Concepto de Javier Doria sobre renuncias de candidatos por firmas

“A menos de un mes de las elecciones, haciendo un análisis específico de la ciudad de Cartagena, vale la pena analizar lo que puede ocurrir con las campañas que inscribieron candidatos a través de grupos significativos de ciudadanos, en caso de no alcanzar el porcentaje mínimo de votación que exige la ley para la financiación de las campañas.

Lo primero es que la Ley 130 de 1994 exige a los candidatos inscritos por firmas que al momento de su inscripción otorguen una póliza de seriedad de la candidatura, póliza que se hace efectiva si el candidato o candidata no obtiene al menos la votación requerida para tener el derecho a la reposición de los gastos de campaña, de acuerdo con lo previsto en la Ley.

Para este certamen, estas pólizas, o esas garantías, deben respaldar el 1% del valor apropiado por la organización electoral para financiar partidos y movimientos políticos, que para las elecciones de este año es la suma de $591’012.514; y, en caso de que esos candidatos no alcancen el porcentaje exigido en la Ley 1475 para acceder a la financiación estatal de las campañas, pues se hacen efectiva esas pólizas o dichas garantías.

Para las elecciones de gobernadores y alcaldes se prevé que el candidato pueda acceder a esa financiación estatal siempre y cuando obtenga por lo menos el 4% de votos válidos depositados en la respectiva elección.

Eso quiere decir que hoy los candidatos inscritos por grupos significativos de ciudadanos deben estar pensando en trabajar muy fuertes para alcanzar cuando menos ese porcentaje de votación que exige la Ley.

De acuerdo con las últimas encuestas, algunos de los candidatos inscritos por firmas no están ni siquiera en el 2% de la intención de voto, lo que quiere decir que tienen que trabajar más duro o tocará asumir la responsabilidad económica que implica no alcanzar ese porcentaje del 4%”.   

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