El negocio de la política y el síndrome de los autoproclamados

Por Rubiela Valderrama Hoyos *

¿Qué lleva a tantas personas a candidatizarse en las elecciones locales?, me pregunto constantemente, y la primera respuesta que llega a mi mente es: ¡es que la política es un gran negocio!

En Colombia, el narcotráfico enseñó la cultura del dinero fácil, permeando todos los ámbitos de la sociedad y el Estado. Recuerden ustedes que hasta el padre García Herreros (QEPD), del Minuto de Dios, le recibía plata a Pablo Escobar y decía con toda tranquilidad que cuando el dinero entraba a las arcas de la iglesia para obras sociales se limpiaba del pecado. En un país católico, esas enseñanzas fueron tomadas al dedillo.

Con el tiempo el narcotráfico se volvió un negocio muy peligroso por las guerras entre las propias bandas y por la ‘persecución’ del Estado y la DEA; por ello los empresarios de este negocio mutaron a un negociazo más lucrativo y con menos riesgo para sus vidas. Ese nuevo negocio es la política electoral. Se dieron cuenta que valía la pena hacer la inversión en candidatos que luego de quedar elegidos les devolverían en contratos hasta el triple de la inversión realizada, sin que sus propias vidas y las de sus familias corrieran ningún tipo de riesgo. Así se fueron consolidando los financistas de las compañas electorales; por supuesto, en algunos casos con un capital inicial producto del narcotráfico.

Pero, además, el negocio se vuelve más interesante porque con visos de legalidad no hay persecución de las autoridades que aplican justicia; al menos, que lo hagan tan mal que sea de público y notorio conocimiento. En este caso también le irá bien pues pueden colaborar con la justicia, ya que le rebajan la pena al mínimo y solo deben devolver una cuarta parte de todo que lo que se apropiaron. ¡¡Tremendo negocio redondo!!

Solo un ejemplo de muchos en este país es el caso del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons Muskus, quien desfalcó por $89.900 millones y solo devolverá $4.000 millones, si es que los paga, porque todavía no está claro, pero además su sentencia será de solo cinco años de cárcel. Con esta ganga cualquier corrupto se anima.

Mientras esto ocurre, la mayoría de la población que acudimos a las entidades públicas en búsqueda de los servicios sociales: salud, educación, vivienda, transporte, etc., encontramos pésimos servicios y negación de derechos.

Los recursos para inversión social son negociados con las empresas de los financistas de las campañas quienes se reparten el botín y dejan para hacer las obras solo migajas. Un caso concreto: el exalcalde Dionisio Vélez, “quien habría invertido $100.000 millones en el proyecto dirigido a la construcción de 39 centros y puestos de salud adscritos a la ESE Hospital Local Cartagena de Indias, para beneficiar a más de 470.000 habitantes, obras que hoy se encuentran suspendidas y en situación de abandono, lo que afecta la accesibilidad y óptima prestación del servicio esencial de salud en la ciudad”.[1]. Lo más triste es que este es solo uno de los miles de casos que se pueden mostrar, mientras tanto la pobreza en la ciudad campea. El 96% de la población insular con Necesidades Básicas Insatisfechas, el 55.1% en Economía de Miseria, y los ingresos per cápita, incluido el subsidio de transporte, del promedio de la población cartagenera no supera los $680 mil según un informe de ‘Cartagena Como Vamos‘[2].

Pero esta situación tan lamentable parece no interesarles a los candidatos llamados ‘alternativos’, que realmente son candidatos autoproclamados pues no se les ve ningún movimiento social, poder de convocatoria ni trabajo de masas a su lado y mucho menos son reconocidos por la ciudadanía, tal como lo demuestran las decenas de encuestas de todo tipo que se han realizado y las innumerables marchas fracasadas que han convocado.

El síndrome de los autoproclamados ha hecho mucho daño: no se quisieron unir en una sola candidatura viable, desvaneciendo las esperanzas de mucha gente de ver un cambio, y con ello nos dejan claro que también están detrás del negocio de la política como profesión y no como vocación de servicio al y para el pueblo, generando más desasosiego, fatalidad, deshumanización y esa incapacidad de unirse, que genera dominación o domesticación de los corruptos hacia los oprimidos. En otras palabras: ¡¡le hicieron el juego a la corrupción imperante!!

[1] El Universal. 27 de sept.de 2019: Procuraduría formuló pliego de cargos  contra ex alcalde Dionisio Vélez.

[2] http://www.cartagenacomovamos.org/nuevo/wp-content/uploads/2019/09/Informe_de_Calidad_de_Vida-2018_Cartagena_Cómo_Vamos.pdf

* Rubiela Valderrama Hoyos. Feminista, Trabajadora Social, Magister en Estudios de Género, Área Mujer y Desarrollo

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