Pánico a la cadena perpetua

Por Anthony Sampayo Molina *

Una situación que ha sido el objeto central de lamentos por parte de los abogados penalistas, principalmente de quienes ejercemos el rol de defensores, es la trasformación que ha sufrido el sistema penal acusatorio colombiano.

La degradación de una serie de normas y principios que presagiaban un sistema procedimental donde la seguridad jurídica, la igualdad de armas y la humanización del Derecho serían el estandarte y punto de referencia en toda actuación, desafortunadamente y gracias a diversas causas como el populismo punitivo, la imposibilidad de una real interiorización de los nuevos roles, el acoso judicial, tanto político como mediático; la falta de recursos, los conflictos de interés en las altas esferas de poder y otra serie de factores, ha ido mutando en un sistema donde justamente se ha deshumanizado la actuación, la igualdad de armas no es más que un mito y la inseguridad jurídica reina para quienes son objeto de la acción penal.

Lamentablemente el poco interés mediático que este escenario despierta es lo que ha permitido llegar a ese punto; lo políticamente correcto y el populismo ha infectado un escenario donde debería estar absolutamente ausente. Sin embargo, con la intención de embutir la cadena perpetua en tan desalentador panorama, lo que se evidencia es que en realidad estamos lejos de corregir el rumbo.

A pesar de que la mayoría de críticas que recaen sobre la cadena perpetua, y que son compartidas también por el suscrito, giran en torno a la ineficiencia de la medida en el ámbito social, o lo que técnicamente se denomina como prevención general negativa, prevención general positiva y prevención especial, particularmente considero que la inconveniencia de este tipo de sanción radica justamente en el escenario que en líneas anteriores se describió.

La razón es que una sanción tan dura, invasiva e implacable, lo mínimo que debe exigir es que el procedimiento por medio del cual se llega a ella revista todas las garantías y la rigurosidad que justamente nuestro sistema ha ido perdiendo.

Si la comunidad jurídica tiembla con aquellas medidas que apenas pretenden ampliar los términos, aumentar en unos cuantos años las penas, eliminar beneficios, etc., no porque no se comulguen con la indignación social que las provocan sino porque tenemos la oportunidad de ver día a día las consecuencias nefastas que desconocidos inocentes sometidos a procesos penales sufren en silencio, ¿se pueden imaginar el terror que produce el que se introduzca una pena como la cadena perpetua en nuestro ordenamiento jurídico?

Si hay algo que debe tomarse con una seriedad extrema en un estado social de derecho son las normas penales, no solo las especiales sino también las procedimentales. Crear delitos, aumentar las penas, eliminar beneficios, simplemente por golpes de opinión coyunturales, crea una inseguridad jurídica que todos los ciudadanos que hacen parte de esa sociedad están expuestos a padecer.

Es solo ver a los miles de ciudadanos que están siendo judicializados por el delito de receptación, exponiéndose a una pena de nueve años de cárcel sin ningún tipo beneficio, por el simple hecho de portar un celular que alguien en algún momento reportó a su compañía de teléfono como robado, o el bulling mediático que sufren los jueces de garantías al conceder una libertad por vencimiento de términos que se da por razones netamente objetivas y que son responsabilidad del mismo sistema; el comodín de la libertad probatoria y la prevalencia de la justicia material, la casi ya intrascendente cadena de custodia, la denominada congruencia relativa, la falta de control material a la imputación y acusación, el claro desbalance en la igualdad de armas donde una defensa por lo general se enfrenta a la Fiscalía, al Ministerio Público, al representante de víctimas y a un juez acosado por la prensa, y por último, pero no menos importante, un Proyecto de Ley que, como el No. 005 de 2019, obviamente presentado por la Fiscalía General de la Nación, en el que se ataca de manera absurda el derecho de defensa, hacen totalmente inviable, inconveniente y sumamente nocivo el incluir como pena, la cadena perpetua en nuestro país, y el simple hecho de pretender introducirla en nuestro sistema evidencia una clara desconexión con la realidad jurídica que en materia penal está sufriendo, principalmente, el ejercicio de la defensa.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

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