El espejo de Chile

Por Amylkar Acosta Medina *

Cuando las barbas de tu vecino veas arder pon a remojar las tuyas

A raíz del enardecimiento de su población y de las multitudinarias manifestaciones, sin precedentes en los 29 años de vida democrática de Chile después de la caída del sátrapa Augusto Pinochet, que sacudió sus cimientos, el presidente Sebastián Piñera reaccionó militarizando las calles de Santiago. Al referirse a la revuelta popular, se apresuró a espetar que “estamos en guerra contra un enemigo poderoso, implacable, que no respeta a nada ni a nadie y que está dispuesto a usar la violencia y la delincuencia sin ningún límite[1], asumiendo e insinuando que eran fuerzas externas, extrañas al país, quienes aupaban y estimulaban la protesta. Esta declaración exacerbó aún más los ánimos y atizó la protesta.

Pero a poco andar recapacitó y, ante la realidad de los hechos, le tocó entonar la palinodia y aceptar que este era su problema. Esto dijo, retractándose de su primera declaración: “los problemas se acumulaban desde hace muchas décadas y los distintos gobiernos no fueron ni fuimos capaces de reconocer esta situación en toda su magnitud; reconozco y pido perdón por esta falta de visión[2]. Más claro no canta un gallo. Y, a renglón seguido, procedió a anunciar seis medidas, todas ellas de tipo social, en su intento de sofocar las llamas que amenazaban con abrazar al establecimiento. Son ellas: una reforma del sistema de pensiones, salud y medicamentos, los ingresos mínimos y las tarifas eléctricas, entre otras medidas, las cuales, dicho sea de paso, no han podido contener la furia de los manifestantes, que siguen tomándose las calles.

Cabe preguntarse qué pasó en Chile, cuyo modelo económico se consideraba paradigmático en Latinoamérica y de la noche a la mañana se produce semejante estallido. Según el profesor emérito chileno de la Universidad de Oldenburg (Alemania) Fernando Mires, en su país existe un “fuerte malestar de fondo, oculto y reprimido que de repente aparece a borbotones[3]. En su concepto, dicho malestar viene provocado por las fuertes desigualdades sociales que generan “privilegios solo al alcance de unos pocos, lo que termina generando un resentimiento social en la vida cotidiana del país[4]. El rechazo al aumento en el precio del pasaje en el Metro en 30 pesos fue solo el florero de Llorente.

Chile y Colombia tienen en común que lograron reducir sensiblemente la pobreza y la pobreza extrema, en virtud del largo ciclo (2003-2012) de precios altos de las materias primas (cobre, petróleo, carbón, oro y ferroníquel, especialmente), gracias al cual en Colombia, por primera vez, la clase media supera el porcentaje de la población que está por debajo de la línea de pobreza. Pero, ojo, gran parte de esa clase media está en condiciones de vulnerabilidad, esto es, con un pie en la clase media y el otro en la pobreza, en riesgo de volver a caer en la trampa de la pobreza y se resiste y lucha para impedirlo.

Y de contera, ni en Chile ni en Colombia se ha reducido en un ápice siquiera la enorme desigualdad que acusan. Colombia es el segundo país más desigual del continente y el cuarto en el planeta y nada se está haciendo para cerrar las brechas tanto en ingresos, como en la riqueza y, en la peor de todas, en la tenencia de la tierra[5]. Chile con un coeficiente Gini de 0.45 y Colombia de 0.51 están entre los más altos de la región. Bien dijo el célebre politólogo estadounidense de origen japonés Francis Fukuyama que “la desigualdad deslegitima el sistema político, da origen a movimientos sociales y a actores políticos antisistémicos, configura el escenario para conflictos sociales fuertemente polarizados y para una lucha por beneficios”… ¡y este es el caso!

Como lo afirma el ex presidente de Chile Ricardo Lagos, “hay razón para salir a las calles. Teníamos un 40% de pobres y ha bajado a un 10% en las últimas tres décadas. Ese 30% tiene nuevas demandas. La primera, no volver a ser pobre, pero la segunda es la necesidad de que el Estado provea más bienes públicos de los que proveía antes. Bienes gratuitos que permitan tener una mejor educación, una mejor salud, una mejor vejez”[6]. En Colombia, como en Chile, la población vulnerable, esa misma que “tiene nuevas demandas” y que teme recaer en la pobreza, según la exministra Cecilia López, es el 39% (¡!)[7]. Claro está, algo va de Chile, en donde el ingreso per cápita es de US $15.300, a Colombia, en donde a duras penas llega a los US $4.500, menos de la tercera parte. Según el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras -ANIF – Sergio Clavijo, con el magro crecimiento actual del PIB de Colombia, esta tardará 45 años para equipararse con Chile[8].

Añade el expresidente Lagos que, en lo que respecta al régimen impositivo chileno, “nuestro sistema tributario prácticamente no ha cambiado pese a las numerosas reformas que se han querido hacer[9] y agregó que en Chile “la mitad de los impuestos que se pagan corresponden al impuesto al valor agregado, al IVA, el más regresivo de los impuestos. Es la gran camisa de fuerza de los sectores derechistas y más conservadores de Chile. Y eso ha sido imposible modificarlo[10]. Cualquier parecido con el caso colombiano no es coincidencia[11].

Ello, sumado al cáncer de la corrupción, que ha hecho metástasis en la región, explica que, según la más reciente encuesta del Latinobarómetro, en Colombia solo el 40% de los colombianos apoya la democracia. Y no propiamente porque prefieran la dictadura, sino porque la democracia de papel no les sirve para nada, en nada cambia sus precarias condiciones, esa que consagra en la Constitución Política que todos somos iguales ante la Ley, pero en la práctica se excluye de sus beneficios a amplios segmentos de la población.

Como lo apuntó sardónicamente el Nobel de literatura José Saramago, “hay palabras que son latas vacías. Una que no está completamente vacía, pero se está vaciando rápidamente es la democracia[12].

Colombia debe mirarse en el espejo de Chile y el gobierno debe anticiparse a situaciones más complejas de las que ya afectan su gobernabilidad, tomando las medidas conducentes a precaver el mayor deterioro de la situación social del país. Todas las encuestas muestran que la mayor preocupación del ciudadano de a pie es el desempleo y no es para menos, pues con 2.3 millones de desempleados volvimos a los índices de dos dígitos que ya habíamos dejado atrás y la informalidad laboral se resiste a bajar del 60%. Según Stefano Farné, director del Observatorio del Mercado de trabajo y la Seguridad social de la Universidad Externado de Colombia, en el trimestre abril – junio de este año se perdieron 360 mil empleos y en el siguiente trimestre, julio – septiembre, se perdieron 475 mil más[13]. Ello explica el altísimo porcentaje de encuestados por Gallup Poll, el 70% de quienes consideran que el país va de mal en peor, al tiempo que un 69% de ellos desaprueba la gestión del presidente Iván Duque.

Así las cosas y ante el anuncio de una reforma pensional, que amenaza el régimen de prima media y la subsistencia misma de Colpensiones, para favorecer a los fondos privados, la propuesta de Anif de pagarles a los jóvenes menores de 25 años el 75% del salario mínimo[14], la propuesta, al unísono, de los gremios de flexibilizar aún más de lo que está el régimen laboral dizque para generar más empleo[15], promesa esta incumplida de la Ley 1943 de 2018 de financiamiento aprobada y ahora en trámite nuevamente después de su caída en la Corte Constitucional[16], entre otras potísimas razones que generan inconformidad y alientan las protestas, son las que van a llevar a la calle a los sindicatos y a las organizaciones sociales el próximo 21 de los corrientes.

Como afirma, a propósito del anunciado paro nacional El Espectador, “‘el error está en estigmatizar a la abrumadora mayoría de marchantes pacíficos que están expresando sus frustraciones al tomarse las calles… tenemos que aprender de los errores ajenos. Si el Estado tilda a todos los manifestantes de hacer parte de una conspiración, está de hecho cayendo en la trampa de quienes quieren, en efecto, generar caos[17]. Se impone, entonces, el discernimiento y saber separar la paja del grano, la justa y justificada protesta del vandalismo irracional de quienes se infiltran en la turbamulta tratando de pescar en río revuelto.

En el caso de Chile, el propio canciller del país austral Teodoro Ribera Neuman desmiente la intervención e interferencia foránea en su conflicto social y manifiesta claramente que el objetivo principal de su gobierno “es hacernos cargo de las demandas sociales internas y no traspasar este descontento a una intervención extranjera[18]. Así de claro. No se puede seguir, entonces, macartizando la protesta con la ya desgastada monserga del castro-chavismo. La protesta es un derecho legal y constitucional irrenunciable de los ciudadanos que el Gobierno debe respetar y garantizar.

[1] El país. Octubre, 20 de 2019

[2] El país. Octubre, 22 de 2019

[3] La razón. Noviembre, 6 de 2019

[4] Idem

[5] Amylkar D. Acosta. M. Colombia: el país de las desigualdades. Noviembre, 14 de 2018

[6] El país. Octubre, 25 de 2019

[7] Portafolio. Octubre, 30 de 2019

[8] La República. Mayo, 31 de 2019

[9] Idem

[10] El país. Octubre, 25 de 2019

[11] Amylkar D. Acosta M. La iniquidad y la inequidad tributaria. Abril, 1 de 2018/ La cuadratura del circulo. Noviembre, 24 de 2018

[12] El Tiempo. Diciembre, 11 de 2002

[13] El Tiempo. Noviembre, 9n de 2019

[14] Portafolio. Octubre, 10 de 2019

[15] Dinero. Noviembre, 4 de 2019

[16] Amylkar D. Acosta M. De vuelta a los dos dígitos. Julio, 13 de 2019

[17] El Espectador. Editorial. Noviembre, 10 de 2019

[18] El Tiempo. Noviembre, 10 de 2019

* Miembro número de la Asociación Colombiana de Ciencias Económicas -ACCE; exministro de Minas y Energía y exdirector ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos

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