Secretario de Participación del Distrito admite que mintió en declaraciones a la prensa

El pasado 21 de enero, en declaraciones a El Universal, el secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social del Distrito de Cartagena, Armando Córdoba Julio, aseguró que varios concejales lo “han estado extorsionando para que yo les ceda puestos. Quieren que yo permita que hagan negocios y admita sus comportamientos corruptos pero yo no me he prestado para eso”.

De acuerdo con el diario local, tras conocer que un ciudadano había solicitado la revocatoria de su nombramiento por considerar que el funcionario no cumplía los requisitos previstos por la norma, este “salió a defender su aptitud para el cargo y aseguró que todo se trata de una persecución política debido a que no ha querido seguir prácticas corruptas que se dan al interior de la ciudad” (leer ‘Armando Córdoba defiende su nombramiento y denuncia persecución política‘).

Pero ayer, 27 de enero, mediante oficio radicado en el Concejo a las 10:13 de la mañana, Córdoba Julio confesó que, contrario a lo que aseguró seis días antes a la prensa, “no he recibido ningún tipo de extorsión o propuesta por parte de los actuales integrantes de la corporación, para acceder a cometer conductas que atenten en contra de la transparencia, las buenas costumbres de la Administración Pública y de sus corporaciones” (hacer click – leer carta).

Y, tras haber expresado en su carta al cabildo que no es cierto que los concejales lo hayan estado extorsionando para que les cediera puestos, ni que le hayan propuesto hacer negocios a cambio de permitirles “sus comportamientos corruptos“, el secretario de Participación del Distrito manifestó su “voluntad por trabajar de forma mancomunada con esta Honorable Corporación por el bienestar de Nuestra Cartagena“.

Las reacciones en el Concejo

Al anunciar la secretaria general del cabildo, Sandra Milena Herrera, la lectura del oficio enviado por Armando Córdoba, los concejales de su partido, Alianza Verde, Lúder Ariza Sanmartín y Sergio Mendoza Castro, intentaron, infructuosamente, que la misma se pospusiera.

Pero, por decisión de la plenaria, la carta fue finalmente leída, tras lo cual varios concejales, entre ellos César Pión González, del Partido de La U, Wilson Toncel Ochoa, de Cambio Radical, y Rodrigo Reyes Pereira, del Partido Conservador, se mostraron insatisfechos, ya que la retractación de una denuncia pública debe hacerse a través de los mismos medios en que esta fue publicada, y, como se sabe, las declaraciones de Córdoba, aunque aparecieron inicialmente en El Universal, fueron difundidas también por otros medios -radiales, televisivos y virtuales – así como por las distintas redes sociales

“La flecha salió del arco y ya el daño está hecho”: Reyes Pereira 

Uno de los concejales que más se mostró insatisfecho con el mensaje del secretario de Participación fue el conservador Rodrigo Reyes, quien señaló que “no acepto esa retractación y voy a esperar que el señor (Córdoba) venga a la sesión para ver qué acción voy a tomar en cuanto a eso”.

En tono enérgico, el cabildante advirtió que “no voy a permitir que ni el alcalde ni ningún funcionario haga denuncias y especulaciones que no han sucedido (…). Mi recomendación para este gobierno (…) es un mensaje de tranquilidad; que no tenemos nada en contra de este gobierno; queremos que las cosas le salgan bien, pero dentro del marco del respeto. Tenemos que respetarnos entre sí. Y no es lo que hace el alcalde: el alcalde cada día hace una denuncia y cada día se retracta, pero lo hace porque no ha llegado todavía la persona que esté denunciada que lleve esto hasta el final. La retractación se acepta, pero no solo por el hecho de retractarse ya se cumplió; hay unos daños que tiene que pagar, hay unos perjuicios que ocasiona una denuncia temeraria. Tenemos que enseñar al alcalde a que conozca que cuando él ataca sin razón de ser, sin tener evidencia, hay una familia que se afecta“.

Le recuerdo al doctor Armando Córdoba“, recalcó Reyes Pereira, “que existen muchos fallos y sentencias de las diferentes cortes, donde se establece que el hecho de que la persona se retracte de ese delito de injuria y calumnia, no quiere decir que con eso se subsane a la persona que recibió el agravio; no, porque hay unos daños y perjuicios que ya fueron causados. Ya, como dice el concejal Lewis Montero, la flecha salió del arco y ya el daño está hecho“.

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