Al igual que Sergio Fajardo en el 2012, William Dau publicará su ‘Libro Blanco’

El 20 de diciembre de 2011, el entonces gobernador electo de Antioquia, Sergio Fajardo Valderrama, anunció la publicación de un ‘Libro blanco‘, con denuncias sobre supuestas irregularidades en la saliente Administración de Luis Alfredo Ramos.

Y -en efecto – tras posesionarse, Fajardo Valderrama cumplió, y los antioqueños conocieron una publicación de 50 páginas en la cual no expresa ya, como ocurrió durante el proceso de empalme, que le preocupaban numerosos procesos contractuales del gobierno de Ramos, sino que -además – los órganos de control podrían establecer hallazgos fiscales, disciplinarios y penales.

El ‘Libro Blanco’ de Fajardo comienza su editorial con unas frases lapidarias: “La corrupción es una empresa criminal tanto o más difícil de combatir que las bandas criminales o las guerrillas (…) entre corruptos y violentos han logrado, en el fondo, lo mismo: convertir en migajas las oportunidades de las personas con mayores necesidades de nuestra sociedad”.

Nueve años después, otro mandatario habría de recurrir a una fórmula igual y con similares motivaciones y objetivos.

El alcalde de Cartagena, William Dau Chamat, decidió publicar su propio ‘Libro Blanco’ “con el fin de enunciar en forma clara y precisa las presuntas irregularidades, los hechos que la tipifican y las pruebas que corroboren lo denunciado“, como se indica en un memorando enviado por el burgomaestre a sus “secretarios de Despacho, directores, gerentes, jefes de Oficina y alcaldes menores (SIC)”.

De acuerdo con fuentes cercanas al mandatario, este habría comisionado para la elaboración del ‘Libro Blanco’ a la excoordinadora de su Comisión de Empalme, Irina Saer Sáker, y a la politóloga Daniela Puello Salcedo, ambas vinculadas contractualmente a la Administración para tal efecto.

En su memorando, suscrito este lunes 27 de enero, Dau señala que “a fin de que los hechos enunciados en el libro blanco no queden impunes y logren contrarrestar la perpetración de los mismos a través del tiempo, generando una cultura de respeto por lo público, es menester realizar las correspondientes denuncias a las autorizadas competentes“.

Y para ello el mandatario ordenó a sus funcionarios que establecieran con claridad en sus denuncias la nominación y descripción del hecho; las pruebas aportadas; los detalles del proceso contractual, si fuere el caso; el listado de presuntos responsables, sean servidores públicos, interventores, contratistas o terceros; el bien público vulnerado y los fundamentos de derecho correspondientes.

Y, para enviar la información sobre las denuncias que deben presentar, el alcalde les dio un plazo perentorio a los funcionarios. Estos, ordenó, deben “enviar la información dentro de los diez días comunes siguientes al recibo del presente oficio, citando el número consecutivo, igualmente sugerimos solicitar apoyo de los abogados contratados en sus respectivas dependencias, así como al jefe de control interno del Distrito” (SIC).

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