Por Carlos A. Almanza Agámez *
El World Justice Project –WJP – es una organización independiente y multidisciplinaria que trabaja para promover el Estado de Derecho en todo el mundo, bajo cuatro principios universales del mismo: Rendición de Cuentas, Leyes Justas, Gobierno Abierto y Mecanismos accesibles e imparciales para resolver disputas. Esta organización publicó el informe Índice de Estado de Derecho® 2019 [1], en el cual se presenta un panorama de 126 países a partir de la evaluación y medición de ocho factores: límites al poder gubernamental, ausencia de corrupción, gobierno abierto, derechos fundamentales, orden y seguridad, cumplimiento regulatorio, justicia civil, y justicia penal.
Para ello, el WJP toma como fuente de información los cálculos de más de 120 mil encuestas a población general y más de 3.800 cuestionarios a expertos, en 126 países y jurisdicciones. El Índice es la evaluación más completa del Estado de Derecho en el mundo, y se constituye en una herramienta apropiada para que legisladores, organizaciones de la sociedad civil, académicos, ciudadanos y profesionales del derecho, podamos hacer diagnósticos para identificar fortalezas y debilidades en cada uno de estos 126 países, así como para fomentar políticas públicas que fortalezcan el Estado de Derecho a nivel nacional e internacional. Para quienes tenemos responsabilidades en la academia, en particular en la enseñanza del Derecho, este informe es pertinente frente a la responsabilidad que cabe a los programas de Derecho para coadyuvar en el fortalecimiento del Estado Social y Democrático de Derecho, al tiempo que constituye un insumo para re-orientar hacia donde debe reorientarse la enseñanza del mismo.
Pues bien, en este Informe, al igual que los comentarios que en su momento expresé por este mismo medio sobre los resultados de la décima edición del Barómetro Global de Corrupción para América Latina y el Caribe para el año 2019, por Transparencia Internacional (ver columna: Colombia y los datos del barómetro global de corrupción para América Latina), encontramos resultados que no sorprenden, pero no por eso dejan de preocuparnos: Entre 126 países, Colombia ocupa el puesto 80, lo que indica una muy baja adherencia de nuestro país y sus instituciones al modelo de Estado de Derecho. En contexto, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia, y Países Bajos ocupan los puestos 1 al 5 como los países de mayor adherencia al Estado de Derecho. Por el contrario, Mauritania, Afganistán, Congo, Camboya y Venezuela ocupan en ese orden los últimos cinco lugares en el índice.
El Estado de Derecho tiene variadas formas de concebirse y definirse, pero para el WJP, tesis que comparto, “un Estado de Derecho efectivo reduce la corrupción, protege a las personas de injusticias, y combate la pobreza. El Estado de Derecho es el sustento de comunidades de igualdad, oportunidades, y paz, además que funge como la base del desarrollo, de gobiernos transparentes que rinden cuentas, y del respeto a los derechos fundamentales”. En ese contexto, al desagregar los resultados por región, en América Latina y el Caribe, Colombia se ubica en el puesto 20 de 30 estados latinoamericanos incluidos en el Índice, lejos de países como Uruguay y Costa Rica (puestos 1 y 2). En la región, además de Colombia, preocupa la fragilidad del Estado de Derecho de los países últimos en el ranking, como son Nicaragua, Honduras, Bolivia y la hermana República de Venezuela; esta última genera un migración creciente hacia Colombia, así como los hondureños cruzan Guatemala en busca de México y EEUU como destino final.
La migración es uno de esos problemas globales que se acrecienta en estados con baja adherencia al Estado de Derecho, sumidos en la violencia política, social y armada, y la pérdida de confianza en el modelo económico neoliberal que genera pobreza y exclusión a grandes sectores de la población mundial.
Retomando los factores que mide el Índice, varios de ellos resultan problémicos en la realidad política y jurídica colombiana, en especial, referente a los límites al poder gubernamental por parte del poder legislativo, del poder judicial y de las autoridades independientes, sobre todo cuando es permanente la amenaza de algunos sectores políticos con poder, en contra de la autonomía e independencia de las cortes colombianas, en particular contra la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP.
Es precisamente el acceso a la justicia civil una de las preocupaciones que más toca al ciudadano común, pues un Estado de Derecho es eficiente si las personas pueden resolver sus agravios de forma pacífica y efectiva a través del sistema de justicia civil (y sus mecanismos alternativos de solución de conflictos), el cual debe ser imparcial, eficiente, accesible y asequible, libre de corrupción, discriminación e influencias indebidas por parte de funcionarios públicos. En este factor puntual, Colombia ocupa el puesto 81 entre 126 países, lo que hace urgente una política de modernización de la justicia colombiana que además recupere la confianza ciudadana en ella.
Igual ocurre con la justicia penal, donde Colombia cae al puesto 106 de 126, que refleja una percepción negativa sobre la efectividad e imparcialidad del sistema de investigación y juzgamiento penal (al medir si los autores de los delitos son detenidos y juzgados efectivamente, y si la Policía, los investigadores y los fiscales cuentan con recursos adecuados, actúan libres de corrupción y desempeñan sus deberes de forma competente). En este factor también se mide la crisis del sistema penitenciario y la ausencia o presencia de corrupción y de influencias indebidas por parte del gobierno en el sistema penal y, no menos importante, la existencia de garantías del Debido Proceso y respeto de los derechos de los procesados.
Analizar, discutir, proponer mejoras al Estado de Derecho no debe ser una tarea exclusiva de abogados, jueces, académicos y gobierno. Muchos de nuestros problemas del día a día dependen de qué tan consolidado está nuestro ordenamiento jurídico constitucional y la efectividad material del mismo.
Problemas cotidianos en materia de acceso a la salud, la seguridad, la sostenibilidad ambiental, la protección a la propiedad privada, de los derechos fundamentales, el acceso a la justicia, reglas claras, equitativas y justas para inversionistas, empresarios, contratistas y trabajadores, y la gobernanza, guardan relación directa con la consolidación de un Estado –Social- de Derecho, y nos afectan a todos, de forma que el Estado de Derecho en Colombia es un tema que no puede ser ajeno al ciudadano.
[1] Disponible para consulta en: https://worldjusticeproject.org/our-work/research-and-data/wjp-rule-law-index-2019
* Abogado, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Corporación Universitaria Rafael Núñez y docente universitario.
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