad que requieren el concurso del Concejo son inmensos e impostergables. Nos tocó la ponencia sobre la problemática de las normas de parqueaderos particulares en el Distrito en el marco del conversatorio que sobre el tema propuso la Sociedad de Arquitectos de Bolívar. Se logró demostrar que las normas existentes son contradictorias e inaplicables y que, además, desde hace más de dos años, para el caso de la Curaduría Urbana No. 2, no se expide una licencia de construcción para edificios multifamiliares por este problema. El código de construcción de la ciudad, Acuerdo 45 de 1989, está obsoleto. El Plan de Ordenamiento Territorial -POT – después de 19 años de vigencia está en igual condición. La Zona Norte, Barú y Tierrabomba necesitan con urgencia normas claras para su desarrollo e instrumentos de gestión que permitan que los beneficios del mayor aprovechamiento del suelo beneficien a los centros poblados y los sistemas estructurantes de vías y servicios públicos. La vivienda de interés social y prioritaria requieren de su construcción ordenada. La gestión del riesgo no da espera; sobre todo, cuando en la actualidad pesa sobre el Distrito una condena que supera los $200 mil millones, en el caso del barrio San Francisco, que por fortuna fue seleccionada por el Consejo de Estado para su revisión eventual. Todas estas acciones en el suelo distrital requieren la participación activa y decisiva del Concejo.

Ante el notorio divorcio de la Alcaldía y el Concejo se está avizorando en la ciudad una especie de corporativismo, que grave daño le haría a la democracia local porque muchos gremios, desesperados por la situación actual están, haciendo lobby por separado ante el Concejo y la Alcaldía pidiendo a gritos reformas exprés del ordenamiento territorial para resolver sus problemas particulares, dejando de lado los temas ciudadanos más trascendentales.

Ante estos hechos, desde luego, ajenos al querer del señor alcalde, sugerimos respetuosamente que el señor Dau emprenda una cruzada con la dirigencia nacional de los partidos políticos que tienen asiento en el Concejo de Cartagena para lograr unos acuerdos programáticos en torno a lo fundamental para que la ciudad pueda avanzar en el camino correcto. Así mismo, un pacto de no agresión entre la Alcaldía y la corporación edilicia que comience por un trato respetuoso entre las partes.

* Abogado, especialista en Derecho Público con experiencia en Derecho Urbanístico, Ordenamiento Territorial, Contratación Estatal y Gerencia de la Defensoría Pública, entre otros temas.

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