Restricción al vencimiento de términos

Por Anthony Sampayo Molina *

Una restricción a este derecho encarna una concepción anhelada y que deja en evidencia la frustración de una sociedad que impotente observa cómo el sistema judicial no parece funcionar, un propósito que encarna el deseo vindicativo tendiente a saciar la particular concepción de justicia. Sin embargo, y a pesar de lo compresible que resulta la posición de quienes propugnan por su implementación dada nuestra coyuntura, la verdad es que dicha medida resulta inadmisible en el contexto mundial moderno y muchísimo más en el colombiano.

Una de las características más importante de la Ley es la de ser general y abstracta; particularidad que es al mismo tiempo una garantía que asegura la convivencia pacífica en sociedad, ya que se cimienta sobre un orden justo donde las turbas enardecidas no serán las encargadas de administrar justicia conforme a su nivel de indignación. Es por ello que donde algunos ven impunidad no es más que una clara manifestación de justicia.

El vencimiento de términos es una figura jurídica que se ha satanizado por muchos, principalmente por aquellas personas que viven del sensacionalismo y de la indignación social, pero que pocos se han tomado el trabajo de entender. Lo primero que hay que tener claro es que el vencimiento de términos recae sobre la medida de aseguramiento privativa de la libertad, que es en esencia provisional, ella no afecta o ataca la sentencia ni acaba el proceso; por ello, hablar de impunidad cuando a alguien se le otorga la libertad a través de esta figura resulta absolutamente equivocado.

Contrario a lo que muchos piensan, uno de los propósitos de los términos judiciales es justamente evitar que los procesos se alarguen, que sean interminables, de manera que cuando ello ocurra, quien no es responsable de esa situación, es decir el procesado, quede en libertad inmediata, respetándose la presunción de inocencia que lo cobija y que el Estado hasta ese momento no ha sido capaz de desvirtuar, ya que por razones no imputables a aquel no se ha presentado escrito de acusación, no se ha iniciado el juicio oral o no se ha culminado el mismo.

Esta última reflexión nos sirve para entender la lógica del por qué, para contabilizar los términos que hacen procedente la libertad, no se tengan en cuenta aquellos que se han perdido por maniobras dilatorias de la defensa; de tal forma que siempre que se dé un vencimiento de término, el único responsable de ello siempre será el Estado, nunca lo será la defensa como han querido hacer creer.

Luego, si el responsable por el vencimiento de los términos siempre será el Estado, que se supone es el encargado de combatir el delito, ¿por qué se vencen los mismos y qué hacer para evitar que ello suceda? Iniciemos por lo que no es en absoluto una solución, y es alargar los términos o eliminarlos. La Ley no puede particularizar los casos, ni la sociedad puede pretender que para algunas personas se les apliquen unas reglas y para otras no. Lo que se puede hacer, y ya está hecho, es que ciertos delitos, dado su impacto o complejidad, tengan unos términos más amplios que otros, por ejemplo, en casos de corrupción o de delitos sexuales contra menores, los términos son el doble que el para el resto de delitos, y aun así se vencen. Entonces el problema no está en casos particulares, está en la infraestructura del sistema mismo. Un sistema donde un solo fiscal, muchas veces sin ni siquiera un asistente, tiene a su cargo dos mil o más procesos, procesos que implican audiencias diarias, investigaciones, trabajo de oficina, etc.; procesos que comúnmente acaban de conocer, ya que al interior de la Fiscalía se mueven fiscales de un despacho a otro como mover los muebles de la sala. Unos jueces que tienen bajo su conocimiento cientos de casos y que máximo tienen tres empleados a su cargo y uno de ellos debe estar acompañando al juez en audiencia mientras que los otros hacen oficios y proyectan la cantidad de tutelas y habeas corpus diarios, que tienen prioridad sobre los procesos mismos que están conociendo; despachos cuyos titulares se tienen que ver en la obligación de sacar dinero de sus bolsillos para contratar gente que los ayude en los trámites para no colapsar del todo; un Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario -Inpec – sin recursos ni vehículos para trasportar o vigilar a los detenidos; una Defensoría pública que lleva a cuestas casi que el 70% de todo el sistema penal acusatorio y que también ha colapsado, asignándole a cada defensor más de doscientos procesos. Si se pretende hacer frente al vencimiento de término basándose en esta realidad, es mejor que los eliminen del todo porque, sea cual sea el tiempo que coloquen, los mismos se van a vencer.

Esto es una carga que no tiene porqué soportar la persona que está privada de la libertad, y si bien existen casos que causan indignación social, casos mediáticos donde ya la turba enardecida juzgó y sentenció desde el mismo momento de la captura, hay tras de sí cientos y miles de personas anónimas, muchas inocentes, que no tienen por qué llevar a cuesta la incapacidad del Estado.

* Abogado Especialista en Derecho Penal y Criminología

 

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