La Ley de los malandrines

Por Juan Conrado Ovalle *

Hay palabras o términos que a pesar de su antigüedad, parecen que hubieren tenido un reciente nacimiento, por su sonoridad y por la designación precisa a la cual hacen referencia, tal es el caso actual de ‘malandrín’, palabra revivida por el alcalde electo de Cartagena de Indias, William Dau Chamat, para designar con nombres propios a funcionarios y personas que han abusado, apropiándose de recursos del erario.

En ese orden de ideas es preciso recordar la definición del adjetivo de marras que nos trae el diccionario de la Real Academia Española: “Malandrín, na: Maligno, perverso, aplicado a personas; si ampliamos un poco, encontramos cómo al hacer referencia de perverso(a) indicamos a alguien como “sumamente malo, que causa daño intencionalmente. Que corrompe las costumbres o el orden y estado actual de las cosas”.

Pues bien, en ese orden de ideas podemos señalar cómo (a pesar de todas las marchas y protestas que se han venido realizando en el país, cuya máxima expresión se dio el pasado 21 de noviembre, seguidos de cacerolazos y convocatorias musicales como las del domingo 8 de diciembre de 2019 en Bogotá, donde una multitud impresionante, con artistas y significativos sectores sociales se pronunciaron en las calles, exigiendo que el Gobierno Nacional, el Congreso y otros actores estratégicos escuchen el clamor de una inmensa mayoría de la población que hoy se debate en la desesperanza  protestando en búsqueda de un mejor futuro), con pesar encontramos que no se percibe una actitud consecuente a nivel tanto del Ejecutivo como del Congreso de la República, lo cual quedó patentizado en el Senado, al priorizar y darle trámite, en medio de las protestas, aprobando en primer en debate el proyecto de ley que busca la doble instancia con retroactividad para aforados, ya popularmente bautizada como la Ley ‘Andrés Felipe Arias’, por el beneficio directo que tendría el exministro de Agricultura, condenado por la Corte Suprema de Justicia, por el caso de ‘Agro ingreso seguro’, así mismo se extiende el beneficio a más de dos  centenares de personajes aforados condenados por narcotráfico, sobornos,  vínculos con grupos delincuenciales, apropiación de recursos del erario entre otros delitos, en casos muy conocidos como el proceso 8.000, la parapolítica, la yidispolítica, entre otros. Esta decisión asumida en la comisión primera del Senado, genera vergüenza y el repudio de la inmensa mayoría de los ciudadanos, de ahí que la ley en mención sería más apropiado llamarla la “Ley de los malandrines’, ya que se trata de abusar del poder, legislando a favor de  una minoría minoritaria que tanto daño le ha causado al país por los delitos cometidos, mientras se hace caso omiso a derechos y peticiones de trabajadores, estudiantes, indígenas, pensionados, campesinos, madres comunitarias y otros terceros, lo cual nos muestra de manera palpable el divorcio o desconexión existente entre lo que piensan y priorizan nuestros congresistas, el gobierno central y lo que padecen la inmensa mayoría de los colombianos. Decisiones como las señaladas son generadoras de indignación, alimentando el descontento, estimulando las marchas y  protestas como mecanismo del pueblo para hacerse escuchar, buscando atención  y soluciones concertadas a  las necesidades más sentidas.

En caso de aprobarse la ‘Ley de los malandrines’ y ser exonerados en esta nueva pretensión judicial los hoy condenados, seguramente se vendrán millonarias demandas por parte de estos, por ello nos preguntamos ¿acaso esto no profundiza el hueco fiscal del cual siempre se hace mención cuando de atender demandas sociales se trata? ¿Dónde queda la seguridad jurídica de la cual siempre se hace mención?

Se puede compartir la existencia de una segunda instancia para garantizar el debido proceso, como ya existe desde el 2018, pero de ahí a echar por tierra casos juzgados por la máxima autoridad judicial como es la Corte Suprema de Justicia, haciendo retroactiva la vigencia de la nueva norma, nos parece con el mayor respeto un despropósito que busca de manera clara favorecer a personajes que abusaron y defraudaron la confianza depositada desde las investiduras ostentadas o de  los cargos  encomendados

¿Se puede tener confianza en miembros de un congreso que actúan en favorecimiento de quienes establecieron alianzas con grupos delincuenciales o se aliaron con organizaciones del narcotráfico para desde los organismos  gubernamentales  satisfacer sus apetitos económicos y de poder?

Señores congresistas, todas estas actuaciones alimentan el descontento ciudadano que hoy está presentes en las calles. El ganar unas elecciones no les da patente para actuar a su antojo y acomodo defendiendo causas que no responden a las necesidades de los electores y la población en general.

Es pertinente mantener una comunicación de doble vía con los pobladores; autoanalicen sus actuaciones, no busquen las causas de las protestas en elementos foráneos, son ustedes un actor estratégico importante para ayudar a resolver de manera estructural las demandas que la ciudadanía reclama, de lo contrario contribuirán para que siga creciendo el descontento con resultados imprevisibles.

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* Ingeniero industrial, docente universitario y consultor empresarial.

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