Por Andrés Betancourt González *
Podríamos abordar el hecho socio-político de las marchas que se han presentado en el país desde diversos aspectos, social, económico, político o de Derechos Humanos -DDHH. Es pertinente hacerlo desde la educación, por respeto y valor a lo jóvenes protagonistas del paro; hablar de educación es transversalizar la razón de marchar.
Las demandas que provocaron el paro nacional 21N se enfocaron en cuatro solicitudes: reforma tributaria, educación, respeto a los DDHH y cumplimiento de los acuerdos de paz; podríamos entonces enmarcarlo en los principios de acceso, equidad y cumplimiento, preceptos imperativos del desarrollo sostenible y génesis de las marchas en el mundo.
El rechazo al modelo neoliberal y la inequidad dominan las convicciones de milenias y centenials que muestran su desapego material e irreverencia social protestando; es el movimiento de los jóvenes en marcha.
Lo fundamental entonces se remite a la educación, como fórmula estratégica para convencer y dar respuesta a su permanente inconformidad.
Validando estas razones, pertenecemos a un sistema educativo eunuco y cónico al momento de afrontar históricas demandas sociales; en primera infancia, de seis millones de niños menores de seis años se atienden solo 1.8 millones; en educación media, el 56% no termina el bachillerato, con un índice sintético de calidad de 6,01 por debajo de la media latinoamericana; terminar el colegio es el mínimo educativo para superar pobreza; en educación superior el 62% de nuestros jóvenes no llegan a la universidad, solo el 22% tiene cartón.
Alrededor de las decisiones políticas, administrativas y disciplinarias, pongo dos ejemplos.
Se podrá mirar hacia las universidades, donde muchos rectores están acusados e investigados por corrupción y han actuado incluso al mando de sectores políticos. Deben renunciar, como pasó en la Universidad Distrital de Bogotá.
Un examen de admisión que se hace embudo al momento de acceder; a $110.000 por estudiante, la Universidad Nacional recibe $6 mil setecientos millones, con 61 mil solicitudes para 11 mil cupos; la Universidad de Cartagena recibe más de mil trescientos millones, de 12 mil solicitudes, para 1.300 cupos; este examen debe ser gratuito y dejar de ser un negocio, puntos a vencer.
La perspectiva política implica responsabilidades de parte y parte y convertir la inconformidad en una causa efectiva y poner en marcha un plan que permita logros claros en materia dé acceso, calidad y participación en educación.
No es eliminando el Esmad como vamos a cambiar el rumbo de nuestro destino, ni con selfies en las marchas, es con educación y con educación logramos equidad e inclusión en una sociedad que cada día se siente menos representada en sus líderes e instituciones.
* Dirigente político