Irina Saer, la ‘veedora distrital’ designada por contrato por el alcalde Dau

En Bogotá, en virtud del Decreto-Ley 1421 de 1993 “Por el cual se dicta el régimen especial para el Distrito Capital (…)”, desarrollado por el Acuerdo No. 24 de 1993, expedido por el Concejo de la ciudad capital, funciona la Veeduría Distrital, cuyo objeto es “apoyar a los funcionarios responsables de lograr la vigencia de la moral pública en la gestión administrativa, así como a los funcionarios de control interno“; verificar “que se obedezcan y ejecuten las disposiciones vigentes“, controlar “que los funcionarios y trabajadores distritales cumplan debidamente sus deberes” y “pedir a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para subsanar las irregularidades y deficiencias que encuentre“.

En consecuencia, desde enero de 1994, los residentes en la capital del país pueden “formular quejas o reclamos contra las distintas dependencias distritales, en sus formas central y descentralizada; contra quienes ocupen en ellas cargos o empleos, y contra quienes desempeñen funciones públicas“.

Y en Cartagena de Indias, desde el 29 de enero de 2020, existe una figura similar, aunque concentrada en una contratista.

Ese día, el Distrito suscribió un Contrato de Prestación de Servicios con la abogada Irina Saer Saker, cuyo objeto es “asesorar a la Alcaldía (…) para sensibilizar y propender por generar una cultura de moralidad en la Administración Pública, a través de acciones que busquen imponer sanciones por comisión de actos de corrupción y que hayan atentado contra el patrimonio del Distrito; asesorar en la activación de los medios judiciales y administrativos que deba adelantar el Distrito para la prevención, investigación y sanción de la corrupción“, y “asesorar en la identificación de las áreas, actividades y procesos de mayor vulnerabilidad hacia la corrupción”.

De igual forma, deberá la contratista “definir la hoja de ruta para implementar las acciones preventivas a fin de enfrentar la corrupción; canalizar todas las evidencias que existan como posibles acciones de corrupción, ante los entes de control y judiciales; hacer seguimiento a las correspondientes acciones administrativas y judiciales que se inicien contra los contratistas que se encuentren incursos en un posible incumplimiento, en los términos establecidos en la Ley 1474 de 2011; hacer seguimiento en conjunto con la Unidad Asesora de Contratación, (a) las garantías otorgadas por las compañías de seguros en favor del Distrito (…)”; y “representar jurídicamente al Distrito (…) en los tribunales de arbitramento (…)”.

En Bogotá, para cumplir a cabalidad sus fines misionales, el veedor distrital Guillermo Rivera Flórez, nombrado mediante decreto por la alcaldesa Claudia López Hernández el pasado 1 de enero de 2020, cuenta con un equipo de colaboradores entre los cuales se destacan un viceveedor, un veedor delegado, un secretario privado del veedor, un asesor del Despacho, un asesor de unidad y un jefe de unidad.

En Cartagena, para cumplir el objeto de su contrato, la ‘veedora distrital’ (con contrato vigente, como se dijo, desde el pasado 29 de enero), cuenta con el apoyo de un grupo de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Bolívar.

Asimismo, según fuentes del Distrito, aunque no lo dice el contrato, Saer Saker tiene -por delegación del alcalde – la responsabilidad de elaborar el borrador del ‘Libro Blanco’ del cual se habló en la nota ‘Al igual que Sergio Fajardo en el 2012, William Dau publicará su ‘Libro Blanco’‘, para lo cual cuenta el respaldo expreso -como también se dijo – de todos los miembros del gabinete. Justamente, en cumplimiento de una directriz del mandatario, las Unidades Ejecutoras del Distrito vienen ‘rindiendo cuenta’ a la contratista de unos supuestos hallazgos de administraciones anteriores. Como se informó en la citada nota, el pasado 27 de enero el mandatario ordenó a todos colaboradores enviar la información sobre presuntas irregularidades “dentro de los diez días comunes siguientes al recibo del presente oficio”.

Como se sabe, Guillermo Rivera es abogado con una especialización en Derecho Administrativo y maestría en Ciencias Políticas, Economía y Relaciones Internacionales; y fue representante a la Cámara por el Partido Liberal y ministro del Interior durante el gobierno de Juan Manuel Santos.

Por su parte, como también se sabe, Irina Saer es abogada con una especialización en Derecho Administrativo y Portuario y en Ciencias Jurídicas y Económicas; y fue candidata al Concejo de Cartagena por el Partido Conservador; estuvo vinculada a la Administración de Judith Pinedo Flórez mediante una Orden de Prestación de Servicios y, tras la victoria de William Dau, fue nombrada coordinadora de la Comisión de Empalme por parte del entrante gobierno. 

¿Veedora u ombudswoman?

La vinculación de Irina Saer como una especie de ‘veedora distrital’ hizo recordar a varios veedores ciudadanos que, mediante Acuerdo 021 del 14 de diciembre de 2004, suscrito por el entonces alcalde Alberto Barboza Senior, se instituyó en Cartagena la figura del ‘Ombudsman‘ o Defensor del Ciudadano

Como podrá apreciarse, las funciones del Defensor del Ciudadano son similares a las que deberá desarrollar la ‘veedora’ Saer (hacer click).

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