Procuraduría y elecciones

Por Uriel Ángel Pérez Márquez *

Bastante importancia han recibido últimamente las opiniones de la Procuraduría General sobre la presencia de inhabilidades en algunos aspirantes a los diferentes cargos de elección popular a nivel nacional. ¡Y no es para menos!

Esta función preventiva del ente de control -que además la ejerce por mandato constitucional – es considerada una gran responsabilidad, que está empeñada en “prevenir antes que sancionar”, vigilar el actuar de los servidores públicos y advertir cualquier hecho que pueda ser violatorio de las normas vigentes, sin que ello implique coadministración o intromisión en la gestión de las entidades estatales (Así se dice textualmente en la página de la entidad).

Al respecto hay dos situaciones jurídicas que vale la pena distinguir. De un lado, se tiene la revisión que se hace de antecedentes en cumplimiento de lo ordenado por el artículo 33 de la Ley 1475 de 2011. Aquí se constatan las sanciones ejecutoriadas, reportadas e inscritas por las distintas autoridades. Para llegar a esa publicación en los boletines se tuvieron que adelantar procesos penales, disciplinarios o de responsabilidad fiscal, en los cuales se impusieron unas sanciones y se materializaron las respectivas inhabilidades.

De otra parte, la función preventiva de la Procuraduría no se agota en esta simple revisión de antecedentes; se puede hacer una revisión más detallada y casuística de la situación de los candidatos. No obstante, de la opinión que exprese o publique esta ‘ía’ no se desprende automáticamente inhabilidad alguna.

Es el juez u operador jurisdiccional competente el encargado de establecer, luego de adelantar un proceso lleno de garantías, si el candidato o servidor electo está inmerso en alguna causal de inhabilidad que dé al traste con la aspiración o la elección, según sea el caso.

Será la Fiscalía la encargada de determinar si por la comisión de un delito contra la Administración Pública, el candidato se encuentra inhabilitado de por vida, o la misma Procuraduría si hubo violación al Régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades o si se cometió alguna infracción a las normas disciplinarias que aparejen restricción de derechos y funciones; lo propio se desprende de los procesos adelantados por la Contraloría en los casos donde sea declarado responsable fiscal el candidato investigado.

Finalmente, y para la mayoría de los casos que se acaban de enunciar, el juez natural por excelencia para los posibles casos de nulidad electoral es el contencioso administrativo. Así lo establece el artículo 139 del CPACA: “…En elecciones por voto popular, las decisiones adoptadas por las autoridades electorales que resuelvan sobre reclamaciones o irregularidades respecto de la votación o de los escrutinios, deberán demandarse junto con el acto que declara la elección. El demandante deberá precisar en qué etapas o registros electorales se presentan las irregularidades o vicios que inciden en el acto de elección…

Será una sentencia ejecutoriada la que determine si hubo un vicio en el proceso electoral y si hubo o no inhabilidad para ocupar un cargo de elección popular. Mientras tanto, todos los conceptos, incluyendo los de la Procuraduría en virtud de su función preventiva, no dejan de ser respetables y razonadas opiniones jurídicas que carecen de fuerza vinculante u obligatoria.

* Abogado, docente universitario


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