Funcionarios del Distrito: a denunciar con pruebas y sin generalizar

La denuncia del secretario de Participación Ciudadana y Desarrollo Social del Distrito, Armando Córdoba Julio, no pudo ser más contundente.

En declaraciones al diario El Universal, el funcionario aseguró que varios concejales lo han estado extorsionandopara que yo les ceda puestos“.

Quieren que yo permita que hagan negocios y admita sus comportamientos corruptos pero yo no me he prestado para eso”, señaló Córdoba Julio, refiriéndose al hecho de que un ciudadano: el presidente de la Fundación Cívica y Social Pro Caribe -Funcaribe, Abelardo Meza Herazo, haya solicitado la revocatoria de su nombramiento como secretario de Despacho con el argumento de que no cumple con los requisitos establecidos en el respectivo manual de funciones.

Pero el funcionario no reveló de qué manera lo estaban extorsionando los concejales, ni señaló qué tipo de negocios corruptos le han propuesto, ni mencionó nombres concretos. Al menos, en la nota periodística no se informa ni lo uno ni lo otro.

Por ello, el Concejo de Cartagena conminó al funcionario a que “en la mayor brevedad posible y utilizando el mismo medio periodístico (…) indique los nombres de los concejales a los que usted se refiere, a quienes tilda de extorsionistas y corruptos, señalando además en qué fechas, lugares y porqué medios le hicieron” las propuestas denunciadas.

El cabildo le recordó a Córdoba que él “debe entender que es obligatorio que brinde la información solicitada, ya que hace unos señalamientos muy serios que, de ser ciertos, encuadran en conductas penales tales como la extorsión y otros delitos que atentan contra la administración pública, por lo tanto es necesario tener absoluta claridad” sobre los hechos denunciados para interponer, como debe ser, las acciones correspondientes.

En concepto de los cabildantes, las afirmaciones del secretario de Participación Ciudadana “atentan contra el buen nombre de todos los miembros de la corporación“, ya que generaliza y no señala hechos concretos. Según ellos, ello implica “dos conductas penales como son la injuria y la calumnia“.

Además de atender la petición del Concejo, el secretario deberá acudir al edificio Galeras de la Marina, sede de la corporación edilicia, a una sesión en la cual deberá concretar sus denuncias, con pruebas y sin generalizaciones y, sobre todo, explicar porqué no ha instaurado -como es su obligación legal – las correspondientes denuncias. “Es su deber legal como servidor público“, le advirtieron (leer ‘Proposición del Concejo del Distrito‘).

La proposición fue presentada por 15 concejales: Gloria Estrada Benavides, Hernando Piña Elles y Kattya Mendoza Saleme, del Partido Liberal; David Caballero Rodríguez, Óscar Marín Villalba, Rodrigo Reyes Pereira y Fernando Niño Mendoza, del Partido Conservador; Lewis Montero Polo y César Pión González, del Partido de La U; Laureano Curi Zapata, Carolina Lozano Benito-Revollo y Liliana Suárez Betancourt, de la Alianza Social Independiente -ASI; Javier Julio Bejarano, de la Coalición Alternativa Cartagena; y Carlos Barrios Gómez y Wilson Toncel Ochoa, de Cambio Radical.

Tres concejales no la suscribieron: Claudia Arboleda Torres, del partido Mira; ni Sergio Mendoza Castro y Lúder Ariza Sanmartín, de la Alianza Verde, colectividad que se declaró partido de gobierno y al cual -como se sabe – pertenece Córdoba Julio.

Ni la firmó, por haber estado ausente por motivos de salud, el concejal Luis Cassiani Valiente, del partido Cambio Radical.

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