Una tutela por San Diego

Por Uriel Ángel Pérez Márquez *

En los últimos días algunos medios de comunicación informaron sin mayor despliegue que la sala de conjueces del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cartagena -Sala Penal – profirió una trascendental decisión, en el marco de una acción de tutela interpuesta por la Procuraduría Provincial de Cartagena (ver decisión adjunta).

En este fallo se ampararon los derechos fundamentales a la vida, integridad personal, dignidad, entre otros, de las reclusas de la cárcel de San Diego y del personal que allí labora y, como consecuencia, se le ordena a su director que se abstenga de recibir más reclusas.

También se imparten órdenes a las distintas autoridades administrativas que de una u otra forma tienen que ver con la problemática, tendientes a adoptar las medidas de urgencia con el fin evitar una tragedia que viene siendo anunciada desde hace varios lustros, debido al deplorable estado estructural del reclusorio, el cual se puede derrumbar en cualquier momento, según los estudios oficiales aportados el proceso.

Una vez más el instrumento constitucional (acción de tutela) suple a la rama ejecutiva del poder público en algunas de sus funciones misionales. Esta decisión, que atiende a estrictas razones humanitarias, no es la primera ni la última que aparece para “salvar el día” de la desprotegida población cartagenera, representada -esta vez – en las habitantes del penal. Basta con recordar la icónica Sentencia T – 406 de 1992 cuando la Corte Constitucional ordenó resolver la problemática del alcantarillado del barrio Vista Hermosa de esta ciudad.

Ahora bien, el hecho de que la tutela sea más eficaz que la Administración Pública a la hora de resolver los problemas no necesariamente se traduce en negligencia o desidia de los funcionarios que regentan el liderazgo administrativo. Lo que realmente se debe revisar con objetividad y frialdad es la paquidermia del sistema, la eterna tramitología que apareja una decisión de un alcalde -por ejemplo – y la inacabable cadena de pasos que tienen los procesos y procedimientos administrativos.

Desde el año 1999, mediante Sentencia T-126, la Corte Constitucional ordenó que se adoptaran las medidas necesarias para lograr el traslado de la penitenciaria a otro lugar donde se pudiera garantizar la integridad y dignidad de las reclusas.

Desde entonces se han instalado mesas de trabajo conjunta con más de cinco entidades públicas, se han hecho varios estudios técnicos para determinar la mejor ubicación del nuevo centro de reclusión, se han hecho las apropiaciones presupuestales del caso, en fin, se han hecho las gestiones por parte de los funcionarios públicos, pero las reclusas siguen en San Diego.

Dentro de todo ese trasegar tragicómico al mejor estilo del libro de Franz Kafka ‘El proceso’, esta importante decisión mitiga en algo la traumática situación en la medida en que al menos ya no podrán seguir sobrepoblando el establecimiento, mientras se agotan los pasos que ordena el principio de legalidad y transparencia de la Administración Pública.

* Abogado, docente universitario

 

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