Concejo dilata aprobación de proyecto que busca dar estabilidad a cuerpo de salvavidas

En Cartagena todos tienen claro que si hay un servicio que no puede ser interrumpido en ningún momento, principalmente durante las temporadas turísticas, es el que prestan los salvavidas.

A pesar de ello, sin embargo, los 64 hombres que desde hace 17 años se esmeran por evitar que residentes y visitantes corran el riesgo de morir ahogados en las aguas del Mar Caribe, a lo largo del cordón de playas de la Ciudad Heroica, inician cada año con la obligación de garantizar la vida de los bañistas, a pesar de no haberse firmado aún, para esas fechas, los contratos que legalizan su vinculación al Cuerpo de Salvavidas de Cartagena. 

Justamente, con el fin de evitar que ello sigue ocurriendo, el secretario de Infraestructura del Distrito, Édgar Marín Parra, en su condición -en ese entonces – de alcalde encargado, presentó el proyecto de acuerdo “Por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 020 de 2016, a través del cual se establece el sistema de seguridad, salvamento, rescate náutico y marítimo en Cartagena, y se dictan otras disposiciones”. Su propósito principal, precisamente, es brindar estabilidad laboral a los salvavidas. 

Pero, por distintas razones, a la mayoría de los concejales no les parece conveniente que la iniciativa sea aprobada este año. Por lo visto, algunos de los cabildantes prefieren que la legalización -por fin – de la vinculación de los 64 salvavidas al Distrito se oficialice después del 31 de diciembre y no antes.

A pesar de la férrea defensa que del proyecto ha hecho el concejal Javier Curi Osorio, para quien la iniciativa es absolutamente constitucional, legal y conveniente, todo indica que, definitivamente, la mayoría de sus colegas opinan otra cosa.

Para estos, aún “no se tienen las condiciones necesarias para tramitar este proyecto“, como advirtió Américo Mendoza Quessep, o “es necesario contar con el oficio de Secretaría de Hacienda que certifique la viabilidad financiera“, como reclamó Antonio Salim Guerra, o “no se cuentan con todos los elementos de análisis“, como estimaron Angélica Hodeg Durango, Lewis Montero Polo y Carlos Barrios Gómez.

Por lo anterior, ayer, cuando se suponía que la ponencia iba a ser sometida a votación, la plenaria del cabildo decidió aplazar para el próximo 27 de noviembre su segundo y definitivo debate.

De acuerdo con fuentes cercanas a los concejales, “no hay ambiente para que el proyecto sea aprobado“.

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